En una sola generación El Salvador pasó de ser una sociedad básicamente agraria y rural a una predominantemente urbana en la que el 64% de la población migró hacia las ciudades. La acelerada urbanización se produjo como resultado de desplazamientos forzados provocados por la guerra civil y la desesperanza económica en un flujo desordenado y sin control que hizo colapsar los ya insuficientes sistemas de salud, educación, vivienda, servicios básicos y seguridad. Las personas comenzaron a apiñarse en los lugares más miserables, conviviendo revueltos con la basura y en las condiciones más precarias que se pueda imaginar.
No pasó mucho tiempo para que ese inhumano caldo de cultivo estallara en numerosos focos de crimen y violencia. Al presente las pandillas organizan hasta el 70% de los jóvenes que perdieron a uno o a ambos padres como resultado de las migraciones hacia el exterior, para construir poderosos grupos de control territorial que hasta el día de hoy permanecen inexpugnables retando a la Policía y al Ejército Nacional.
El tema de la violencia y las extorsiones se ha convertido en el principal problema de los salvadoreños por arriba de las hondas dificultades económicas, el desempleo y la crisis de las instituciones. No obstante, el tema de la violencia continúa ocupando un lugar marginal en la administración pública y, por increíble que parezca, todavía no existe una política de prevención a la violencia que merezca el calificativo de seria o pertinente. Tampoco los candidatos a la presidencia que han emergido han hecho propuestas coherentes, de llegar a gobernar, para solucionar o al menos para aliviar el principal problema de las mayorías pobres.
Las ideas dispersas que han expresado se enfocan en el tema de la tregua entre pandillas y aún en ese terreno se muestran indecisos o excesivamente prudentes. Una política estatal de prevención a la violencia debe ser un proceso diferente e independiente al de la tregua. Pero si en este asunto existe una fijación en la tregua es tan sólo porque es el tema que más puede llamar la atención de las personas y el que más réditos les pudiese reportar electoralmente.
Mientras tanto, los pobres continúan migrando hacia las ciudades, los municipios se deterioran y se complican las condiciones para una intervención eficaz que revierta el ciclo violento. El problema de los jóvenes marginados no se atendió cuando definían sus territorios liándose a golpes y a pedradas. La lucha era por arrebatarse las insignias y las hebillas distintivas de los institutos nacionales y otros centros educativos. En ese momento el trabajo de prevención de la violencia estudiantil era relativamente sencillo y la policía tenía la capacidad operativa de controlar a los jóvenes inconformes. No obstante, al problema no se le prestó la atención debida y evolucionó.
Hoy los traviesos jóvenes han mutado a extensos grupos armados que asesinan para establecer las fronteras de sus territorios y la lucha es por el control de las zonas de extorsión. Aunque cuesta arriba, todavía se pueden implementar las acciones adecuadas, que hoy deberán ser mucho más extensas y más caras, para desactivar los factores de riesgo de la violencia. Si no nos ponemos serios pronto, el siguiente paso será la escalada a violentas organizaciones criminales que acercarán a El Salvador a la condición de Estado fallido.
*Pastor general de la misión cristiana Elim.