El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) aun no contempla iniciar una investigación de oficio contra el magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y asesor del grupo parlamentario del FMLN, Ricardo Alberto Iglesias Herrera, quien puso objeciones para no aceptar el informe de la Sección de Probidad sobre la declaración patrimonial del ex presidente Mauricio Funes.
La razón, según Giovanna Vega, miembro del pleno del TEG, es que aun no hay denuncias sobre el caso y que en los medios de comunicación aun no hay información “robusta” que permita sostenerlo, pese a que El Diario de Hoy publicó el tema basándose en la participación de Iglesias en las sesiones de Corte Plena del pasado 2 de febrero.
Sin embargo la Ley de Ética Gubernamental da al pleno del TEG la potestad de iniciar de oficio una investigación cuando estime que existen suficientes indicios de posible violación, indica la normativa en su artículo 30.
“El caso no lo conocemos en el Tribunal, de momento no hay denuncias, nosotros podemos abrir el caso de oficio solo si hay una situación específica y concreta de interés ciudadano, pero es una decisión de los cinco miembros del pleno que aun no se ha tomado”, dijo Vega.
La miembro del TEG agregó que para iniciar la investigación se necesita individualizar el caso con información o documentación de cualquier institución pública a través del mecanismo de la denuncia y, si es algo que surge a través de los medios de comunicación, la noticia debe de ser “robusta” para poder iniciar el proceso de oficio.
Iglesias aparece en una lista de asesores del FMLN de la Asamblea Legislativa que data de febrero de este año. Él admitió a este periódico que también desempeña esta función en el Congreso, pero dice que no está afiliado al partido de gobierno.
“Yo en lo personal no estoy afiliado a ningún partido político y puede preguntarle a cualquiera. Yo ante los magistrados trato de dar lo mejor técnicamente”, dijo Iglesias a El Diario de Hoy.
ARENA pide inhabilitarlo
Por su parte el principal partido de oposición hizo un llamado a los magistrados de la CSJ para que se inhabilite a Iglesias, tanto por desempeñar doble función en la administración pública como por hacer “incontables esfuerzos” para evitar que se aprobara el informe de Probidad sobre el patrimonio de Funes y el aval para que se enviara a juicio por presunto enriquecimiento ilícito.
“Ha sido más que evidente la parcialidad del magistrado y asesor al momento en que dirimía el caso del ex presidente Funes en las sesiones de Corte Plena en las que llegó a pedir que no salieran a luz pública las discusiones en las que hizo lo posible para evitar que el ex mandatario fuera a juicio”, indicó el tricolor en un comunicado.
La solicitud del partido de oposición además plantea que no es posible que el magistrado sea al mismo tiempo asesor con un sueldo de $3,000 por parte del partido político al que pertenece Mauricio Funes.
“El magistrado tiene conflicto de interés, ya que por un lado tiene poder de decisión en un caso de interés nacional y por otro es empleado del FMLN”, puntualizó ARENA.
Por su parte la diputada efemelenista, Jackeline Rivera, manifestó que no hablaría “sobre especulaciones” y que solo daría su opinión cuando hayan “hechos concretos” al respecto.