Durante las sesiones del pleno de la Corte Suprema sobre el informe de Probidad del expresidente Mauricio Funes, Ricardo Alberto Iglesias Herrera fue uno de los magistrados que sobresalieron por poner reiteradas objeciones antes de que se emitiera una resolución y se enviara a juicio al exgobernante por presunto enriquecimiento ilícito.
Iglesias llegó incluso a pedir que no salieran la luz pública las discusiones del máximo tribunal de esa fecha, según consta en las transcripciones y la grabación de la sesión, que fueron entregadas a El Diario de Hoy tras solicitudes amparadas en la Ley de Acceso a la Información Pública.
Iglesias, quien estuvo de magistrado suplente, aparece en una lista de asesores del FMLN en la Asamblea Legislativa, que data de febrero de este año. Él admite la doble función, pero dice que no está afiliado al partido.
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Iglesias estuvo presente en la primera de las dos sesiones sobre el tema de Funes, el 2 de febrero, en la cual insistió en llamar al exgobernante para que este pudiese “aclarar” las irregularidades encontradas por la sección de Probidad con respecto al incremento injustificado de su patrimonio.
Sin embargo, su posición fue rechazada por sus colegas Rodolfo González y Sidney Blanco, quienes manifestaron que esas diligencias no pueden realizarse en la fase administrativa del proceso, la cual está enfocada a recabar con base en una serie de documentos el patrimonio de un funcionario. Sí podría hacerse en la fase jurisdiccional, es decir, una vez que el caso pasase a manos de una Cámara o tribunal superior, en donde podría presentar sus descargos.
El suplente fue de los primeros en alegar que el informe de Probidad del expresidente Funes llegó a su despacho a las cuatro de la tarde del día anterior a la sesión y que no hubo suficiente tiempo para leerlo. Alegó también que llegó a sus manos a las nueve de la mañana de ese día de Corte Plena. Describió el tema a tratar como “una cuestión bien delicada”.
Otro magistrado que objetó reiteradamente el procedimiento fue Leonardo Ramírez Murcia, quien insistía también en el “derecho de audiencia” para Funes y manifestó que “los investigados deben estar enterados” de los puntos dudosos sobre las investigaciones en su contra y que las declaraciones patrimoniales que los funcionarios realizan no son sinónimo de auditorías.
Dafne Sánchez, por su parte, señaló que es trascendental que una vez finalizadas estas investigaciones en la sección de Probidad, se le dé conocimiento al interesado sobre el resultado.
Escuche la participación de Iglesias en la sesión de Corte Plena del 2 de febrero.
“Mire, yo sí creo que es necesario dar audiencia, por lo delicado de este tipo de casos” mencionó Iglesias y se refirió al proceso que enfrenta el diputado por Chalatenango, Reynaldo López Cardoza, quien, dijo, tuvo derecho a audiencia en dos ocasiones, una de ellas, cuando les fueron presentadas las fallas en las declaraciones patrimoniales.
“Realmente puede haber afectación seria de derechos, no solo de propiedad al congelar bienes, sino también a la propia imagen… Obviamente sería un suicidio político terrible”, aseguró más tarde refiriéndose al caso Funes.
Además, mencionó que tenía dudas procedimentales respecto al caso y enfatizó cómo los resultados mediáticos afectan los derechos jurídicos de las personas, porque la prensa “destroza a la gente”.
Iglesias preguntó en el Pleno a qué se debe que las investigaciones de la sección de Probidad abarquen a terceras personas aparte del expresidente y cuestionó si esta sección acaso era la Fiscalía General de la República.
Justificó que si Funes no se ha manifestado respecto a pagos que dijo haber recibido de la empresa Sociedad Multimedia y otras deudas que habría cancelado, debe tener la oportunidad de audiencia, y señaló que tiene temor de que los procedimientos no estén completamente afinados.
