El líder de los acuerdos…

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13 abril 2013

Acada gobernante se le puede caracterizar por el principal logro obtenido durante su administración. Uno de los más conmemorativos es el que todos conocemos como el "presidente de la paz", en atención a que durante esa gestión concluyó el conflicto armado. Por el contrario, los mandatarios también pueden ser recordados por el incumplimiento de sus promesas de campaña, por las omisiones en materia de transparencia y por haber polarizado al país. Quien ocupe la presidencia a partir de 2014 debería aspirar a que se le evoque como el líder de los acuerdos. De no ser así, el presidente de turno tendrá serios problemas en materia de crecimiento económico, sostenibilidad de la deuda pública y seguridad ciudadana. En otras palabras, tenga o no vocación para el diálogo, el inquilino de casa presidencial forzosamente deberá abrir sus puertas a todas las fuerzas políticas, a los diferentes sectores nacionales y a la comunidad internacional. Una actitud contraria arriesgaría la gobernabilidad democrática porque los problemas son abismales, los recursos muy escasos y las aspiraciones ciudadanas bastante profundas.

Al cierre del quinquenio 1999-2004, los desacuerdos entre los partidos y el presidente eran intensos. Esa condición allanó el camino para que su sucesor hiciera lo contrario desde la campaña presidencial. Aunque mucho de la estrategia para alcanzar la presidencia en 2004 se basó en la difusión del miedo ante un eventual triunfo de la izquierda, los mensajes de conciliación no se hicieron esperar. La oportunidad parece repetirse para los distintos presidenciables en el 2014. En la actualidad existe un acentuado ambiente de polarización política y en consecuencia los electores muy probablemente privilegien la opción que demuestre una muy clara capacidad para concertar. No conviene por lo tanto un lenguaje al estilo venezolano, donde los contrincantes se amenacen, las ofensas abunden y las soluciones a las necesidades ciudadanas sean escasas.

Con este objetivo en mente, los candidatos deberían preparar desde ahora la fertilidad del terreno para la construcción de los consensos. En sus respectivos planes de trabajo tendrían que ocupar un lugar privilegiado ideas relacionadas con la institucionalidad adecuada para fomentar acercamientos entre empresarios, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, profesionales y consumidores, entre otros. Continuar con la polarización como estrategia para aumentar la popularidad no es buen negocio. Tampoco es buena idea alimentar la confrontación social y promover la lucha de clases porque esa actitud ahuyenta la inversión, atrinchera posiciones e impide la identificación de coincidencias mínimas en los grandes temas nacionales.

Los contendientes en esta campaña están conscientes que el electorado salvadoreño ha madurado. Saben que aunque voten millones, son unos cuantos miles los que probablemente decidan la elección. También reconocen que ese segmento está mejor informado, es más crítico, se inclina por el pragmatismo y no congenia con las posiciones ideológicas. Por esta razón los aspirantes cuidan muy bien sus mensajes y se apresuran a respaldar todos aquellos temas que identifican como aglutinadores de la voluntad popular. Un buen ejemplo es el del respeto a la institucionalidad y más específicamente a las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Sin excepción, los tres principales candidatos han expresado su sumisión al principio republicano de división de poderes. Sin embargo llama la atención que los partidos por los que se han postulado ahora pretenden celebrar una Asamblea Constituyente para cambiar la carta magna porque según sus voceros el orden político que ésta contiene ya no responde a la realidad de la Nación en el Siglo XXI.

Esas son las contradicciones que hacen perder votos. Y esa es la razón por la que se necesita un compromiso firme de los aspirantes y sus equipos para la construcción de un gran pacto nacional. Uno que genere certidumbre y elimine las dudas sobre la postura del próximo gobierno en asuntos de estratégica importancia como la institucionalidad, la generación de ingresos, la creación de empleos, el combate a la corrupción y la recuperación de la confianza ciudadana en la sociedad política.

*Columnista de El Diario de Hoy.