Tal como ocurrió el 21 de abril del año pasado, cuando trasladaron a 2,020 pandilleros presos en el penal de Izalco, en Sonsonate, hacia la cárcel de San Francisco Gotera, en Morazán, y viceversa; las autoridades de Seguridad Pública y de Centros Penales movieron ayer en ropa interior, a 299 cabecillas de pandillas de distintos penales, a la penitenciaría de Quezaltepeque, en La Libertad.
El movimiento de los pandilleros reclusos se hizo justo cuando los niveles de violencia se han desbordado, al grado de que el promedio alcanza los 24 homicidios por día y además, porque forma parte del estado de emergencia que decretaron ayer las autoridades penitenciarias en los siete centros penales donde pandilleros se encuentran recluidos.
Los penales que estarán en emergencia durante los próximos 15 días, con la posibilidad de que esta sea extendida, son: Izalco, Ciudad Barrios, Chalatenango, Cojutepeque, San Francisco Gotera, Quezatepeque y Zacatecoluca.
El Diario de Hoy publicó el lunes pasado, que el Gobierno estudiaba imponer el estado de emergencia en siete centros penales que han sido destinados para recluir a integrantes de las pandillas.
También analizaba impulsar otras medidas en el sistema penitenciario, para poder frenar las órdenes criminales que salen de las cárceles.
En el traslado de los cabecillas de pandillas realizado ayer, participaron contingentes de policías élites y más de 500 soldados; los que fueron apoyados por vehículos blindados y cuatro helicópteros de la Fuerza Armada.
Los 299 pandilleros permanecerán aislados en módulos donde no se les permitirá tener comunicación con nadie ni tampoco tendrán acceso a energía eléctrica.
Además, estos pandilleros serán sometidos a encierro permanente, es decir que no saldrán de sus celdas mientras dure el estado de emergencia, que se podría prolongar por tiempo indefinido, en caso de ser aprobado por la Asamblea Legislativa.
“Van a estar sometidos a un régimen de mayor seguridad y control, para garantizar su aislamiento y el cese de la comunicación desde el sistema penitenciario hacia afuera”, dijo Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Justicia y Seguridad Pública.
Por su parte, el director de Centros Penales, Rodil Hernández, aseguró que las investigaciones revelaron que estos pandilleros son los responsables de haber ordenado homicidios y extorsiones desde las cárceles.
“Hemos logrado determinar que estas 299 personas tienen un alto grado de responsabilidad en estar comunicando instrucciones o girando órdenes desde los centros penales para el cometimiento de diferentes actos delictivos en el exterior y en contra de la población”, dijo Hernández.
Ante el cuestionamiento de que si los cabecillas de pandillas son considerados peligrosos, por qué mejor no recluirlos en el penal de máxima seguridad, ubicado en Zacatecoluca, Ramírez Landaverde respondió que el referido penal tiene una capacidad de resguardo de reclusos ya establecida, y si se supera ese número, entonces deja de considerarse un penal de máxima seguridad.
Sin embargo, Ramírez Landaverde dijo que la infraestructura de la cárcel de Quezaltepeque ha sido remodelada y hay sectores que ahora cuentan con mejores condiciones de seguridad.
Estos cabecillas estarán separados por pandillas, en módulos en los que no habrá hacinamiento de reos, esto para un mejor control.
“Módulos que no poseen desde su diseño, energía eléctrica, que cuentan con suficiente iluminación natural y la iluminación artificial está colocada de tal forma, que nunca habrá acceso a los privados de libertad, a los lugares donde pasan los cables de fluido eléctrico”, dijo Hernández.
Fuentes policiales aseguraron que tuvieron que desbordarse los índices de violencia, alcanzando hasta 24 homicidios por día en promedio, y que se registraran más de 900 crímenes en un mes, para que las autoridades de Seguridad se decidieran a imponer el estado de emergencia en los penales, desde donde ya se sabía que ordenan todo tipo de crímenes.
La situación de emergencia en los siete penales implica que los pandilleros reclusos no recibirán visitas familiares ni íntimas y permanecerán las 24 horas encerrados en las celdas. Además, solo podrán recibir visitas de sus abogados, pero éstos tendrán que comprobar que la visita es estrictamente relacionada a la asesoría jurídica.