“Han antepuesto la necesidad estratégica a la legalidad”, afirmó el exdirector de Centros Penales, Rodolfo Garay Pineda, respecto a las nuevas medidas restrictivas que el gobierno impulsará en los penales, para reducir la violencia y combatir a las pandillas.
Dijo que si se va a incomunicar a los reos, tendrían que someterlos a un régimen de encierro especial “y ya la Ley Penitenciaria tiene los procedimientos”.
De acuerdo con la normativa actual se tendría que declarar a los siete penales bajo ese régimen, a través de un Decreto Ejecutivo, explicó.
“Eso significa la suspensión de la visita íntima y familiar, esta última no la pueden interrumpir porque tendrían que hacer inversión en infraestructura, para evitar el contacto físico de la visita familiar (como en Zacatraz) que es mucho más difícil”, recalcó Garay Pineda.
En ese sentido, las autoridades encontrarían la dificultad frente a la realidad y la necesidad que ellos tienen.
Si la incomunicación de los reos forma parte de la política que se piensa impulsar, se deberá “reformar la Ley Penitenciaria o se tendrá que pasar sobre la Ley”, reiteró.
Aclaró que con la actual Ley Penitenciaria no se puede negar la visita familiar a los reos, porque se les estaría violentando un derecho fundamental, ya que es el único vehículo de resocialización que el interno tiene.
De no prestarle atención a esa situación, las autoridades estarían “creando más fieras que otra cosa, de ahí que tendrían dos opciones: hacer una gran inversión en tecnología o modificar la Ley, lo cual sería contradictorio ”, aclaró.
En respuesta a la infraestructura que se necesita para el encierro especial de los prisioneros, el Gobierno ha propuesto los sistemas cerrados de televisión o videoconferencia, mediante los cuales se desarrollan audiencias sin traslado de reos al tribunal.
En este caso, los internos podrían recurrir al juez de Vigilancia Penitenciaria para que éste verifique la legalidad de la situación.
Además, para someter a los reos de siete penales al régimen de encierro especial, se deben someter todos a evaluaciones técnicas, es decir el Consejo Criminológico tendría que evaluar al preso y declararlo en alto índice de peligrosidad, para poder incluirlo.
“Eso implica que tendrían que resolver de dos mil a cinco mil dictámenes y el Gobierno no tiene capacidad para hacer eso ni en un año”, afirmó Garay Pineda.
La otra vía, dijo, sería imponerles una serie de prohibiciones por decisión administrativa y sin una evaluación técnica criminológica.
Garay Pineda señaló que las autoridades no se pueden amparar en la declaratoria de emergencia, para justificar las medidas, porque estas son provisionales y el encierro especial es permanente.
Las nuevas medidas que pretenden impulsar las autoridades de turno, nunca han sido impulsadas en administraciones anteriores, dijo.
Garay Pineda afirmó que no se han implementado porque no han sido necesarias; sin embargo, aclaró que desde la administración Saca, el régimen se desordenó.
A excepción de Zacatraz, que aunque la infraestructura era para más de 400 reos, solo se mantenía con 200, estos sí habían sido evaluados por el Consejo Criminológico.