Con más fuerza y, ahora con documentos en mano, los transportistas de gremiales como AEAS, ATP y Rutas Unidas denuncian que hay un “tráfico de influencias” de parte del Viceministerio de Transporte (VMT) para beneficiar a la empresa Subes El Salvador;la única autorizada por el Gobierno para administrar el cobro electrónico del pasaje en el transporte público.
A raíz de las recientes publicaciones en los medios de comunicación, Rutas Unidas demandó ayer ante la Fiscalía General de la República (FGR) investigar el origen de los fondos de Subes El Salvador y las transacciones emitidas desde Subes Panamá.
Desde el año 2012, la empresa Subes Panamá prestó a Subes El Salvador la cantidad de 13 millones de dólares.
Subes Panamá es una de las ocho empresas creadas por la empresa Alba, según investigaciones internacionales hechas por periodistas.
En la demanda presentada por Rutas Unidas se señala, también, a José Miguel Meléndez Avelar y a Ada Mitchell Guzmán para que sean investigados por supuesto “lavado de dinero”.
Meléndez fue uno de los impulsores de la campaña de Mauricio Funes y a Guzmán es asociada sentimentalmente con el exmandatario.
El representante de Rutas Unidas, Juan Pablo Álvarez, expuso que los funcionarios en el VMT han usado varias estrategias para facilitar que el negocio del cobro electrónico se concentre solamente en Subes.
“El Gobierno ha favorecido a Sipago para contratar a Subes. Teniendo en sus manos la modernización del transporte, el Viceministerio de Transporte se ha dedicado a beneficiar únicamente a estos entes privados (Subes y Sipago)”, dijo.
Sipago es la empresa conformada por dueños de buses que impulsó el gobierno para implementar la modernización del transporte público.
Álvarez afirmó que, con la demanda interpuesta, esperan que la Fiscalía identifique el nexo que tienen los altos mandos de Subes y Sipago con el gobierno, debido a que desde 2012 se han realizado movimientos legales para favorecer a Subes con la administración de un servicio.
El busero, Roberto Soriano, de la Asociación de Transportistas Públicos (ATP), manifestó que desde hace años, los dueños de los buses han tenido que lidiar con modificaciones legales que el VMT ha usado para darle vida al Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss) y que, además, se les imponga a Subes como única compañía suministradora del servicio.
“Por mucho tiempo se ha venido denunciando la injerencia de los funcionarios para favorecer a la empresa incluyendo Sipago”, opinó.
En octubre de 2012 el VMTestableció que los buseros debían firmar contratos con Subes para poder seguir en el negocio; siendo la única ganadora, Subes, aunque no tuviera experiencia.
En las transacciones de Subes El Salvador, desde 2012, se identifican pérdidas y mínimas ganancias, según documentos del Registro de Comercio.
Según el estado de resultados de 2013, ese año Subes tuvo un ingreso de 237 mil 664 dólares, dividido entre la venta de tarjetas prepago, la comisión por la administración de recarga de saldo y los ingresos por servicios prestados de publicidad.
Sin embargo, las pérdidas alcanzaron los 5 millones 344 mil 498 dólares.
Así, Álvarez cuestionó cómo es que la firma Subes Panamá pudo otorgarle un préstamo de 13 millones de dólares a una empresa como Subes El Salvador, que no tiene suficiente rentabilidad como para ser acreedora de un crédito de gran magnitud.
Denuncias previas
El presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), Genaro Ramírez, opinó que las anomalías señaladas en la denuncia ya las había advertido en 2012, pero sin pruebas que respaldaran las especulaciones de los buseros.
“La diferencia es que hoy ya salió evidencia contundente de que lo que nosotros hemos venido sosteniendo no es un invento, hay materiales sólidos que demuestran que lo que nosotros denunciábamos era cierto”, explicó.
Según el transportista, existe un nexo entre los dirigentes del FMLN y la empresa Subes. El asesor de Alba Petróleos, José Luis Merino, declaró en enero de 2013 que esa empresa ayudaría con una inversión de 26 millones de dólares a los empresarios del transporte, para impulsar el sistema único de pago.
En esa oportunidad, Merino negó que existiera interés de incursionar en ese rubro y dijo que solo buscaban modernizar el sector transporte.
Otros empresarios han intentado que les autoricen ofrecer un servicio similar; pero el VMT no los ha autorizado. Ese ha sido el caso de Trade Internacional y el proyecto PagoBus, recordó Álvarez.
Balance 2012
Balance 2013
