Hasta hace poco, cuando se tenía necesidad de comprar medicamentos, uno iba a la farmacia, pedía su medicina, preguntaba cuánto era con descuento, la compraba y se marchaba tranquilamente. Sin embargo, igual que en esas dolencias que por ser asintomáticas se llaman "enemigos silenciosos", no nos dábamos cuenta de que el sistema de comercialización de medicamentos en el país estaba enfermo.
Los precios estaban hipertrofiados, desmesuradamente crecidos. Pero como no teníamos punto de comparación, nos parecía lo más normal del mundo. Con excepción de unos pocos, nadie se daba cuenta de que las cosas no andaban bien. Hasta que vinieron a despertarnos.
Primero se escucharon retumbos lejanos, intentos de regulación de precios y de ajuste de impuestos a los medicamentos, pero nada que terminara en hechos. Hasta que se hizo realidad: se promulgó la Ley de Medicamentos, y desde hace un par de semanas entró en vigencia.
En el ínterin fuimos siendo "informados" por la propaganda. Se nos fue educando para que "entendiéramos" que todo se hacía para el beneficio de la población --y en contra de empresarios avaros y malvados--; nos explicaron cómo funcionarían las cosas a partir del cuatro de abril, cómo los precios serían "justos", y las medicinas de calidad… aunque se tratara de medicamentos genéricos de cuya calidad y bioequivalencia nunca se discutió seriamente.
Todo bien, aunque al cabo de pocos días de haber entrado la Ley en vigencia, parecería que a la enfermedad principal: esa hipertrofia crónica de los precios, se le añadieron otras dos: una disminución aguda de disponibilidad en algunos casos, y dudas de la capacidad de los genéricos para sustituir exitosamente los medicamentos que remplazan.
Se están dando, además, algunos efectos secundarios, sobre los que da la impresión de que la Ley puede hacer poco. Por ejemplo: varios comerciantes, al ver restringidos los precios en que pueden vender los productos regulados, y por tanto limitada su ganancia, han optado por aumentar precios en los productos no regulados, disminuir las cantidades en que éstos se despachan, o ambas.
Además, ante la solicitud de medicamentos de los clientes, algunos vendedores, ofrecen al paciente el producto que más ganancia económica les trae, que no necesariamente es el más eficaz ni el más barato… con lo cual los usuarios salimos perdiendo. Sin hablar del mercado negro que, si siempre ha existido, ahora tiene más razón de ser; ni de la desaparición de los descuentos en las farmacias.
Se dan paradojas como que algunos productos farmacéuticos salvadoreños son bastante más baratos en el extranjero, pues al no estar regulados por la Ley en El Salvador, su precio en lugar de disminuir, ha aumentado como compensación para los comercializadores.
No sé si el lector ha intentado llamar al teléfono que la Dirección Nacional de Medicamentos ha puesto a disposición: es una gran suerte que a uno lo puedan atender, no sé si porque tienen pocos operadores o demasiadas llamadas… O consultar en línea la lista de medicamentos regulados, que no se presenta en orden alfabético y hace muy difícil encontrar una medicina entre las otras cuatro mil quinientas que allí aparecen.
Un día de estos, escuché un programa radial de ayuda a la comunidad, al que muchas personas llaman para que se les ayude a resolver problemas relacionados con asuntos ciudadanos. Me llamó la atención que casi dos de cada tres llamadas fueron para quejarse por asuntos relacionados con la nueva Ley de Medicamentos: escasez, irregularidad en los precios, disminución de la cantidad despachada, etc.
Me quedé pensando, y comparto mis reflexiones: ¿no será que por precipitación, malicia, inoperancia o falta de sentido común, estamos ante el típico caso en el que remedio podría resultar peor --en algunos casos-- que la enfermedad?
*Columnista de El Diario de Hoy.
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