La exjueza de Vigilancia Penitenciaria de Santa Tecla, La Libertad, Astrid de los Ángeles Torres Flores enfrentará su primera audiencia, el próximo jueves, bajo los cargos penales de haber dejado en libertad de forma ilegal a 17 pandilleros que cumplían distintas condenas por diferentes delitos.
La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía pidió esta semana al Juzgado Primero de Paz de esa ciudad que le abrieran a la exjueza Torres Flores, un proceso judicial por el delito de favorecimiento a la evasión, bajo la modalidad de concurso ideal de delitos.
Esta figura delictiva está contemplada en los artículos 40 y 318 del Cödigo Penal, cuyas penas oscilan entre los 5 y 13 años de prisión.
La Fiscalía le ha acumulado 17 casos de favorecimiento a la evasión a la exjueza Torres Flores, es decir, uno por cada pandillero que fue dejado en libertad, aparentemente sin haber cumplido con los requisitos para fuera favorecido con la libertad condicional ni tampoco con sus penas de cárcel.
Fuentes fiscales confirmaron que la audiencia inicial ha sido programada para el próximo jueves por el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla.
Aunque la exfuncionaria judicial no se encuentra detenida, las autoridades fiscales esperan que se presente a la diligencia judicial para que pueda exponer sus argumentos del por qué resolvió dejar en libertad a los 17 pandilleros.
El jefe de la referida unidad especializada del Ministerio Público, Andrés Amaya, dijo que la petición para que la exjueza sea procesada se formuló a través del requerimiento correspondiente.
Las investigaciones de la referida unidad fiscal, el Juzgado de Sentencia de Santa Tecla, resolvió condenar a 124 pandilleros por los delitos de Proposición y Conspiración, Agrupaciones Ilícitas y Homicidio Agravado. Este fallo fue emitido en julio de 2009, por lo que los abogados defensores de los condenados decidieron recurrir a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia para que decidiera si la sentencia había sido emitida conforme a la legislación penal.
Sin embargo, Torres Flores habría actuado de manera ilegal en mayo de 2012, quien tenía a su cargo el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, ya que al recibir el proceso con la resolución de la mencionada Sala, no le dio fiel cumplimiento a la misma.
En a resolución de la Sala de lo Penal se establecía que de 67 órdenes que emitió, para 29 no procedía la libertad y los imputados fueron enviados a distintos penales del país.
Sin embargo, la exjueza habría favorecido a 17 condenados, quienes fueron puestos en libertad por instrucciones de la entonces exfuncionaria.
Otros 12 iban a ser dejados en libertad, pero los directores de los penales donde estaban recluidos se percataron de que había una anomalía en cuanto a los computos de sus penas. En ese sentido, determinaron que los cómputos de las penas de los 12 pandilleros no coincidían con los datos de los expedientes que se tenían en cada uno de los penales donde estaban recluidos.