Aumentar la pena para el delito de homicidio simple y allanamiento de morada son parte de las nuevas reformas al Código Penal que el Fiscal General, Douglas Meléndez, presentó este martes al Ejecutivo.
La propuesta contiene reformas al Código Penal que pretenden incrementar las penas para algunos delitos y otras ocho reformas a procedimientos de investigación, en materia Procesal Penal, Penal Juvenil, Extinción de Dominio y Ley contra Actos de Terrorismo.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Fiscalía General de la República (FGR), el titular del Ministerio Público busca recuperar territorios y proteger a los ciudadanos.
Según el Ministerio Público, entre los nuevos delitos planteados por el Fiscal General se encuentra la limitación ilegal a la libertad de circulación, penalizada entre seis a 10 años y que consiste en procesar a aquella persona que por amenaza o intimidación impida a otros circular libremente, ingresar o permanecer a un territorio.
En relación al acoso y coacción que realizan los pandilleros en los Centros Escolares a estudiantes para que ingresen en esos grupos delictivos, el Fiscal General propone la modificación de tres delitos para proteger a la población estudiantil. La propuesta incluye el nuevo delito de Tráfico Ilícito de Armas de Fuego y otras figuras delictivas complementarias.
También se plantea elevar los años de cárcel por los delitos de homicidio simple, allanamiento de morada y el hurto de energìa eléctrica, sobre todo cuando estos hechos sean cometidos por dos o más personas que sean miembros de grupos criminales.
Un tema que desde ya generará debate es la reforma al tratamiento que se da en los tribunales a menores que cometen delitos. El Ministerio Público pide que el tiempo en que se detiene a menores sea más extenso.
Además, se pretende reformar el proceso de investigación en materia Procesal Penal, Penal Juvenil, Extinción de Dominio y Ley contra Actos de Terrorismo. En este punto, Meléndez ha explicado que la privación de libertad para menores de edad por orden fiscal y la restricción migratoria para cualquier persona que esté siendo procesada debe ser hasta por un plazo de 30 días.