WASHINGTON. EE. UU. advirtió ayer de la corrupción, la violencia, la debilidad institucional y la impunidad en Centroamérica y Sudamérica en el informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, que ayer presentó el secretario de Estado, John Kerry.
Para el caso de El Salvador, el Departamento de Estado resalta entre los problemas de derechos humanos “más graves” en nuestro país, la “corrupción generalizada” y la debilidad de la Justicia y de las fuerzas de seguridad, lo que contribuyó a un “elevado nivel de impunidad”.
“La ley establece sanciones penales por corrupción de los funcionarios; sin embargo, el gobierno no implementó la ley efectivamente, y los funcionarios a menudo se involucraron en prácticas corruptas impunemente”, dice el informe de EE. UU.
La impunidad persiste a pesar de los pasos dados por el gobierno para cesar a algunos funcionarios que cometieron abusos en el sistema penitenciario y en las fuerzas policiales, según el informe.
Recomienda que para controlar el enriquecimiento ilícito los funcionarios electos deben presentar sus activos a la Sección de Probidad de la Corte Suprema. Actualmente, las declaraciones no están disponibles para el público, y la ley no establece sanciones por incumplimiento, dice EE. UU.
Un día antes del informe de EE.UU., el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, durante su visita a El Salvador donde disertó en el Foro Internacional de Análisis Político (FIAP) 2016, destacó lo esencial que es fortalecer las instituciones para el combate de la corrupción y resaltó el papel que ha tenido para ello la Corte Suprema de Justicia salvadoreña. Él fue claro en que hay que responder a la corrupción con integridad y transparencia, con juicio y castigo a los culpables, y asegurarle a los ciudadanos que nadie está por encima de la ley.
Kerry se refiere además a grupos armados y pandillas que hostigan a las familias salvadoreñas e interfieren en sus vidas privadas y crean un clima de temor y zozobra que las autoridades no han sido capaces de controlar.
Además, EE. UU. denuncia la violencia doméstica, discriminación y explotación sexual de mujeres y niños.
El informe, que sirve como guía al Congreso estadounidense a la hora de decidir la ayuda exterior para cada país, examina el comportamiento de los gobiernos de todo el mundo (menos el de EE. UU.) respecto a los derechos humanos.