En los últimos años, se observa un nuevo foco de tensión que amenaza la consolidación democrática de algunos países de América Latina: el respeto a una justicia independiente tanto en el plano internacional como en el nacional. Lo anterior se refleja en casos donde, ante un fallo judicial, la parte desfavorecida no sólo se resiste a acatar la decisión de los jueces, sino que realiza esfuerzos por deslegitimar su jurisdicción e incluso destituirlos. Con ello se debilita el Estado de Derecho mismo, elemento necesario si se aspira a una democracia de calidad.
En el ámbito internacional, luego del fallo de la Corte de La Haya en el conflicto territorial entre Nicaragua y Colombia, el presidente colombiano Santos, en noviembre de 2012, manifestó abiertamente su desacato al fallo de la Corte de La Haya y la renuncia de su país a la jurisdicción de dicho tribunal. Un mes después, en Honduras, el Congreso destituyó a cuatro jueces de la Corte Constitucional por haber declarado inconstitucional diversas reformas impulsadas por el presidente Lobo. Sin embargo, el caso más emblemático corresponde a las crisis originadas en El Salvador entre 2011 y 2012 por la Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo.
Entre 2010 y 2012, la Sala de lo Constitucional salvadoreña había dictado diversos fallos que ocasionaron un discurso de repudio por parte de la mayoría de diputados y del mismo presidente; entre los cuales destacan la eliminación de transferencias presupuestarias del Ejecutivo sin control legislativo, la habilitación de candidaturas no partidarias y la expulsión del sistema de listas cerradas y desbloqueadas en elecciones de diputados, etc. Ante tal escenario, los diputados aprobaron un decreto para frenar la operatividad de la Sala de lo Constitucional al exigir unanimidad en sus resoluciones, eligieron de forma anticipada a nuevos magistrados para desarticular a dicha Sala, crearon una comisión de investigación en la Asamblea Legislativa para abrir procesos de destitución de los magistrados, acudieron a una instancia regional sin jurisdicción alguna en el tema, entre otras acciones. Si bien todas estas iniciativas fueron respaldas por el presidente Funes, que incluso llegó a negar la publicación de los fallos constitucionales en el Diario Oficial, finalmente fueron declaradas inconstitucional por la misma Sala, que sobrevivió a las crisis gracias al amplio respaldo de la sociedad civil y a la presión de la comunidad internacional.
Pese a lo anterior, cabe destacar aquellas situaciones donde se ha favorecido al Estado de Derecho y por ende al régimen democrático. Respecto al caso de Chile y Perú sobre sus controversias limítrofes iniciadas el año pasado en La Haya, ambos países han declarado anticipadamente su acatamiento a la decisión final que se tome. Asimismo, en las últimas elecciones presidenciales de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad denegó la candidatura de la entonces primera dama Sandra Torres en 2011; decisión que fue respetada por el mismo oficialismo. Por tanto, si bien se observan casos de resistencia a la independencia judicial, también se registran situaciones a su favor que podrían deberse a un mayor grado de cultura política o de democracia actitudinal de sus gobernantes.
La aspiración de vivir en democracia originó un Siglo XX caracterizado por convulsiones sociales que derivaron en transiciones más o menos ordenadas o en conflictos armados. No obstante, se logró consensuar un aspecto mínimo de la democracia: elecciones libres y plurales. De la experiencia de algunos países, se colige que aún no existe consenso en un segundo elemento indispensable: el respeto a una justicia independiente y contralora del poder. De allí que para asegurar la consolidación democrática, y fortalecer así la estabilidad política de la región, deban atenderse tales tensiones cuanto antes. Una solución podría encontrarse en la misma comunidad internacional –específicamente en la Carta Democrática Interamericana– al insertar nuevos mecanismos ante golpes técnicos a los órganos judiciales. Para ello, no es suficiente esperar la buena voluntad de las élites actuales, sino que resulta imperativo crear conciencia desde la ciudadanía sobre el valor de la independencia judicial en la democracia
*Investigador de estudios políticos.