El 1 de diciembre de 2012 Enrique Peña Nieto asumió como presidente de México. Un día después sorprendía con el anuncio de un acuerdo entre los principales partidos políticos: PAN, PRD y PRI. Estos superaron sus diferencias y resolvieron 95 compromisos concretos dirigidos a "impulsar el crecimiento económico" ", empleos de calidad" y "construir una sociedad de derechos que ponga fin a las prácticas clientelares".
El acuerdo se concretó en un documento de 34 páginas. Lo denominaron Pacto por México.
El acuerdo 2 del pacto tiene por objeto el crecimiento económico, el empleo y la competitividad. Ahí asumieron los siguientes compromisos: a) fortalecer a la autoridad encargada de la defensa de la competencia (Comisión Federal de Competencia); b) crear tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones; y c) impulsar la competencia en radio, televisión, telefonía y servicio de datos.
No había tiempo que perder. Tres meses después Peña Nieto presentaba una serie de reformas constitucionales para concretar esos compromisos.
Los mexicanos están decididos a fortalecer la independencia y capacidades de la COFETEL (la homóloga de SIGET) y de la Comisión Federal de Competencia (la homóloga de la Superintendencia de Competencia).
México intensificará la lucha contra las prácticas anticompetitivas imponiendo sanciones más graves. Impulsará la competencia en el mercado de telecomunicaciones que Telmex mantiene concentrado. Y concesionará espectro para que ingresen dos nuevos competidores a enfrentar a Televisa y TV Azteca.
Los mexicanos saben que la defensa de la competencia es una apuesta al desarrollo y al bienestar de todos. Entienden que defender la competencia es luchar contra la pobreza.
Pero eso es México. Aquí, en El Salvador, la defensa de la competencia no es prioridad.
En el capítulo V de los Acuerdos de Paz se pactó que la política económica de los gobiernos de turno, cualquiera que esta fuere, debía sostenerse en dos pilares: la protección al consumidor y la defensa de la competencia. Todo pintaba bien.
En 1992 se decretó la primera Ley de Protección al Consumidor. El interés de los políticos en ese tema se expresó en el decreto de leyes cada vez mejores y en un creciente presupuesto de la autoridad encargada. Este año dieron un paso más aprobando un pliego de reformas a la ley.
Pero el otro pilar, la defensa de la competencia, tuvo un destino gris.
Pasaron catorce años después de los acuerdos de paz para que, a regañadientes, nuestros políticos aprobaran la Ley de Competencia. El crecimiento presupuestario de la Superintendencia de Competencia es una línea casi horizontal. El presidente la dejó acéfala por más de ocho meses. Las reformas a la ley que impulsó la superintendencia llevan un año empantanadas en Casa Presidencial.
En ese escenario aciago hay buenas noticias. Las autoridades y el personal de la superintendencia hacen un buen trabajo a pesar de esos límites y hoy contamos con una de las mejores agencias de competencia de la región.
Además, en esta coyuntura electoral se abre una ventana de oportunidad para que la defensa de la competencia evolucione. Quienes nos pretenden gobernar publicarán en unos meses sus planes de gobierno. Hoy es cuando el tema puede posicionarse entre las prioridades del país.
Los cambios que ocurren en México son dignos de imitarse. Si los candidatos buscan un faro que les ilumine es en México donde encontrarán uno bueno. Es momento de ver hacia el norte.
Posdata: felicidades a la Dra. Liliam de Carsana por la publicación de su tesis "Regulación de los acuerdos entre competidores en El Salvador". En las recomendaciones que plantea los candidatos encontrarán insumos valiosos para formular planes para defender la competencia.
*Especialista en competencia
Twitter:@dolmedosanchez