Así es que nuevamente mencionó que la audiencia para el expresidente es imprescindible y que no se siente impuesto (preparado) para hablar sobre el tema.
“Estoy viendo por arriba y yo insisto que la audiencia es indispensable y que no nos preocupemos por alzarse. Aparte que es un suicido políticos, se volvería un paria el funcionario que se alza sabiendo que están estos procedimientos abiertos y habría que pensar si comienza a operar la prescripción si ya ha iniciado un procedimiento administrativo”, sostuvo.
Iglesias también planteó que tenía dudas acerca del procedimiento que se está siguiendo para emitir una resolución sobre el caso. “No le podemos dar audiencia hoy mismo de un informe que no ha sido aprobado o que no ha sido presentado”, afirmó.
El magistrado Ramírez Murcia intervino tras este comentario y le dijo la sección de Probidad del máximo tribunal ya hizo su aprobación sobre el documento. “Pero tenemos que aprobar el informe porque el informe puede tener algunas inconsistencias”, reaccionó Iglesias.
Solicita audiencia para hijo de Funes
Tras un receso de almuerzo, el 2 de febrero se retomó el informe de Probidad de Funes. En esta etapa, el presidente de la sección que elaboró el informe, Carlos Pineda, se hizo presente a Corte Plena y expuso los datos recabados en la investigación: el movimiento del dinero en las cuentas de Funes, los vehículos registrados a su nombre y al de su hijo Diego Roberto Funes Cañas, además de deudas que tenía la exprimera dama de la República, Vanda Pignato, las cuales fueron canceladas antes que venciera el período presidencial de Funes.
Iglesias preguntó si a Funes Cañas se le había investigado con respecto a los ingresos que percibía. Solo para más adelante solicitar audiencia, esta vez ya no para el expresidente, sino para su hijo, luego de que la magistrada Paula Velásquez preguntó a Pineda si lo habían citado para las declaraciones patrimoniales.
“Aquí va a salir afectado el señor este, perfecto, creo que se debería haber generado algún tipo de también de audiencia”, estableció el asesor del FMLN.
“Sale profundamente afectado un montón de gente con esto porque se está señalando sin posibilidades de desvanecer esto que hay indicios. Puede ser cierto, pero voy a insistir en mi posición que creo que es necesario dar la audiencia, y si hay una investigación sólida con procedimientos y protocolos de investigación adecuados, una audiencia no va a desvanecer todo esto (todo el informe)”, aseguró.
Además preguntó por el método utilizado por la Corte de Cuentas para emitir los informes, señalando que una vez la entidad ponga una objeción, la persona tiene la oportunidad de desvanecer las irregularidades y posterior a ellos enfrentar un juicio.
Iglesias pidió que la sesión fuera secreta
“Con la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) sobre la publicidad de las actas y las grabaciones, entiendo que antes de cada punto habría que decidir si ese punto es de carácter confidencial o no, o reservado”, advirtió el magistrado suplente Ricardo Alberto López Herrera al inicio de Corte Plena del 2 de febrero, al referirse a la agenda, cuyo primer punto sería el informe de Probidad de Mauricio Funes.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar Armando Pineda, respondió que todavía no se había votado por resolver la reserva de puntos de agenda de ese día.
Iglesias reiteró su postura, alegando que la ley establece que los procesos deliberativos tienen que ser confidenciales hasta que se emita una resolución final.
Ante ello, el magistrado Florentín Meléndez señaló que independientemente de lo solicitado por el IAIP, hay que respetar la institucionalidad del país. Además, que por regla general las actas, la agenda previa de Corte Plena y las grabaciones no tienen por qué ser reservadas.
Sin embargo, todavía al final de la sesión de ese día, Iglesias mencionó que le preocupaba la filtración de información.
Escuche las reacciones de Iglesias sobre los dos cargos que desempeña: asesor en la Asamblea Legislativa y magistrado suplente en la Corte Suprema de Justicia.