La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa conocerá este lunes una propuesta enviada por el Gobierno en la que se busca crear una ley especial para los cobros de las deudas que tengan personas naturales o jurídicas con el Fisco.
Según el documento enviado ayer al Congreso, las medidas permitirán “incrementar la recaudación fiscal y ayudar a la estabilidad económica del país”.
La idea del Ejecutivo es recuperar los montos adeudados por la vía persuasiva, dando un plazo voluntario de 90 días para el pago, de lo contrario actuarían por la vía obligatoria, lo cual abriría la posibilidad de embargos o congelamiento de cuentas bancarias, entre otras medidas contra los deudores, explicó el diputado del PCN, Mario Ponce.
Además, según el anteproyecto presentado por el Ministerio de Hacienda, se crearía la Dirección General de Cobranza, una instancia que aplicaría la nueva ley, y el Tribunal de Apelaciones de Cobranza, el cual resolverá las apelaciones presentadas por los deudores.
La diputada de ARENA, Milena de Escalón, considera que la ley planteada es necesaria para el país, pero reconoce que el debate en la Asamblea debe realizarse tanto en la Comisión de Hacienda como en la de Legislación y Puntos Constitucionales para “respetar” aspectos relativos a la Carta Magna salvadoreña y del Código Tributario, entre otras normas.
“Hay muchos aspectos de derecho comparado que se tienen que aplicar al estudiar y debatir sobre esta ley, sobre todo los relacionados a la Constitución de la República; es importante que el gobierno tenga recursos pero también debe saber invertirlos, no solo deben destinarse al gasto corriente, eso hay que recordarlo”, indicó la legisladora.
De Escalón explicó que la propuesta del Ejecutivo se basa en un esquema que se aplica en Colombia, el cual fue diseñado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y propone la participación de las empresas que proveen servicios de centros de llamadas para contactar a los deudores, ya sean grandes o pequeños contribuyentes.
“Esta propuesta de ley puede ayudar, pero ojalá no sea una herramienta para hacer persecución de algunos sectores hacia otros, eso no sería lo correcto si se quiere hacer justicia tributaria”, consideró la diputada.
Ponce explicó que la propuesta también abre el espacio para que los bienes embargados sean subastados por parte de Hacienda y advirtió sobre la posibilidad de frenar procesos de amparo y apelación ante la Sala de lo Constitucional y de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
Ambos legisladores confirmaron que pedirán un informe a la unidad legal del congreso sobre los aspectos relacionados a esta propuesta que llegó ayer a la Asamblea.