El peor desacierto del actual gabinete de seguridad ha sido tratar de engañar a la ciudadanía, ya que con ello erosionó la confianza y esperanza que muchos depositaron en sus titulares cuando fueron nombrados. Manuel Melgar, durante su gestión al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, favoreció los intereses ideológicos y políticos de su partido en detrimento del criterio técnico, con lo que debilitó significativamente la seguridad pública salvadoreña y, en consecuencia, propició que las estadísticas de homicidio alcanzaran los niveles más altos de los últimos diez años.
El relevo de Melgar y su séquito, por lo tanto, fue interpretado por muchos como una oportunidad para revertir la dinámica que durante su administración había prevalecido, eliminando la descomunal influencia política dentro del aparato de seguridad y fundamentando su dirección en criterios técnicos. Las nuevas autoridades fueron recibidas con mucho entusiasmo por la ciudadanía y el equipo comunicacional del Ministerio de Justicia, en respuesta, explotó y magnificó este sentimiento colectivo, concentrando el discurso y las propuestas oficiales en medidas en extremo represivas.
El apoyo de la ciudadanía, generado a base de disertaciones y ofertas populistas, con poco sustento técnico, se desplomó hace un año, cuando se puso al descubierto el plan del Gobierno de negociar con estructuras criminales una reducción en la cantidad de homicidios, mientras mantenía una imagen pública diametralmente diferente en la que favorecía el combate frontal de la criminalidad. La falta de credibilidad de la que adolecen los actuales funcionarios de seguridad, generada por este engaño, es irreversible.
Manuel Melgar y David Munguía Payés han dirigido el aparato de seguridad sin ningún interés por resolver el complejo problema de inseguridad que abate al país, sólo aparentarlo. Ambos funcionarios tenían objetivos diferentes, alejados de los de la ciudadanía. Sin embargo, este enfoque parece trascender la esfera de control de dichos titulares.
Un simple análisis de las cifras publicadas en el sitio http://www.transparenciafiscal.gob.sv sobre el presupuesto asignado al sistema de justicia penal, evidencia el desinterés de este Gobierno por controlar la criminalidad en El Salvador. Según dichos datos, el presupuesto de la Fiscalía General de la República programado para el 2013, representa una disminución del 6% al contrastarlo con el del 2009. Dicha institución, de acuerdo a los montos publicados, ha experimentado una reducción anual promedio de 1% en su presupuesto durante los últimos cuatro años.
Los presupuestos para el 2013 del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y el Órgano Judicial, por otro lado, reflejan incrementos de 19% y 26%, respectivamente, en comparación con los del 2009, reportando incrementos anuales promedio de 4% y 6%, correspondientemente, durante los últimos cuatro años. Durante el 2009, el presupuesto de la Fiscalía representó el 8% del total asignado al sistema de justicia penal y en el 2013 representa sólo el 6%.
Las cifras, en consecuencia, indican que mientras las demás instituciones se han fortalecido financieramente en los últimos cuatro años, la encargada de investigar y perseguir los delitos es la única que ha experimentado recortes significativos en su asignación presupuestaria. Esto es inexcusable al considerar que incluso la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal le confiere más responsabilidades a la Fiscalía y exige mayor eficiencia en el trabajo investigativo.
Las explicaciones ofrecidas por analistas en seguridad sobre esta negligencia, son preocupantes y delicadas. Es necesario iniciar un debate sobre posibles reformas a la normativa jurídica vigente, con el objetivo de lograr que la Fiscalía General de la República logre independencia financiera, dificultando así que su trabajo sea influenciado o afectado de forma negativa como consecuencia de su sumisión presupuestaria.
*Máster en Criminología y
Ciencias Policíacas.
@cponce_sv