El retiro del rótulo de Mossack Fonseca del local que ocupa en el Paseo General Escalón y pasaje La Ceiba obligó a la Fiscalía General a adelantar el registro de sus oficinas ayer tarde por sospechas de que algo irregular podría ocurrir en las mismas.
“A raíz de las indagaciones y seguimiento que hicimos esta semana, y le hemos estado dando seguimiento a este local, los investigadores detectaron que ayer (jueves) por la noche, removieron el rótulo de Mossack Fonseca El Salvador y a raíz de eso decidimos intervenirlo y allanar este lugar”, dijo el Fiscal General Douglas Meléndez, quien se presentó a supervisar el registro que efectuaban los agentes auxiliares en compañía de policías.
Sin embargo, los encargados de la oficina aseguraron a los fiscales al momento de intervenir el local que habían retirado el rótulo porque se estaban trasladando de edificio.
El allanamiento a las oficinas de Mossack Fonseca, empresa ligada al caso conocido como Panamá Papers, forma parte de las investigaciones que ha ordenado la Fiscalía General para verificar si las empresas salvadoreñas registradas a través de dicha firma se hicieron dentro del marco legal internacional.
“Nosotros vamos hacer una investigación dentro del marco legal, si bien consideramos que estas empresas (offshore) han sido creadas dentro de un marco legal internacional, pero estamos obligados a investigar”, dijo Meléndez durante el allanamiento.
El Fiscal pidió a los bufetes que habrían prestado servicio a estas empresas “offshore” que colaboren con la información que requiera la Fiscalía porque “nosotros lo vamos a citar, pero que no vayan a cometer un error de ocultar información”.
Meléndez fue claro en señalar que es muy prematuro comenzar a establecer si existe delito que investigar dentro de la información que pueda recabar la Fiscalía, porque apenas comienzan las indagaciones.
“En este momento no se puede hablar de qué delito, lo que sí es que vamos a incautar esta información para examinarla desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista legal”, dijo Meléndez.
El jefe del Ministerio Público explicó que la sociedad Mossack Fonseca El Salvador fue inscrita el 29 de septiembre de 2014 en el Registro de Comercio, por Francisco José Serarols Vela, en representación de las empresas panameñas Dubro Limited y Aliator.
Como representante legal de la oficina de Mossack Fonseca en El Salvador fue designado el salvadoreño Rubén Alonso Hernández Ventura y como representante suplente el panameño Josette Roquebert.
Tanto Hernández Ventura como Roquebert no se encuentran en el país, según el fiscal Meléndez y de acuerdo con los registros migratorios, los dos salían con frecuencia hacia Panamá desde el año de 2013.
De acuerdo con el registro, la firma se dedica a la “obtención, administración y procesamiento de información y documentos generados por cualquier cliente del grupo Mossack Fonseca, alrededor del mundo, es decir, apoyo del tipo Back Office”.
Meléndez dijo que decomisar on alrededor de 20 computadoras con sus respectivos servidores y además alguna documentación que podría servir en las investigaciones y que serán analizadas por los investigadores.
Al momento de ingresar a las oficinas, policías y fiscales encontraron unos siete empleados, quienes en su momento podrían ser llamados a declarar como testigos, explicó el fiscal Meléndez.
Ante la información procedente de Panamá de que 33 salvadoreños que podrían estar ligados al caso, el fiscal Meléndez aseguró que por el momento “no podría adelantar más información... estamos en la parte inicial de la investigación” justificó el funcionario.
Agregó que se busca más información de la que ya han obtenido para poder definir la línea de investigación y posibles sospechosos.
Pero no solo las oficinas de Mossack Fonseca fueron allanadas, sino también dos casas de Hernández Ventura, quien permanece más tiempo en Panamá que en El Salvador. Las dos viviendas que se pretendían registrar se encuentran arrendadas por Hernández Ventura, dijo el fiscal.
Mismo local fue allanado en el 2012
Meléndez dijo que la Fiscalía General de la República allanó el mismo local en el 2012 por una investigación de evasión de impuestos por un monto de 199,800 dólares.
En esa oportunidad fue capturado José Mauricio Alas Ramos, quien fue condenado a 10 años de prisión, cuya pena fue ratificada el año pasado por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El Fiscal General dijo que investigan si en esa oportunidad ya funcionaba la sociedad Mossack Fonseca en ese local o si la persona condenada tenía algún tipo de relación con la firma panameña involucrada en la investigación.
México investiga a 33 señalados
De acuerdo con el periódico El Universal, las autoridades mexicanas también están investigando a 33 personas vinculadas a los llamados Papeles de Panamá para determinar si incurrieron en una evasión fiscal o delitos financieros según informó el jefe de la autoridad tributaria de ese país.
“De esos 33, hay 18 que ya están en proceso de auditoría abierta desde antes de esta investigación”, dos son de personas que tienen que ver con casos internacionales, destacó Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria.
El periódico mexicano cita que todos los gobiernos de todo el mundo están indagando filtraciones de más de 11.5 millones de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, especializado en crear empresas en paraísos fiscales, que mostraron cómo políticos y personajes públicos han evitado el pago de impuestos según informó la agencia Reuters que cita el periódico.
Los documentos, en los que se menciona a varios empresarios mexicanos, surgieron de una investigación publicada el domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas De Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) y más de un centenar de otras organizaciones de noticias del mundo.
“Estamos haciendo una revisión interna (de 33 personas) (...) y algunas de ellas ya tienen auditorías abiertas por temas anteriores”, dijo Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la cadena Radio Fórmula.
El funcionario explicó que si sus recursos son de procedencia lícita, las personas pueden obtener perdón si regresan sus capitales al país, pagan sus impuestos y destinan sus fondos por los menos tres años a inversión productiva.