Duros controles en los centros penales como la suspensión de los traslados de reos y el bloqueo de señales de telefonía en las penitenciarías fueron aprobados ayer, en tiempo récord, en la Asamblea Legislativa y, tras recibir la sanción presidencial, este día entran en vigencia.
La propuesta del Ejecutivo que tuvo el aval de todos los diputados, puede ser implementada 24 horas después de ser publicada en el Diario Oficial debido a que es un decreto transitorio, afirmó el diputado Guillermo Gallegos. “Veremos resultados a partir del domingo o lunes”, agregó.
Eso quiere decir que desde esta tarde, las autoridades pueden bloquear la señal de telecomunicaciones, los traslados de reos quedan suspendidos, se podrán restringir o suspender las visitas y recurrir al encierro en celdas especiales, entre otras medidas, en los centros penitenciarios de Chalatenango, Ciudad Barrios, Cojutepeque, San Francisco Gotera, Izalco, Quezaltepeque y Zacatecoluca.
La medida transitoria, que durará un año, tiene como finalidad asegurar la “eficacia del régimen penitenciario” ya que es desde ahí donde salen las órdenes de homicidios, extorsiones, entre otros.
En una de las medidas, se le da la potestad a las autoridades de habilitar centros temporales de reclusión, traslados de reos entre distintos centros y granjas penitenciarias, restricción de visitas, limitación del desplazamiento de los reos o cumplimiento de la pena en celdas especiales, cuando se tengan indicios de “actos de desestabilización por parte de alguna organización proscrita por la ley o que reclusos realicen actividades vinculadas a hechos delictivos”. También se contempla construir tres granjas penitenciarias, una por cada zona del país.
Además, quedan suspendidos los traslados durante la vigencia del decreto, para la realización de cualquier diligencia o audiencia judicial. En estos casos el juez o tribunal celebrará las audiencias vía virtual, o si lo considera pertinente, la realizará en el centro penitenciario.
Respecto al bloqueo de telecomunicaciones, las autoridades podrán adoptar cualquier medida, de manera permanente, para detectar tanto señales como dispositivos electrónicos.
Asimismo, se les faculta para requerir a las empresas de telecomunicaciones el aplicar las soluciones técnicas para el bloqueo de la señal.
También queda prohibida la instalación de nuevas antenas en un radio de 500 metros de los centros y granjas penitenciarias, centros intermedios y centros temporales de reclusión.
Otra de las medidas aprobadas es la facultad de las autoridades a realizar contratación directa de obras, bienes y servicios para el mejoramiento, equipamiento, funcionamiento y ampliaciones necesarias en las infraestructuras penitenciarias.
Igualmente, se avalaron facultades para suspender temporalmente o destituir a empleados penitenciarios, en casos puntuales.
El gabinete de Seguridad está en la obligación de presentar un informe mensual a la comisión de seguridad de la Asamblea para su discusión.
Respaldo unánime
Diputados de diferentes fracciones destacaron la importancia de medidas extraordinarias para combatir el crimen desde las prisiones, pero también el hecho que hayan llegado a un acuerdo unánime para ello.
El diputado y exdirector de la PNC, Rodrigo Ávila, de ARENA, afirmó que el compromiso seguirá enfilado en encontrar una solución integral contra la delincuencia en nuestro país. Agregó que estas acciones constituían un mensaje que la población quería escuchar.
“Este decreto verdaderamente es una herramienta necesaria, pero estamos reconociendo como Estado que las pandillas son una amenaza”, aseveró.
Misael Mejía, del FMLN, dijo que esperan que los resultados puedan verse en el menor tiempo posible y que si se continúa en esa ruta, unidos, el país va a tener soluciones.
“Este es el primer paso que nos puede conducir a nuevos derroteros en contra de la criminalidad”, apuntó.
Guillermo Gallegos, de GANA, dijo ver con esperanza el esfuerzo y que este es un mensaje importante para los “pandilleros terroristas” que tienen sometido al país.
“El principal problema de nuestro país son los pandilleros y hoy hemos decidido enfrentarlos como se debe... Prefiero un marero muerto que un policía, un soldado o un honrado muerto”, manifestó.
Antonio Almendáriz, del PCN y presidente de la comisión de Seguridad, afirmó que la aprobación de estas medidas es un ejemplo de la unidad que han logrado para el combate a la delincuencia y no es “politiquería”.
Rodolfo Parker, del PDC, aseveró que la población les sigue demandando trabajo y apuntó que faltará ver que va a ocurrir con los programas de reinserción.
“Esta medida de orden represivo son medidas para frenar hechos pero no para resolver el fenómeno, para eso falta mucho”, dijo.
El gabinete de seguridad junto al vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, llegaron ayer al Salón Azul para presenciar la aprobación del mismo.
Junto a los diputados, extendieron el llamado a la Corte Suprema y la Fiscalía para apoyar dichas medidas.
GOES pide otros $100 millones para seguridad
Además de pedir la aprobación de las medidas más duras para el control en los centros penitenciarios, el Gobierno introdujo en la Asamblea una petición para que se avale la suscripción de un nuevo préstamo, esta vez por $100 millones para financiar un programa de seguridad.
Según la petición, el “Programa Especial de Seguridad Ciudadana en El Salvador (PESCES)”, tiene como propósito reforzar las capacidades de la Policía Nacional Civil en combate y persecución del delito, a través de la investigación, la operatividad y la dotación de infraestructura policial adecuada.
Este contrato de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) pasó ayer a la comisión de hacienda de la Asamblea para su estudio. Si se llega a redactar un dictamen favorable el gobierno tendrá autorización para negociar el empréstito con este organismo financiero multilateral.
Al respecto la diputada de ARENA, Ana Vilma de Escobar, dijo que el tema de seguridad no solo es una cuestión de recursos financieros sino “de capacidad de administrar bien” los recursos ya disponibles, sobre todo porque existe una contribución especial a la seguridad por parte de la ciudadanía.
“El gobierno tiene fondos para la seguridad, el problema es que aun no están claros sus planes para realizar una buena implementación de los recursos”, consideró la legisladora tricolor.
Por su parte el diputado del FMLN, Rolando Mata, dice que los fondos de este préstamo se negociarán porque la Sala de lo Constitucional aun mantiene la medida cautelar sobre la emisión de $900 millones en deuda, de los cuales una buena parte son par seguridad. “Es algo urgente y necesario”, puntualizó.