Uno de los momentos cruciales en el desarrollo de las naciones sucede cuando el énfasis de los políticos cambia de atender a los que trabajan en los servicios públicos a atender a los que reciben dichos servicios. Es decir, cuando cambian de tratar de quedar con los que prestan los servicios y se comienzan a preocupar por asegurarse de que los servicios que rinden estas personas son los que espera la población.
El cambio está asociado con la creciente conciencia que los ciudadanos van adquiriendo de que ellos son los que pagan las cuentas del Estado y de que, por lo tanto, tienen el derecho de exigir que los servicios públicos sean los adecuados. En una etapa más primitiva de la política, los políticos tienden a enfocarse en los prestadores de los servicios, porque estos se organizan sindicatos y otras organizaciones orientadas a promover sus intereses. Para algunos políticos es mucho mejor negociar con un líder gremial o sindical que con todos los agremiados y, mucho más fácil ponerse de acuerdo con estos líderes en las promesas que deben hacer para asegurarse de que todos los sindicalizados o agremiados van a votar por ellos.
De esta forma es que se establecen las redes de clientelismo: el político les da lo que les piden los líderes de las asociaciones, estos líderes quedan bien ante sus agremiados porque se pintan como los que consiguieron los privilegios, los asociados votan por el político y reeligen a sus propios líderes, y todo esto en contra de los intereses de los que reciben los servicios y de la ciudadanía en general. Así, por ejemplo, es que el gobierno autoriza y subsidia la circulación de buses que echan nubes negras de contaminación al ambiente, no tienen frenos y chocan matando muchas personas con espantosa frecuencia. Es por esto que el país tiene servicios públicos pésimos.
De esta forma también es que el Estado se siente que puede tratar mal a los recipientes de servicios médicos en el Seguro Social y en las instalaciones del Ministerio de Salud. Todo esto pasa porque a los políticos no les importan los consumidores sino los grupos activistas.
Es por todo esto que la clase media que está emergiendo en el país es sub-privilegiada y se siente cada vez más descontenta con el gobierno y los partidos políticos. Como parte de su ascenso a la categoría de clase media, estas personas pagan crecientes impuestos, que en países desarrollados ven devueltos en forma de buenas escuelas, buenas redes de salud y buena seguridad pública, que los ayudan a obtener del Estado lo esencial en esas áreas para poder concentrar lo que resta de sus salarios en sus necesidades individuales. En El Salvador, y en todos los países subdesarrollados, sin embargo, las escuelas, la salud y la seguridad públicas son tan malas que la nueva clase media se ve forzada a pagar doble por todos estos servicios, mandar a los hijos a escuelas privadas, atender médicos y hospitales privados, y contratar servicios privados de seguridad para cuidar los pasajes en los que viven. Pagan agua y no la reciben. También se ven obligados a comprar carros o a usarlos si los tienen en vez de poder usar el sistema público de transporte. Esto es un desperdicio para la clase media y para el país en general.
La clase media podría tener un consuelo si el pagar doble se justificara, porque los servicios que pagan y no reciben se dieran a los pobres. Pero esto no es cierto. Los pobres reciben todavía menos.
Es hora de que los consumidores, los que pagan impuestos, y los ciudadanos en general exijan calidad al gobierno y a los políticos que lo manejan. Mientras más temprano pase esto, más rápido nos vamos a desarrollar.
*Máster en Economía,
Northwestern University.
Columnista de El Diario de Hoy.