La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró su preocupación sobre las estrategias y planes llevados a cabo por el Gobierno de El Salvador para hacer frente a la crisis de inseguridad ciudadana que aqueja al país.
La CIDH, parte del engranaje de la Organización de Estados Americanos (OEA), se pronunció así al cierre del 157o. periodo de sesiones.
Los presidentes de la CIDH que atendieron las rondas de audiencias, James L. Cavallaro y Margarette May Macaulay, hicieron referencia directa a la situación de El Salvador, por lo delicado que puede resultar priorizar la participación de batallones especiales de choque para hacer frente a los criminales.
El caso de El Salvador fue tratado en una audiencia especial realizada el 4 de abril reciente a petición del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que denunció violaciones a derechos humanos perpetradas por efectivos tanto de la Policía Nacional Civil como de la Fuerza Armada en la estrategia de seguridad de choque contra las pandillas, desarrollada por el gobierno salvadoreño.
Cavallaro opinó que “como principio la CIDH de forma reiterada ha cuestionado el uso de las fuerzas militares en temas de seguridad una vez que fuerzas militares no tienen la capacitación, no es su función para trabajar en temas de seguridad pública; más cuando es un batallón militar que asume esas tareas es un tema que en muchos países en la región y en este caso en El Salvador la CIDH ha cuestionado el uso de la fuerza armada desempeñado tareas de responsabilidad policial”.
La también presidenta de la comisión que trató la audiencia, Margarette May Macaulay, consideró que la simple preparación de batallones militares de choque para matar a los delincuentes ya representa una flagrante violación, pues la policía está para investigar los hechos criminales y llevar a los tribunales a los malhechores y que sea el sistema judicial el que proceda enmarcado en el estricto apego a las leyes del país.
“Como ha mencionado el presidente, los ejércitos están entrenados para matar al enemigo. Ellos están ahí para ir a la guerra y matar al enemigo. Las fuerzas policiales se supone que deben entrar, investigar y detener a los autores, no para matarlos, pero cuando se configura fuerzas especiales, como ha ocurrido durante tantos años, la pérdida de la vida es lo que generalmente surge resultado que en ocasiones produce violaciones a los derechos humanos”, explicó Macaulay.
También señalo que el uso de fuerzas especiales como las nuevas medidas, que pretende ampliar el gobierno en su implementación para hacer frente a la inseguridad, que contempla robustecer las fuerzas de choque entre otras estrategias, es un fracaso a juicio de la CIDH en el abordaje de la problemática.
Gobierno se defiende
“El uso de fuerzas especiales, que es una situación dura, en lugar de abordar las causas es un motivo de preocupación, porque está utilizando un gran martillo para matar a una hormiga”, ejemplificó la experimentada jueza.
En la audiencia, el gobierno se defendió de los señalamientos a través del canciller Hugo Martínez, quien se comprometió con los relatores a entablar un diálogo sincero con las organizaciones defensoras de derechos humanos en el país, e incluso invitó a la presidenta Macaulay a visitar El Salvador para conocer in situ los planes del gobierno.
Los peticionarios incluyeron en su informe ante la CIDH la preocupante situación de “masacres” perpetradas en el contexto de “enfrentamientos policiales” con supuestos pandilleros, e incluso casos de jóvenes que son asesinados, pero cuyos familiares y las pruebas indican que no tienen vínculo alguno con pandilleros más que la pertenencia a una comunidad de riesgo.
La representante de CEJIL, Valentina Ballesta, dijo en entrevista con El Diario de Hoy desde Costa Rica, donde tiene la sede regional para Centroamérica y México la organización, que el problema de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno salvadoreño es que si bien en las declaraciones públicas hablan de ejes estratégicos como la prevención y la creación de oportunidades para los jóvenes en la práctica todo está demostrando que se ha priorizado en la represión dura.
Demandas a futuro
Los peticionarios son conscientes de que la crisis de inseguridad que atraviesa el país demanda de recursos, alto de nivel de organización y participación multisectorial, pero cuidan también de no hacer apología por delincuentes, sino de defender a los jóvenes que han pasado a ser un grupo estigmatizado en su conjunto, por lo que el Estado debe hacer funcionar todo su aparato institucional para asegurar el cumplimiento de las leyes y los derechos fundamentales, asegura.
“El problema es que esas acciones que se están dando pueden constituir al futuro demandas por violaciones de derechos humanos, como está sucediendo con hechos ocurridos durante la guerra, estamos haciendo casi una acción proactiva para evitar futuros problemas, porque el Estado sería responsable de esas violaciones”, argumenta Ballesta.