Cien millones de dólares más en calidad de préstamo para combatir la inseguridad fueron aprobados ayer por unanimidad en la Asamblea Legislativa. Estos fondos se sumarán a otros $170 millones en deuda que el Congreso ya había avalado al Gobierno en diferentes momentos para el mismo fin y de los cuales solo han ejecutado $100 mil, cuestionó ARENA.
El nuevo financiamiento es de un préstamo con el Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE) para el “Programa Especial de Seguridad Ciudadana en El Salvador (Pesces)”, pero en el dictamen respectivo sólo menciona que el dinero servirá para reforzar las capacidades de la Policía en “materia de combate y persecución del delito”.
Añade que los fondos ayudarán al fortalecimiento de la investigación criminal, de la operatividad policial, a aumentar la presencia de los agentes en el país y dotar a la Policía de infraestructura propia, para garantizar las condiciones adecuadas “para el desarrollo de las funciones de seguridad ciudadana”.
La bancada legislativa de ARENA respaldó con sus votos la petición del Ejecutivo, no sin antes hacer ver que es obligación del Estado dar cuentas claras de cómo ejecutará el dinero del préstamo.
De hecho, el diputado arenero Mauricio Ernesto Vargas informó que en los próximos días van a presentar en la Asamblea un decreto para crear el Fondo de Seguridad y Estabilidad de la Violencia.
“Vamos a pedir reglas claras, vamos a pedir que se evite la discrecionalidad de los funcionarios y que utilicen de esa manera la asignación y ejecución de los recursos”, aseguró Vargas, quien también cuestionó la “ineficiencia” con la que el Gobierno ha ejecutado los fondos de otros préstamos que también se aprobaron para combatir la inseguridad.
Vargas sentenció al Gobierno de que no ponga como “pretexto” la emergencia por la inseguridad para pedir más dinero en préstamos, algo que él calificó de “extorsión”.
El Gobierno cuenta con más de $170 millones para invertirlos en programas carcelarios y de prevención de distintos empréstitos, de los cuales solo han podido ejecutar $100 mil, según el diputado Donato Vaquerano, de ARENA.
La diputada tricolor Ana Vilma de Escobar enfatizó que “la pelota ahora está en la cancha” del Gobierno de cumplir que esos fondos se utilicen para lo que han sido aprobados.
De Escobar señaló que debido a que en el marco de las medidas extraordinarias contra la inseguridad se pueden hacer contratos de forma directa, esperaría que la asignación de dinero para la adquisición de servicios o productos no se vaya a prestar a discrecionalidades del Gobierno.
El aval de más deuda llega en momentos en que la Asamblea le ha autorizado al Gobierno $71 millones de un préstamo con el BCIE en 2013 y que el Ejecutivo pidió en ese año para reducir el hacinamiento carcelario que, según cifras oficiales hasta el año pasado, superaba el 300 % de la capacidad real de la infraestructura de los penales.
El Gobierno explicó en su momento que los $71 millones serían para ampliar los centros penales de Izalco, en Sonsonate, y para el fortalecimiento del programa de las granjas penitenciarias de Sonsonate y Santa Ana, con lo que estarían creando espacio para recluir a 13,380 presos.
Otro de los fines que planteó el Gobierno para ese dinero era la compra de brazaletes electrónicos con un sistema de localización satelital, los cuales serían colocados a unos 2,000 reclusos que gozan del régimen de fase de confianza y semilibertad, y que les permitiría a las autoridades de Centros Penales tener un mejor control sobre ellos, pero los brazaletes aún no han sido adquiridos, ni siquiera lo han sometido a licitación porque falta reformar la ley penitenciaria.
A esos fondos se suman otros $22.2 millones provenientes de la cooperación alemana que servirían para fortalecer el programa de Espacios Seguros de Convivencia de Jóvenes, aprobados en abril de 2015. Seguridad Pública también dispone de $45 millones provenientes de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el “apoyo integral de la estrategia de seguridad”.
Además de eso, esa cartera de Estado tuvo un alza en su presupuesto anual para 2016 de $12.3 millones en relación con el asignado en 2015, lo que implica que este año el ministerio de Seguridad dispone de $442.3 millones.