En medio de los esfuerzos por controlar la escalada de violencia con la aplicación de nuevas medidas de seguridad pública, algunas instituciones del país que velan por la situación de los infantes, entre ellas el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (Conna), advierten que se debe tener cuidado de no violentar los derechos de este sector de la población cuando se realizan procedimientos policiales.
“Toda autoridad, sea pública o privada, no se escapa la policía, no se escapa la Fiscalía, no se escapa ninguna institución que tiene contacto directo con niños, niñas, adolescentes, debe de resguardar que sus procedimientos se hagan de conformidad con los derechos de la niñez y adolescencia”, dejó claro Vanesa Martínez, subdirectora de derechos individuales del Conna.
Martínez, quien fue contactada por este periódico luego de que un fotoperiodista captara cómo unos agentes de la Policía Nacional Civil (Pnc) revisa a un menor en la calle, dijo que hasta el momento la institución no ha recibido denunciad de excesos de parte de la policía hacia niños o adolescentes.
La funcionaria expresó que, según lo que ha conversado con representantes de la policía, los miembros de la misma están procediendo como lo tienen establecido. Es decir, llenan una ficha de información sobre los menores de edad si los encuentran deambulando en la calle. “En el caso de los niños y niñas nos expresaba la Policía que verifica también dónde están los padres... (Les preguntan) ¿de dónde venís?, ¿estás estudiando?, ¿dónde estudias?, ¿quiénes son tus padres?, ¿cómo es que estás a estas horas por la calle...?”, dijo la funcionaria del Conna.
Si los menores son hallados deambulando solos y no tienen un lugar a donde ir la policía, atendiendo la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (Lepina), tiene que remitirlos en un plazo de ocho horas máximo a las Juntas de Protección de la Niñez y Adolescencia, para que se de acogimiento de urgencia en un centro de resguardo del Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia (Isna) mientras se define su situación familiar.
Pero según lo explicado por la subdirectora de derechos individuales del Conna, en el caso de que las autoridades encuentren al niño o adolescente vinculado en una situación delictiva o cometiendo un delito lo tienen que remitir a la Fiscalía para que inicie un proceso penal en los juzgados de menores.
Los juzgados de menores, bajo la Ley Penal Juvenil, tienen la competencia de seguir un proceso penal a quienes hayan sido sorprendidos violentando la ley y tengan 12 años y menos de 18, explicó la licenciada Vanesa Martínez.
Se trata de una legislación que el jueves 21 de abril fue objeto de reforma de parte de los diputados, en el sentido de que la Fiscalía podrá hacer detenciones administrativas en contra de menores de edad que estén siendo investigados por cometer delitos. Eso sin que haya necesidad de la resolución de un juez.
Con respecto al tratamiento que las autoridades policiales puedan ejercer, el juez primero de ejecución de Medidas, licenciado Ricardo Canales Herrera, señala que uno de los derechos que tiene un imputado, mucho más cuando es un menor, es que no se empleen contra él medios contrarios a su dignidad.
¿Qué ocurre con la forma de realizar los registros? el juez sostiene que el registro puede realizarse por parte de la policía, aunque ocurre que hay momentos en que no se puede determinar si es un menor de edad y es en esos momentos cuando tal vez puede darse un exceso.
Consultado sobre si, según su experiencia, considera que la policía está preparada para atender casos donde menores están involucrados en delitos, el juez afirma que sí, aunque no descarta que haya elementos que sobrepasen su actuación.
¿Hace la policía los procedimientos correctos como para llevar un caso fuerte de un menor ante los tribunales? A criterio del juzgador, por regla general, la policía hace los procedimientos exigidos como informarle de manera inmediata y comprensible las razones de la detención, designar a la persona o entidad a la cual debe comunicarse la captura, procurar que sea defendido por un abogado y ponerlo a disposición del juez competente dentro del plazo que establece la ley.
Aclara que el que un niño o adolescente que haya sido señalado de cometer delito puede quedar en libertad dependiendo de la naturaleza del mismo y considerando una serie de factores: “Puede ser que el delito no sea gravoso y entonces el juez le da medidas sustitutivas a la detención provisional...”.
También señaló que en muchos casos quedan en libertad porque ofendidos o testigos no se presentan por el mismo temor que prevalece.
Los menores que cometen delitos pueden ser sujetos de varias medidas, en los casos graves se les aplica internamiento. Si no, quedan sometidos a medidas denominadas “de medio abierto”, una modalidad en la que están en libertad (yendo a la escuela, aprendiendo un oficio o trabajando) pero bajo seguimiento del Isna y de un juez de ejecución. Este último puede cambiar la medida dependiendo del nivel de cumplimiento del joven.
