Normativas como la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, aprobada en 2006 por la Asamblea Legislativa, no son aplicadas por el gobierno. Así lo cuestionaron varios diputados en el contexto de las nuevas medidas contra las pandillas que el Ejecutivo ha lanzado y otras que se prevé se implementen en los próximos días para combatir la inseguridad a nivel nacional.
El diputado de ARENA y exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Rodrigo Ávila, ha sido uno de los más críticos en este punto y ayer otros legisladores como Antonio Almendáriz, del PCN; y Guillermo Gallegos, de GANA, recordaron que existen leyes que se crearon para contrarrestar la expansión de las maras y castigar con mayor rigor a los cabecillas de pandillas que usen a menores de edad para cometer crímenes.
“¿Por qué nunca se ha usado lo que dice la ley contra pandillas y agrupaciones ilícitas? Nunca he visto que se agrave cuando lo hacen cabecillas de usar a menores...”, recriminó Almendáriz.
Lo anterior surgió a raíz de la discusión entre los diputados de sobre juzgar a los menores de edad como adultos, debido a que muchos de los delitos son cometidos por jóvenes que oscilan entre 12 y 17 años.
Aunque críticos, cada diputado tiene una visión distinta de cómo abordarlo.
Gallegos aboga, por ejemplo, que se denuncien los tratados internacionales para reducir la mayoría de edad (18 años) para juzgar a una persona, para que ese segmento que cometa crímenes enfrente la justicia como un adulto.
Pero para el diputado del FMLN, Misael Mejía, esa medida no es una solución de corto plazo que abone a reducir el índice delincuencial. Según dijo, eso implica reformar la Constitución de la República, para lo cual se requiere la aprobación de la presente legislatura y que la ratifique la próxima que inicia en 2018.
Mejía explicó que el viernes se reunirá la Comisión de Seguridad de la Asamblea con el vicepresidente Óscar Ortiz, con el fin de analizar el nuevo paquete de medidas extraordinarias que contempla comités de defensa ciudadana en Morazán y Chalatenango, sitios que, dijo, aún no están salpicados por las pandillas; rescatar a los niños y jóvenes que no estudian ni trabajan, que sea obligatorio un cierto nivel educativo, así como sanciones a los padres que no colaboren con lo anterior.