El presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Johel Valiente, confirmó ayer que la Fiscalía General de la República tiene en su poder la auditoría que la institución realizó sobre la presa El Chaparral, un proyecto que está bajo investigación por parte del Ministerio Público.
El funcionario explicó que se indagó sobre el pago de los $108.5 millones que CEL hizo a la empresa italiana Astaldi por la presa (la cual quedó inconclusa), los procesos de licitación al respecto y si los desembolsos estaban en el marco legal vigente, sobre todo de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones de la Administración Pública.
Un informe preliminar de la Dirección de Auditoría Cuatro de la CCR, publicado por el Diario de Hoy en febrero de 2015, reveló una serie de inconsistencias para liquidar el contrato con Astaldi, entre ellas “la legalidad” del pago de $108.5 millones a Astaldi, y que CEL erogó ese dinero por una obra que solo tenía el 29.28% de avance, es decir que pagó como si la constructora hubiese ejecutado casi el 50% del proyecto energético, ya que la obra total costaría $219.1 millones.
Pese a esos hallazgos, seis meses después del primer informe, la Corte de Cuentas ya no cuestionó el “arreglo directo” ni el pago de $108.5 millones a Astaldi. Tampoco cuestionó a CEL por no proceder contra la constructora por dejar la obra abandonada.
Y ayer el presidente de la Corte, quien informó que ya concluyó el proceso de juicio de cuentas que realizaba la institución, aseveró que solo hallaron “irregularidades administrativas” en varios ex funcionarios de la CEL durante el período 2011-2014.
“Se realizó un juicio de cuentas para cerrar la auditoría de El Chaparral, esto ya lo solicitó la Fiscalía General y se le envió el informe completo para su investigación; al final lo que se plasmó en el dictamen fueron irregularidades administrativas, no hubo hallazgo o responsabilidad patrimonial”, indicó Valiente.
Por otro lado, Valiente ratificó ayer que la CCR envió a la Fiscalía el caso sobre la entrega del finiquito al expresidente Mauricio Funes, ya que en la institución no se encontró ninguna prueba de que el exmandatario tramitara el documento.