En 2012 se presentó el libro "¿Hacia una ley de partidos políticos? Experiencias latinoamericanas y prospectiva para México" (Instituto de Investigación Jurídica, UNAM, México). Los autores, todos reconocidos politólogos latinoamericanos, coincidieron que en las sociedades democráticas, los partidos son el cauce natural de las pretensiones ciudadanas.
Los expertos nos recordaron, citando al gran jurisconsulto alemán Hans Kelsen "que sólo por ilusión o hipocresía se puede sostener que la democracia es posible sin partidos políticos". Insisten en que "una democracia sin partidos políticos, es el espacio fecundo, tierra de cultivo para el surgimiento de liderazgos personales, carismáticos, y al final del día poco democráticos". La mayoría señalan que las candidaturas independientes no son los mecanismos idóneos para resolver la crisis por la que atraviesa "la democracia de partidos" y que en todo caso, la solución se encuentra en el fortalecimiento de estos últimos y en la búsqueda de reformas y regulaciones que los democraticen y los hagan más transparentes.
A partir de las transformaciones institucionales que trajo consigo el acuerdo de paz, en nuestra sociedad política se desarrolló un pluralismo legislativo más robusto, menos excluyente y definitivamente mucho más equitativo que el existente en el último cuarto del siglo pasado. Para 1994, a dos años del pacto de Chapultepec, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional participó por primera vez en una competencia electoral.
En esa ocasión, el "novato" partido de izquierda disputó en segunda vuelta la presidencia del país y no obstante la derrota de su candidato Rubén Zamora, ese instituto inició una exitosa carrera política que a 2013 se refleja en 31 diputados, 95 alcaldías, entre ellas varias cabeceras departamentales y la Presidencia de la República, a la que accedieron en 2009 con un aspirante no militante. Por otra parte, la principal opción de derecha retuvo el poder durante veinte años a través de elecciones periódicas y transparentes, y los partidos minoritarios, gracias al sistema electoral de tipo proporcional, han mantenido una importante representación en la Asamblea Legislativa que hasta la fecha les sigue caracterizando como "partidos bisagra" debido, en parte, a la falta de consenso entre las dos grandes fuerzas políticas.
Al igual que el caso mexicano, en El Salvador "las claves de la transición democrática" fueron la apertura y la inclusión (Córdova, L.). El acontecimiento pacifista de la década de los noventa se tradujo también en un nuevo código electoral, en una remozada autoridad que arbitraría las futuras elecciones y en la sustitución de la percepción de fraude por otra en la que se le otorgó total credibilidad a los resultados de los comicios expresados por el TSE. El país dejó atrás décadas de una estancada y enferma democracia y dio paso a una evolución institucional que también impactó positivamente en los indicadores económicos principalmente a mitad de los noventa.
La pasividad y desidia con la que han actuado los partidos y la misma sociedad civil que por muchos años se comportó tolerante e indiferente, sin estructura y desorganizada ante la estancada reforma política, hace surgir, veintidós años después del acuerdo, el primer gran reto para la transición democrática. La renovación institucional y política de los noventa no se implementó de manera continua y permanente y con ello promovió el deterioro de un sistema que prometía una sociedad democrática, pluralista, transparente y justa. El "voto 56" y sus posibles consecuencias en la separación e independencia de los Órganos fundamentales del Estado, representa como bien lo describe el cientista político Daniel Zovatto, un problema de crisis "en" la democracia y por tanto no se trata de un dilema que nos lleve a describirlo como crisis "de" la democracia. Por esa razón, agrega Zovatto, esos problemas "requieren soluciones a partir de fórmulas y procedimientos democráticos".
Con esta afirmación no se pretende relativizar la grave situación que ha surgido a partir de los últimos acontecimientos y que ha evolucionado de forma abrumadora a partir del recrudecimiento del fenómeno del transfuguismo en El Salvador en 2010. Efectivamente el hecho político es preocupante. Se trata de una conducta "que debilita el sistema de partidos, favorece la inestabilidad política partidaria, afecta la credibilidad no sólo del tránsfuga en cuestión sino del conjunto de la clase política, deteriora la cultura democrática y distorsiona la representatividad surgida de las elecciones" (Zovatto,D. 2012).
La solución no es fácil porque la institucionalidad es débil. Por tanto su fortalecimiento es vital para detener esa sospecha que la gran mayoría de ciudadanos tiene sobre la política. Continuar con la reforma y discutir por ejemplo "quién es el titular de la curul", si el partido o el diputado, y debatir si la solución es "despojar al tránsfuga de su curul", debería ser el próximo debate.
*Columnista de El Diario de Hoy.