Antes de enviar a juicio al expresidente Mauricio Funes por presunto enriquecimiento ilícito de más de 700 mil dólares durante su gestión, la Corte Suprema de Justicia tuvo que enfrentar una serie de argumentos dilatorios de algunos de sus miembros como que “había que afinar el procedimiento” o llegar al extremo de desacreditar el informe presentado por la Sección de Probidad.
A esto se agregaron objeciones porque no estaba presente uno u otro de los miembros del pleno o que había que darle más tiempo para justificarse o que no se podía discutir el caso de un hijo del exgobernante, que llegó a la presidencia en 2009 por el partido FMLN.
Esto es lo que se puede concluir tras analizar las transcripciones de las reuniones de los 15 magistrados en las cuales se discutió el caso, las cuales fueron obtenidas por El Diario de Hoy invocando la Ley de Acceso a la Información Pública.
El máximo tribunal decidió finalmente ordenar la apertura de un juicio por presunto enriquecimiento ilícito contra Funes y su hijo, Diego. La Fiscalía posteriormente decidió incluir en la acusación formal a la exprimera dama Vanda Pignato y acusarlos por presunto enriquecimiento ilícito de 728 mil dólares.
Pero no fue fácil, como se desprende de la discusión de los magistrados, algunos de los cuales pujaban por no proceder aún contra el exgobernante.
En las transcripciones se puede observar cómo el magistrado suplente Ricardo Iglesias Herrera y su colega de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Paula Patricia Velásquez, así como los de la Sala de lo Civil, Óscar López Jerez y Leonardo Ramírez Murcia, esgrimen diferentes argumentos para desvirtuar el informe presentado por Probidad a la Corte plena, en las sesiones del 2 y 9 de febrero pasados.
Uno de los primeros trabones, en la primera sesión, fue el alegato de que no estaban presentes los 15 magistrados que forman la CSJ. Algunos de los magistrados decían que no habían leído el informe de Probidad que incriminaba a Funes, “por lo cual no podían iniciar la discusión”. Otros, incluso, aseguraron que había que “afinar” métodos en la sección de Probidad.
“Yo pediría que estemos los 15 magistrados y lo otro es que nos posibiliten el que podamos leerlo, al menos leer lo que hoy se nos presenta, por eso insisto en que se nos postergue”, aseveró la magistrada Velásquez.
En esa misma postura se pronunció el magistrado López Jerez: “En un tiempo récord está bastante difícil poder emitir una resolución o aprobar una resolución... Yo creería que por cuestiones de sanidad y de responsabilidad que estuviésemos los quince”, acotó.
Ante las distintas negativas, los magistrados de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime y Sidney Blanco, expusieron que el tema debía ser discutido en ese momento por la importancia del caso.
“Es bien arriesgada la idea de que, ante la no presencia unánime de todos los miembros, no se pueda ver un punto; me parece que es un mal precedente y habría que darle pensamiento”, les razonó González.
Este llamado, sin embargo, se estrelló con otros argumentos para dilatar el proceso.
Pedían darle más tiempo a Funes
Los magistrados Iglesias, Ramírez Murcia, Velásquez y López Jerez se encerraron en que “se debía dar el derecho de audiencia” al exmandatario para pudiera desvanecer alguno o todos los cuestionamientos de la sección de Probidad.
“La investigación del patrimonio de los investigados debe hacerse del conocimiento de ellos, nos guste o no nos guste”, afirmó Ramírez Murcia.
A medida que avanzaba la discusión y que los magistrados esbozaban distintos argumentos jurídicos, la posición de ese grupo se volvía más férrea. “Es importante que la persona tenga conocimiento y se pueda manifestar, independientemente... ¿Qué cuesta mandarlo a oír por cinco días, por ejemplo? ¿Qué perdemos?”, acotó la magistrada Dafne Sánchez, basándose en argumentos técnicos jurídicos.
Pero el magistrado Blanco les recordó que al expresidente ya se le habían concedido su derecho de audiencia cuando la sección de Probidad le previno o advirtió algunas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales que Funes debía subsanar.
“La comisión (de Probidad de la CSJ) considera que no es necesario en este caso concreto conceder derecho de audiencia, primero porque ya tuvo participación en la fase administrativa (Probidad)”, enfatizó el magistrado Blanco.
No obstante, su colega Iglesias insistió: “Mire, yo creo que sí es necesario dar audiencia, por lo delicado de este tipo de casos. En este caso sí se tiene que dar audiencia a mi juicio”.
Y, más adelante, remarcó: “Les digo que yo no estoy preparado para fallar en el tema, la audiencia (a Funes) creo que es necesaria”, sostuvo.
