Con diferentes argumentos, varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) intentaron reducir los $728 mil que la Sección de Probidad había establecido como presunto enriquecimiento ilícito del expresidente Mauricio Funes.
Al final, Funes fue enviado a juicio por presunto enriquecimiento ilícito de $702 mil, aunque la Fiscalía posteriormente presentó una acusación formal por un monto de $728 mil ante la Cámara Segunda de lo Civil.
Además de criticar el informe de la sección de Probidad, luego de que Funes diera sus argumentos para desvanecer algunos de los hallazgos, los magistrados Leonardo Ramírez Murcia, Dafne Sánchez y Paula Velásquez buscaron que se redujera la cantidad que se le había señalado al exmandatario como presunto enriquecimiento ilícito, enfilando sus críticas hacia la manera en la que había dirigido su investigación la sección de Probidad.
Todo lo anterior consta en las grabaciones y la transcripción de las sesiones de la Corte, que fueron obtenidas por El Diario de Hoy mediante peticiones formales con base en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
En la sesión de Corte Plena del pasado 9 de febrero, el jefe de la Sección de Probidad, Carlos Pineda, explicó que Funes había logrado justificar el origen de los $121 mil 500 que recibió como pago por parte de la empresa Multimedia S.A. de C.V., que según un informe del Ministerio de Hacienda había operado sin ganancias.
Funes argumentó que una empresa de titularización norteamericana efectuó un préstamo a Multimedia por $495 mil y que se harían distintos desembolsos, de los cuales no hay prueba de que se hayan realizado, según el jefe de Probidad.
Asimismo, los magistrados también pidieron que se retiraran del informe los $26 mil que se habían reportado como saldo de un préstamo realizado a Funes por el excoordinador del FMLN, Fabio Castillo.
Al mismo tiempo, pedían que se eliminara la cantidad en vehículos que fueron obtenidos por el hijo de Funes, Diego Funes, los cuales fueron supuestamente otorgados por la madre del joven, Regina Cañas, según explicó el expresidente.
En ese sentido, la magistrada Velásquez criticó que después de que Funes diera sus alegatos a Probidad, se haya incluido que Cañas le haya proporcionado dinero a su hijo para la compra de los vehículos, producto de un préstamo hecho por ella, según el exmandatario.
Al final, con los montos objetados por los magistrados, la cantidad que presumía enriquecimiento ilícito se reducía en $265 mil 500, quedando en $462 mil 500.
El debate
La primera en poner en duda el informe presentado por Pineda fue la magistrada Velásquez, quien le cuestionó: “Solo para que nos quede claro, porque no lo hemos escuchado de usted, ¿con los documentos y los argumentos presentados por el señor Funes han sido desvanecidas algunas cantidades de dinero o se mantienen exactamente las mismas cantidades del informe inicial?”.
Los argumentos de los magistrados se basaron en que se estaban incluyendo montos considerados después de concluir el mandato presidencial de Funes y la ley dice que sólo se puede investigar lo obtenido durante su periodo.
“¿Cómo voy a justificar yo como funcionaria cuáles fueron las razones que me motivaron a mí a señalar una cantidad mucho mayor de la que probablemente no haya justificado el señor Funes. Cuando estamos posterior a su mandato presidencial podrá ser cualquier cosa menor enriquecimiento ilícito”, justificó Velásquez.
Por otra parte, pidió a los demás magistrados “tener cuidado con respecto a señalar cantidades como esas, que no han sido o no tenemos posibilidades de justificar y que estamos señalando como enriquecimiento ilícito”.
Es más, ya en la sesión anterior, el 2 de febrero, la magistrada Dafne Sánchez había solicitado que se retiraran del informe de Probidad los montos relacionados con los vehículos de Diego Funes y los $26 mil de la deuda con Fabio Castillo; no obstante, en la sesión del 9 de febrero retiró la moción de eliminar los $118 mil 600 de los autos que compró el hijo del exmandatario y solo sostuvo la relacionada con Castillo.
Desacredita informe
Luego de que el jefe de Probidad sostuviera que los $121 mil 500 en pagos por parte de Multimedia S.A. de C.V. a Funes habían sido justificados, el magistrado Leonardo Ramírez Murcia lanzó fuertes críticas a dicha oficina de la CSJ e intentó desacreditar la investigación.
“Es un poco penoso ver cómo un informe que recibe la Corte va en disminución, por una manera poco profesional de abordarse las cosas; siempre lo he insistido en la misma Comisión de Ética y Probidad, que el mandato es verificar el período, es el mandato, y lo dije la otra vez y voy a ser franco: No me voy a sumar a una medida donde se reflejan muchas inconsistencias”, acotó.
En ese sentido, Ramírez Murcia puso en entredicho la forma cómo Probidad realizó dicha investigación y cómo había ido recopilando los fondos por los que, se presume, habría un enriquecimiento ilícito de parte de Funes.
“Fíjense que nos damos a la tarea, y aquí está en la resolución, de incorporar ‘Fondos adquiridos con anterioridad’. Por qué tengo yo que andar reflejando en una resolución: ‘adquirió esto, pudo haber adquirido más’”, criticó.
En tanto, Ramírez Murcia intentó justificar la compra de los vehículos del hijo de Funes, argumentando que un padre le puede hacer ese tipo de obsequios.
“Don Mauricio compró un vehículo de 30 mil dólares y lo vendió a su hijo en veinte mil, si yo tuviera un hijo se lo regalara a mi hijo. ¿Y no es mi hijo, pues? Entonces, ¿esa diferencia de dónde la saco?”, afirmó.
En seguida llegó a considerar el informe de Probidad como una revancha. “Yo no quiero estropear el curso de las cosas, solamente sepan que yo me sumo a combatir la corrupción, pero no me sumo a vendettas o venganzas de mala fe”, argumentó.
Por otra parte, regañó a la sección de Probidad, señalándole que no se puede establecer una sola cantidad, lo que se a su juicio resulta “engañoso”. “No puedo hacer un número que recoge una masa de acontecimientos, eso es engañoso. Da la impresión que ese es el monto que suma los indicios y es un poquito complicado para mí”, acotó.
Entre el mismo debate, agregó: “Con el debido respeto yo siento que hacemos una metodología un poco extraña, un poco rara... Yo pido una metodología un poco más clara...”.
En tanto, magistrados como Florentín Meléndez explicaron que la cantidad del supuesto enriquecimiento ilícito no era exactamente determinada por Probidad, sino por la Cámara de lo Civil, adonde sería enviado el proceso contra el exmandatario.
“En la resolución no decimos que existe enriquecimiento ilícito de tal cantidad, sino de lo que se ha investigado. Del cotejo de la declaración de la información complementaria, la Corte resuelve que hay indicios de enriquecimiento ilícito. No dice por qué cantidad”, explicó.
Sin embargo, la magistrada Doris Rivas Galindo había señalado minutos antes que si había montos justificados debían incluirse en la resolución de Probidad.
“A mi juicio si hay algunos elementos que se han desvanecido sí deberían corregirse aquí en la resolución... Creo que si no había entrado en funciones todavía, no estaba manejando el dinero de la Hacienda pública. No tendríamos que meternos también ahí”, aseveró.
Estos argumentos se sumaron a los alegatos que sólo estaban dándole largas a la decisión que finalmente se tomó: enviar a juicio a Funes por presunto enriquecimiento ilícito.