El juez Canales Herrera precisa que en la actualidad los menores con mayores problemas con la ley tienen entre 14 y 17 años, y los casos que quienes van internamiento han cometido: homicidios, extorsiones, violaciones y asociaciones ilícitas.
¿Cuál es el delito en el que más incurren los menores de edad? Según el juez, en este momento las extorsiones .
Según datos del Isna, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2016 había 734 adolescentes en sus centros de inserción social y 956 bajo medidas de medio abierto.
El 29 de febrero, había 582 adolescentes en resguardo; es decir, con medidas administrativas privativas de libertad.
Se solicitó opinión de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre el trato que dan las autoridades de seguridad a los menores sospechosos de haber cometido delito o pertenecer a pandillas. Después de casi tres semanas, respondieron que aún no hay posición oficial al respecto y “que el tema está siendo analizado por la procuradora adjunta respectiva y no tienen listo el insumo...”.
La oficina de comunicaciones de la Pnc tampoco respondió a una solicitud de entrevista para abordar el tema.
¿Pero qué puede llevar a un niño o adolescente a estar frente a estas situaciones de riesgo o al filo del delito? Morena Rivas, psicóloga del Isna, señaló que en los procedimientos de registro hay “una vulnerabilidad del niño ante situaciones de riesgo y, además, una vulneración a los derechos del mismo por la forma en que está siendo tratado como adulto”.
Rivas sostiene que el niño está vulnerable por el hecho de andar en las calles, eso vinculado con que a veces los menores de edad provienen de familias desintegradas, permisivas o muy restrictivas, lo cual favorece que el pequeño pierda el sentido de identidad, algo que debe formarse en los primeros años de vida y en los que influyen las normas, las creencias y las costumbres familiares.
Eexplica que en los primeros años de vida o en la preadolescencia a los niños les excita el hecho de exponerse al peligro porque, si bien tienen emociones de temor, no suelen tener consciencia de las consecuencias. “En este sentido no son conscientes posiblemente de lo que hacen porque están siendo manipulados a veces por los mayores... Eso permite que ellos puedan apegarse a hacer cualquier cosa o delinquir en cualquier situación”, expuso.
Según la psicóloga, los menores, sobre todo los que no tienen dentro de la familia atención que les permita desarrollar su identidad y autoestima, buscan adquirir pertenencia, poder y satisfacción en otros grupos, lo cual se agrava cuando reciben alguna remuneración que les permite cubrir necesidades de alimentación, vestuario o a veces la compra de droga.
Apuesta a la reinserción
?En el Isna sostienen que hay casos exitosos de reinserción de menores, pero reconoce que el contexto lo dificulta. ?
El subdirector de inserción social del (Isna), Ricardo Montoya, sostiene que este proceso sí se puede dar en jóvenes que han violentado las leyes toda vez el Estado le proporcione todos los servicios y oportunidades para desarrollarse y corregir esos problemas de socialización que habían desarrollado.
“Hemos visto en nuestra experiencia que el joven cambia. Hemos tenido casos exitosísimos de jóvenes que al ser insertados en la educación universitaria se han transformado completamente y al salir del centro (de internamiento) han continuado con sus estudios universitarios, cambiándose a otras carreras, enfermería, trabajo social”, asegura.
Montoya expuso que la actual Ley Penal Juvenil permite que todo aquel adolescente que cometa una infracción lo suficientemente relevante como para ser constitutiva de delito será sometido a un procedimiento especializado con finalidad socio educativa.
Sin embargo, el representante del Isna no deja de reconocer que la reinserción de los menores en la sociedad no es fácil en el contexto actual, porque una persona que logra un cambio de conducta tiene que regresar a la familia urbano marginal. Un ambiente donde suele predominar una pandilla y donde enfrenta la presión de grupo para que reingrese a la pandilla: “Ese es un problema que refleja la necesidad de integralidad de las políticas públicas en diversas áreas”, dijo.
De acuerdo a los datos provistos por Montoya, de cada diez jóvenes que terminan el proceso reingresan dos al sistema de atención del Isna.
“Ese reingreso que es de dos por ciento nos ubica más o menos en la media latinoamericana. Sin embargo, nos falta un estudio complementario para indagar si esa reincidencia no está ocultando una reincidencia en materia de adultos”, explica.
El juez primero de ejecución de medidas, Ricardo Canales Herrera, señala que no hay duda de que hay avances significativos en la reinserción, pero considera que son insuficientes en comparación con la población que hay.