Desde 2013 el gobierno dispone de $170 millones en préstamos para combatir el crimen y las pandillas, y la Asamblea sin los votos de ARENA, le han aprobado al Estado negociar otros $100 millones para el mismo objetivo; sin embargo, y de acuerdo a datos del ministerio de Hacienda, hasta abril de 2016 de esos $170 millones faltan por ejecutar $167.4 millones.
Según información publicada en el sitio de internet del ministerio de Hacienda se desprende de que para seguridad, un área del cual el gobierno demanda más fondos para reducir el alto índice de homicidios, el gobierno únicamente ha invertido $2.6 millones de $170 millones que la Asamblea le ha aprobado en calidad de préstamos desde 2013.
El desglose que se ha colgado en la página web de Hacienda revela que de los $71 millones que fueron aprobados en 2013 y que son para un programa de fortalecimiento del sistema penitenciario con el Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE), el gobierno ejecutó $100 mil en 2015 y en 2016 la inversión fue de $2.5 millones. En 2014 no se detalla ningún gasto.
Por lo que de esta deuda el gobierno sigue pendiente de desarrollar $68.4 millones.
Hacienda refleja que tiene previsto invertir en 2016 diferentes proyectos que están contemplados en el contrato de préstamo, entre ellos: la adquisición de un sistema de brazaletes electrónicos por un monto de $5.1 millones.
Este plan fue la insignia en 2013 del gobierno para pedir a la Asamblea que les respaldara con la nueva deuda, ya que gracias a la implementación de este mecanismo es que pretendían reducir el hacinamiento carcelario, sacando de la prisión a los reos menos peligrosos y que estuvieran en la fase de confianza.
También detalla la readecuación de las granjas penitenciarias de Izalco, en Sonsonate; de Zacatecoluca, en La Paz; y de Santa Ana. (Ver detalles en gráficos anexos).
También se observa en la información financiera de Hacienda que de otros tres empréstitos, dos de los cuales tienen un componente de prevención de la violencia dirigido a jóvenes; y la construcción del nuevo edificio de la Fiscalía no hay ninguna ejecución desde 2015.
Entre los tres préstamos en mención, la Asamblea aprobó el año pasado $99 millones más para la seguridad, que se sumaron a los $71 millones que ya habían avalado en 2013, haciendo un total de $170 millones.
ARENA pide fiscalizar fondos para seguridad
Ante la poca ejecución de estos dineros es que ARENA propuso ayer crear una entidad autónoma que vigile y regule como se invierte la deuda que el Estado ha adquirido para contrarrestar la criminalidad y los nuevos préstamos que se podrían aprobar en el futuro, así como donaciones, entre otros, siempre para el mismo fin.
La iniciativa de la bancada arenera es que se avale una “ley especial de creación del fondo para la seguridad pública, ciudadana y paz social”.
El diputado de ARENA, Mauricio Ernesto Vargas, afirmó que con esta herramienta el país tendría certeza de como se invierten los préstamos, cuyo objetivo es combatir el delito y las pandillas. (Ver más en nota aparte).
Según dijo, no quieren caer en una “extorsión negociada” de parte del gobierno, ya que funcionarios públicos, como el Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas; el exministro de Seguridad, Benito Lara, y la presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, entre otros, han cuestionado que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha congelado $900 millones en emisión de bonos, de los cuales, según el gobierno, $100 millones son para Seguridad.
Sin embargo, el diputado del PCN, Antonio Almendáriz, justificó en parte el atraso en la ejecución del préstamo de $71 millones, en que las autoridades de Seguridad les han manifestado que se debe a las condiciones que les han puesto los bancos.
“Las condicionantes que han puesto para la obtención de estos brazaletes, son ellos (los bancos) los que han retardado la erogación de este dinero, pero no es el gobierno en sí, eso nos han explicado en la comisión de Seguridad”, afirmó Almendáriz.
Mientras que el diputado de GANA, Guillermo Gallegos, expresó que el gobierno debería ser más ágil en la ejecución de los préstamos.
“Deberían de revisar eso y poner más atención, porque es una lástima que se estén dando recursos y que no se estén ejecutando”, esgrimió.
El presidente del Coena, Jorge Velado, ha expresado en días anteriores que el gobierno lo que tiene es un problema de caja chica, por lo que busca a través de préstamos solventar su déficit fiscal.
ARENA propuso hace unos años una ley de responsabilidad fiscal que nunca fue discutida en la Asamblea. En la administración del expresidente Mauricio Funes, a pocos días de dejar su mandato, también introdujo una iniciativa similar que tampoco ha visto la luz. Lo que sí aprobaron fue un paquete de reformas fiscales que Funes les llevó junto al proyecto de responsabilidad fiscal que incluyeron nuevos impuestos.
El diputado tricolor, Rodrigo Ávila, lamentó que el gobierno cuente con $1,300 millones de nuevos impuestos y que no haga buen uso de ese dinero, aunado a que también hay fondos provenientes del gravamen del 5% a los servicios de telefonía e internet.
Según datos proporcionados hace unos días por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, desde que se aplicó el nuevo impuesto a los usuarios de telefonía, en noviembre del año pasado, el Estado ha recaudado $11 millones hasta marzo de este año.
FMLN propone reformas penales
La diputada Jackeline Rivera, del FMLN, presentó ayer varias reformas al Código Procesal Penal para aumentar de 12 hasta 24 meses la privación de libertad de una persona que sea investigada por delitos de crimen organizado o de “realización compleja”.
Además, solicitó no sustituir la detención provisional cuando se trate de delitos de crimen organizado, extorsión y terrorismo.