En tanto, el magistrado González insistió en que no se estaba violando la Constitución. “Yo estoy absolutamente seguro de que en la lógica del derecho de audiencia del artículo 11 de la Constitución no se viola”, aseveró.
Ante esto, Iglesias puso en duda los procedimientos establecidos, e incluso llegó a señalar que tenía “dudas procedimentales”.
“Hay que tener muchísimo cuidado con procedimientos constitucionales porque, a la larga aunque sea una medida cautelar tienen impactos irreversible... Yo preferiría ser más prudente, en lo personal, y sí dar el derecho de audiencia”, aseveró.
“Afinar el método”
En momentos en que el debate no tenía salida, el magistrado Ramírez Murcia, uno de los que más criticaba el informe sobre Funes, pidió a los demás una “reflexión” y que “afinemos un método menos violento”. “No se trata de favorecer a nadie, se trata solamente de afinar el método y en alguna medida autocontrolarnos”, acotó.
Otra de las magistradas, Sandra Luz Chicas, también reforzó los argumentos de sus colegas y aseguró que se debe tener “cuidado con los efectos y consecuencias” de aprobar el informe de Probidad y enviar a juicio al exmandatario, ya que, a su juicio, en los casos del exdirector del Seguro Social, Leonel Flores Sosa, y el diputado Reynaldo López Cardoza no se otorgó derecho de audiencia para desvanecer los señalamientos, antes de enviarlos a juicio a la Cámara Segunda de lo Civil.
Concluido este debate, el presidente de la Corte Suprema, Óscar Pineda, sometió a votación si se llamaba a exmandatario para que, en un plazo de cinco días hábiles, presentara sus argumentos ante la sección de Probidad.
Antes de que el presidente del Órgano Judicial llamara a un receso para que el tema fuera discutido por la tarde, algunos magistrados hicieron los últimos intentos para que el tema no fuera discutido ese mismo día.
“Yo no entiendo por qué habrá que correr y que podamos equivocarnos por la prisa que llevamos. Sugiero que lo veamos en sus tiempos, el próximo jueves”, volvió a sugerir la magistrada Paula Velásquez. De la misma forma, su colega Óscar López Jerez volvió a secundarla.
Al final, el receso fue ordenado y ya por la tarde, los magistrados conocieron el informe de la sección de Probidad en voz del jefe de dicha unidad, Carlos Pineda.
“Más objeciones”
Al escuchar el informe de la sección de Probidad, los magistrados que insistían en postergar el estudio del caso, volvieron a esgrimir argu mentos para no votar por el informe.
Esta vez aseguraron que el informe de la sección de Probidad incluía ingresos que habían sido obtenidos por Funes antes y después de su mandato, por lo que no debían figurar en el informe. “Ha considerado cantidades en donde aparecen irregularidades antes de que él fuera presidente y posteriormente a su cese de funciones”, defendió la magistrada Velásquez.
A modo de conclusión, el magistrado Ricardo Iglesias volvió a señalar que la sección de Probidad estaba haciendo un trabajo importante, pero que esto demostraba que “hay que seguir afinando los procedimientos”.
A medida que la discusión avanzaba, el magistrado Leonardo Ramírez Murcia recurrió a un nuevo argumento: que el documento de Probidad que esta en discusión se trataba de un borrador.
“Los distinguidos compañeros de la comisión de Ética y Probidad no me dejarán mentir o por lo menos recordarán que se dijo que ese era un borrador, incluso hicimos una breve discusión, tres o cinco minutos, donde dijimos: ‘Nombre, pero es que hay que ponerle acá borrador, hay que imprimirla con el concepto de borrador’”, aseveró Ramírez Murcia.
Por otra parte, el magistrado sostuvo que el monto del supuesto enriquecimiento ilícito señalado al ex mandatario era “dudoso”, pues a su juicio debían separarse los montos encontrados.
“Debe quedar claro cuál es el concepto de enriquecimiento ilícito y cuál es el concepto de dinero recibidos”, señaló.
Antes estas declaraciones, el magistrado Florentín Meléndez dijo darse por satisfecho con el informe. “Para mí en lo personal, la información y el informe muy detallado, técnico, puntal que se ha hecho, con todas las preguntas que le hicimos, me deja satisfecho con la primera versión que yo tenía de este informe”, consideró.
Meléndez afirmó que por más que se le diera a Probidad tiempo para encontrar otros detalles sobre el patrimonio de Funes, debía ser la Cámara de lo Civil la que se encargue de determinar si hay indicios o no para acusarlo de enriquecimiento ilícito.
En ese sentido, Blanco sostuvo que desde el momento que Funes evacuó las prevenciones que le hiciera Probidad, el exmandatario agotó el derecho de participación en la etapa administrativa del proceso.