En la sesión del 9 de febrero, la Corte Plena alcanzó nueve votos de los 15 magistrados para acordar que se enviara a juicio en la Cámara Segunda de lo Civil al expresidente Mauricio Funes por presunto enriquecimiento ilícito de más de 700 mil dólares, pero nuevamente se desencadenó un intenso debate y una magistrada llegó a decir que la Sección de Probidad estaba “obsesionada” contra el exmandatario.
En dicha sesión, el jefe de la sección de Probidad, Carlos Pineda, leyó al pleno el informe final del caso Funes, luego de dar un plazo de tres días al exmandatario para que diera sus argumentos para desvanecer los señalamientos.
Nuevamente, los magistrados Leonardo Ramírez Murcia y Paula Velásquez volvieron a insistir con argumentos en contra, pero esta vez se les sumaron los magistrados Ovidio Bonilla y Doris Rivas Galindo.
La magistrada Velásquez llegó al punto de calificar a la Sección de Probidad como “obsesiva porque se están haciendo señalamientos (a Funes) antes, durante y posterior a su período presidencial”.
Entre las demás objeciones de los magistrados esgrimieron está que, la segunda versión del informe de Probidad, incluía la objeción a investigar a miembros de la familia de Funes, como su hijo Diego, y un préstamo que habría sido adquirido por Regina Cañas, madre del joven, como justificación para la compra de ocho vehículos.
“Yo sí quiero razonar mi voto. Primero se cuestiona aquí que en la declaración de Probidad inicial no se dijo nada con respecto a las cantidades de dinero que la señora Cañas había proporcionado a su hijo. Esto es importante tomando en cuenta que quien estaba dando su declaración de Probidad era el expresidente Funes, y no la señora Regina Cañas. Por eso esta información diría yo que se introdujo después que se le escuchó (a Funes)”, sostuvo Velásquez.
Por su parte, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, sostuvo que será en la siguiente instancia judicial, en la Cámara Segunda de lo Civil, donde se debería establecer si el contrato es falso o no.
“Si es auténtico o un contrato simulado, no corresponde a nosotros investigarlo sino que remitirlo a la Cámara de lo Civil”, sostuvo.
En tanto, el magistrado Belarmino Jaime aseguró que la Constitución da la pauta para que se pueda investigar al funcionario y a su círculo familiar. “Para determinar dicho aumento del capital, los ingresos del funcionario, empleados y cónyuge y sus hijos se consideran en conjunto... Si aquí la Constitución da la base para eso, si no olvidémonos de lo que dice la Constitución”, consideró.
Otro de los puntos que los magistrados habían objetado era la parte donde el abogado Fabio Castillo advierte que Funes le debía $17 mil de un préstamo durante la campaña presidencial.
Ramírez Murcia sostuvo que no hay registros ni recibos que respaldaran un préstamo formal, sino que se trató de un trámite “sólo de palabra”. “Eso más me suena a mí (como) un problema de chambre, pleitos entre ellos. Y Probidad se está viendo sorprendida por esa cuestión. Creo que el punto es cuál es en esencia la suma que pueda decirse sólidamente no lo puede justificar”, señaló el funcionario.
Los magistrados también argumentaron que la sección de Probidad había fallado al incluir los $121 mil en cheques recibidos por Funes de la sociedad Multimedia, que según Hacienda, no había reportado ganancias. Estos funcionarios alegaron que Funes logró desvanecer este hallazgo y que la sección debía ser más cuidadosa en su análisis.
Lamentaron votación
Antes de votar, el magistrado Ovidio Bonilla sostuvo que no votaría para enviar a juicio al mandatario, en vista de que tenías dudas porque la Sala de lo Constitucional suspendió los efectos de la recién aprobada Ley de Probidad.
“Mientras yo tenga la duda no acompañaría con mi voto, sobre la vigencia de la ley y sobre los hechos que se le atribuyen (al expresidente) antes y después de la toma de presidente”, aseveró.
Luego de aprobado el informe, la magistrada Rivas Galindo tomó la palabra y explicó por qué razonaría su voto: “Que quede en acta, por favor, que no es que no me esté oponiendo a la corrupción. Es que aquí debería de ser algo consensuado, pero es que aquí no se respeta lo que los magistrados dicen, sino que hacen lo que ellos quieren. Así que quede sentado que no es que me esté oponiendo”, justificó.
En ese mismo espacio, Ramírez Murcia reprochó que “no se dio el tiempo necesario” para analizar el tema.
“Debió haberse dado un poco de tiempo para seguir depurando esa información hubiese ayudado a acercar un poco más las decisiones, pero como se dijo antes, este es un asunto de democracia. Así funcionan las cosas”, señaló.
Al final, los magistrados que no dieron sus votos para enviar a Funes a juicio fueron: Ovidio Bonilla, Doris Rivas Galindo, Elsy Dueñas Avilés, Óscar López Jerez, Leonardo Ramírez Murcia y Paula Patricia Velásquez.