La semana pasada, el presidente viajó a Estados Unidos con un equipo conformado por importantes funcionarios de su gabinete. El mandatario explicó que uno de los principales objetivos de su visita a la nación norteamericana era abordar y explicar la versión oficial de "la tregua" en diferentes reuniones con autoridades estadounidenses y representantes de organismos multilaterales. Adicionalmente, el peculiar programa radial semanal del Ejecutivo "Conversando con el presidente", caracterizado por la confrontación y controversia que genera entre el Gobierno y los que no están de acuerdo con su trabajo, dedicó importante parte de su tiempo al aire para hablar sobre el tema.
La comitiva viajó en el contexto de una ofensiva internacional del séquito de seguridad, orientada a legitimar y lograr una mejor aceptación de la oscura negociación entre el Estado y las pandillas, cuyos resultados se limitan a una engañosa reducción en la cantidad de homicidios registrados. Antes de la visita presidencial, el ministro de Justicia, junto con su equipo de terceros creíbles, también fue a Washington a presentar la ficticia explicación oficial, pero, según diferentes analistas, no logró el eco deseado.
Aún persiste la falta de claridad y transparencia del Gobierno en relación a su verdadera participación en la formulación y operación del pacto pandillero. A pesar de la visita del presidente, todavía la mayoría ve con cautela "la tregua", ya que, bajo las actuales condiciones, cualquier tipo de apoyo financiero tiene altas probabilidades de estar siendo instrumentalizado para sostener el reprochable intercambio de beneficios entre las autoridades y estructuras criminales.
La negociación entre el Estado y las pandillas es la estrategia de seguridad pública más dañina y egoísta de los últimos años, en donde los intereses de unos pocos se han sobrepuesto a los de la sociedad, propiciando la evolución de estructuras criminales y su infiltración de instituciones públicas, mientras todo se esconde y trata de venderse con el mayor de los cinismos atrás de un espejismo. Es por ello que el Gobierno no está interesado en el debate técnico y serio del tema, atacando y descalificando a cualquiera que se atreve a cuestionarla. Las opiniones disidentes se topan invariablemente con un esfuerzo oficial que busca reducir cualquier intento por debatir a un vulgar intercambio de insultos.
La reciente intervención del presidente logró hundir más la calidad de la defensa gubernamental de la negociación entre las autoridades y criminales. El mandatario, por ejemplo, sostuvo que quienes no apoyan la iniciativa son "malos salvadoreños", a pesar que todas las encuestas revelan que la mayoría de personas no cree en el cuento fabricado por el Gobierno. Cuestionó, además, la capacidad del Fiscal General de la República -- responsable de la investigación del delito en el país--, quien calificó "la tregua" como una estrategia "hipócrita", insinuando que vertió dicha opinión porque no conoce a fondo la dinámica delincuencial.
Insultó también a los trabajadores honestos de nuestro país, explicando que los pandilleros ganan $700 en promedio por sus actividades criminales (algo que según sus declaraciones es un monto marginal) y que, por lo tanto, no habría problemas en crear fuentes de empleo para ellos que lograran equiparar esa cifra, aun cuando son incontables los salvadoreños que trabajan arduamente por menos de esa cantidad y otros que simplemente no pueden conseguir empleo.
Estos y otros elementos de la intervención del presidente en relación a "la tregua", denotan la falta de seriedad con la que su gobierno y funcionarios han abordado el delicado problema delictual que golpea al país. Los candidatos que actualmente preparan sus planes de gobierno tienen la oportunidad (quizás la última) de formular estrategias técnicas y serias, alejadas de este malévolo circo diseñado y mantenido por la actual administración.
*Máster en Criminología y Ciencas Policíacas.
@cponce_sv