El abogado Ricardo Ernesto Nuñez demandó ante la Fiscalía General de la República al expresidente Mauricio Funes por avalar el pago de $108.5 millones de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) a la constructora Astaldi SpA y le señaló 12 posibles delitos penales relacionados con este desembolso para finiquitar el contrato de la presa El Chaparral.
La denuncia pide una investigación sobre el ex mandatario y otras personas que pudiesen estar relacionadas o responsabilizadas con el desembolso, ya sea como co-autores, instigadores o cómplices, pudiendo ser familiares, hijos, cuñados, amigos y hasta prestanombres.
“Solicito a esta institución que también investigue, persiga y ejerza la acción penal y civil correspondiente contra esos otros participes de delito pues por su naturaleza y complejidad hacen lógica la suposición de su posible participación”, indica una parte de la demanda.
Esto se suma a otra demanda que fue interpuesta en febrero por los ex diputados Mario Valiente y Mariella Peña Pinto, ambos del partido ARENA, contra Funes y el ex presidente de la CEL, José Leopoldo Samour, quien firmó el arreglo directo el 11 de julio de 2012 y participó en las negociaciones con la constructora italiana.
Los delitos que Nuñez incluyó en su denuncia de averiguación son: enriquecimiento ilícito, peculado (desvío de fondos del Estado), peculado por culpa, malversación, negociaciones ilícitas, cohecho propio, cohecho impropio, cohecho activo, encubrimiento y lavado de dinero y activos, entre otros.
Según la demanda, Funes defendió en su momento el acuerdo entre CEL y Astaldi. Por ello argumentó que “era la mejor decisión que ir a un litigio internacional”, algo que conllevaría una mayor erogación al Estado.
“Si el presidente de CEL no recurre a la negociación directa inmediatamente Astaldi se va a un arbitraje internacional que le implicaría una erogación mayor al Estado, pérdida de tiempo y parálisis de la obra porque mientras estuviera el arbitraje no pudiéramos hacer ninguna licitación para retomar la obra”, se defendió Funes en enero de 2014, algo que es citado por el demandante.
Otro aspecto que es tomado en cuenta por Nuñez es el del abandono de las obras de El Chaparral por parte de Astaldi. Al respecto, señala que CEL nunca ejecutó un proceso sancionatorio contra su contratista y no ejecutó la garantía de mantenimiento de contrato, por lo que priorizó el arreglo directo violentando cláusulas definidas en el contrato.
En este sentido, la demanda plantea que cuando el contrato se de por caducado por incumplimiento del contratista se debe de indemnizar, en este caso a la CEL por “daños y perjuicios”, algo que tampoco se presentó.
“El causal de abandonar la obra por imprevistos imprevisibles no está comprendido ni en la ley ni en el contrato, esto daba ventaja a favor del Estado en un posible arbitraje”, dice la demanda.
El demandante también recuerda que si CEL hubiese seguido el proceso de imposición de multas, Astaldi hubiera pedido el arreglo directo. Sin embargo, esto lo hizo la autónoma, algo que debilitó los argumentos legales de la institución gubernamental en la negociación.
No incluir sobreprecios
En el pago de $108.5 millones a la firma italiana se incluyeron $28.7 millones, más IVA, que no se justificaron en el arreglo. Así, el abogado Nuñez plantea que la figura de indemnización y de dar montos adicionales a las obras ejecutados no están contemplados y que por ello los funcionarios (Funes y Samour) no tenían que entrar en una negociación por un causal inexistente.
Por ello, se plantea una posible violación a varios artículos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), algo que sugiere el cometimiento del posible delito de peculado en sus diferentes manifestaciones, dice la demanda.
La LACAP establece que en los contratos “llave en mano” (como en el caso de El Chaparral), la obra tenía que entregarse totalmente terminada y no tenía que haberse pagado más de lo ejecutado.
Según los documentos, Astaldi alegó “imprevistos imprevisibles” para dejar inconclusos los trabajos y a pedir negociación cuando las obras registraban, según los supervisores de la obra, un atraso del 68%.
En la demanda el abogado Nuñez pide a la FGR que solicite a CEL varios documentos y expedientes del proyecto, el cual lleva casi dos años bajo la mira de la Fiscalía.