La unidad especializada en Delitos de Corrupción de la Fiscalía General ha abierto una investigación penal contra el expresidente Mauricio Funes Cartagena.
El jefe del equipo anticorrupción del Ministerio Público, Andrés Amaya, confirmó lo anterior al presentar una acusación formal contra Funes, su hijo Diego Funes y la exprimera Dama, Vanda Pignato, por presunto enriquecimiento ilícito de 728 mil dólares.
La acusación fue presentada en la Cámara Segunda de lo Civil, que abrió un juicio a Funes tras recibir un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
El fiscal Amaya no detalló los delitos por los que se le ha abierto la investigación penal a Funes. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó abrirle una investigación a Funes por presuntos hechos delictivos contemplados en la normativa penal y la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos y la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de origen o destinación ilícita.
“Asimismo, es procedente informar al Fiscal General de la República sobre la posible comisión de un hecho delictivo”, se lee en la resolución de la Corte Suprema.
La Ley de Extinción de Dominio, según se explica en la resolución, busca extinguir los bienes que hubieren sido obtenidos de forma ilícita.
“Al respecto es de indicar que dichas leyes contienen regulaciones referidas a la incautación y destino de bienes que provienen de actos de corrupción”, establece el documento.
Acusación incluye a hijo y exprimera Dama
La Fiscalía presentó ante la Cámara la acusación formal contra Funes, su hijo Diego Roberto Funes, y a la exprimera Dama, Vanda Pignato, por presunto enriquecimiento ilícito que asciende a $728, 329.
El Ministerio Público presentó a la Cámara 54 expedientes contenidos en 21 cajas, en los cuales se determina el patrimonio no justificado por el exmandatario y su familia, según explicó el fiscal Amaya.
“No hay una justificación que nos lleve a establecer que ese incremento de 728 mil dólares sea producto lícito, sino que hasta este momento tenemos los indicios suficientes como para poder determinar que este incremento es no justificado”, sostuvo el representante fiscal.
Inhabilitación
Explicó que basada en la Ley de Enriquecimiento Ilícito, la Fiscalía solicita a la Cámara, una vez esta determine el delito por el cual Funes y sus familiares han sido señalados, que el exmandatario quede inhabilitado por 10 años de ejercer cualquier cargo público y que los bienes a su nombre pasen al Estado.
Amaya explicó que entre las irregularidades establecidas por la Sección de Probidad de la CSJ se encuentra que Vanda Pignado, siendo Secretaria de Inclusión Social, no percibió ingresos, pero sí pagó deudas.
“Era la Secretaria de Inclusión Social pero no devengaba ni un centavo; entonces no se le ha establecido que ella pudo haber obtenido el ingreso lícitamente hasta este momento”, manifestó el fiscal.
Según la Corte Suprema de Justicia, el monto global de siete créditos, uno a nombre de Funes y seis a nombre de la exprimera Dama, es de $70, 342. Esta cantidad no fue incluida en la declaración patrimonial del expresidente, al igual que el número de armas que registró a su nombre: 85.
Las irregularidades, de acuerdo con la resolución emitida por el máximo tribunal, no se limitan hasta ahí: Funes también pagó mucho antes un préstamo de $131, 900 previsto a cancelarse en siete años.
Amaya confirmó que el ingreso no justificado de Funes podría ascender una vez que se realicen las pericias correspondientes a la investigación.
Los magistrados de la Corte resolvieron enviar a juicio civil a Funes en febrero, luego que el informe de la sección de Probidad determinó que mientras este había ejercido el cargo de presidente de la República mostró un incremento injustificado de su patrimonio.
El documento refleja que el exmandatario durante su gestión percibió en total $520, 629, cantidad cuyo origen no fue determinado.
Mientras que después de su cargo, Probidad señaló que Funes presentaba $181,500 tampoco justificados. Además, la sección del máximo tribunal cuestionó el origen de $150,323 de ahorros, cuando según los análisis de ingresos, Funes no tenía la posibilidad de ahorrar durante su gestión.
Ante esto, las autoridades judiciales ordenaron congelarle cuatro cuentas bancarias y le restringieron la transferencia a terceros de ocho vehículos de su propiedad y de su hijo Diego.
Al igual que el exmandatario, su hijo y Pignato cuentan con 20 días hábiles para presentar ante la Cámara los alegatos de defensa por los señalamientos de presunto enriquecimiento ilícito.