Ya había advertido algunas de estas amenazas en su informe presentado el 31 de diciembre de 2015, previo a la reforma y aprobación de algunas leyes; pese a ello, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, aseveró que en El Salvador hubo amenazas a la libertad de expresión a través del “intento de legislaciones”.
El abogado y experiodista uruguayo también cuestionó que se han tratado de utilizar las vías legales para presuntamente proteger el honor de las personas, pero que en realidad son los políticos los que han buscado protección.
El Diario de Hoy conversó con el experto, quien visitó el país la semana recién pasada, para disertar sobre otro tema vinculado a la libertad de expresión: “Política de transparencia y el acceso a la información pública”.
¿Cómo evalúa que en El Salvador, a través de diferentes leyes, políticos trataron de restringir la libertad de expresión y la labor de los medios de comunicación?
Hemos dado seguimiento a dos iniciativas que, aparentemente, no han prosperado, vinculadas justamente a la protección del honor de las personas, supuestamente buscaban ellos a partir de sanciones penales, gravosas, para quien se expresaba. Y ahí un primer concepto es que justamente hay que tener mucho cuidado con esos temas porque detrás lo que pretendía en realidad era la protección del honor de funcionarios públicos y ya el sistema interamericano y el sistema universal de derechos humanos ha establecido que los funcionarios públicos tienen que estar sujetos a un escrutinio mayor que las personas privadas.
No estoy viendo que en ningún país de la región los particulares estén reclamando mayor protección por el accionar de la prensa. Por lo tanto, es vinculado (la medida) a los funcionarios públicos, a las personas que ejercen cargos electivos o a quienes son personas públicas en definitiva.
Por lo tanto, ahí hay que establecer que el estándar es que tiene que haber una mayor protección a los comunicadores y a quien ejerce la libertad de expresión, puede ser otro dirigente político etc.
Tiene que haber una mayor apertura al escrutinio de lo que hacen los funcionarios públicos sobre todos los que ocupan cargos políticos y esto no debe ser sancionado a través de la vía penal, a través de sanciones penales.
La declaración de principios de la Comisión Interamericana ya establece que hace más de diez años que estas sanciones deberían ser civiles y, además, sujetas a un estándar de real malicia y con una proporcionalidad en cuanto a las sanciones para que no tengan tampoco un efecto inhibitorio, es decir, una reparación.
Pero que esto no impida seguir ejerciendo la libertad de expresión a los periodistas que eventualmente hubiesen abusado de la libertad de expresión publicando cuestiones que realmente no tienen confirmado, que son maliciosas porque quieren perjudicar a alguien aviesamente (fuera de regla) sin verificar la información.
O que ha sido manifiestamente negligente porque evidentemente un periodista también tiene la posibilidad de publicar una información que puede ser inexacta etc., porque la naturaleza de su trabajo muchas veces es trabajar con aspectos que el poder no quiere que se sepa, vamos a ser claros también en esto.
Así que cualquier iniciativa de un país como El Salvador, que tiene un marco jurídico en esos temas adecuados que no sanciona penalmente, con penas de privación de libertad, el posible abuso en la libertad de expresión es un retroceso que vamos a marcar.
Por lo tanto, creemos interesante y saludamos la reacción que ha tenido la sociedad civil, los medios, los periodistas en manifestar esto como un riesgo y un peligro y llamamos la atención del Congreso a tener presentes los estándares internacionales en materia de libertad de expresión cuando vayan a legislar sobre cualquiera de estos temas.
En el último año, los dos principales periódicos en el país han sufrido ataques por los llamados troles, ¿cómo evalúa estos hechos y en donde se usó las nuevas tecnologías para censurar y acallar a medios de comunicación?
El derecho a la libertad de expresión protege a toda persona, incluyendo a los periodistas y a los medios en hacer su trabajo sin temor a sufrir represalias y represalias de cualquier tipo. Ni que hablar que hay que prevenir y proteger a periodistas de agresiones, de cualquier tipo de amenazas y también de este tipo de intromisión o agresión digital de nuevo tipo.
Es una causa de estigmatización, de desprestigio y de ataque a los periodistas y a los medios, y de ahí, por lo tanto, la obligación es del Estado en cuanto a prevenir esto, a proteger y cuando ocurran estos episodios, a investigar y sancionar a los responsables de esto.
Estos son ataques contra la libertad de expresión que deben ser prevenidos, proteger a los periodistas cuando ocurren, antes de que ocurran y si ocurren lamentablemente algún episodio de agresión, ya sea virtual o efectiva, actuar, y actuar investigando e identificando a los responsables y eventualmente sancionándolos penalmente de acuerdo al delito que corresponda.
¿Cómo evalúa la OEA la actual situación de El Salvador en materia de libertad de expresión?
Nosotros vamos a emitir un reporte en dos semanas sobre la situación de libertad de expresión en cada país, y digamos notoriamente todos los países tienen desafíos.
El Salvador no es un país que en los últimos años se haya caracterizado por la existencia de obstáculos legales o graves para el ejercicio de la libertad de expresión, que hay un clima razonable, pero sin duda hemos registrado estas amenazas de intento de legislaciones que pueden ser restrictivas a la libertad de expresión.
También la situación de violencia que existe en el país y algunas amenazas y agresiones que han ocurrido que han tenido como víctima a periodistas o a medios y, por lo tanto ahí, creemos que hay un desafío para el Estado en cuanto a incluir a los periodistas y a los medios como un grupo que debe proteger especialmente frente a la violencia del crimen organizado.
Y siguiendo la evolución de los temas de acceso a la información pública, las discusiones que se están dando, en materia de acceso a la información pública sin restricciones. Es muy importante que las excepciones sean interpretadas correctamente de acuerdo a los estándares internacionales para no impedir que el público conozca información relevante para evaluar los temas de posible corrupción.
Y a nivel de Latinoamérica, ¿cuáles son las principales amenazas que están viviendo actualmente en esta materia?
Creo que hay distintos desafíos según los países. En resumen, hay algunos países que tienen graves problemas de violencia contra periodistas, crímenes gravísimos contra periodistas como la desaparición, el asesinato y la impunidad de crímenes es un problema que preocupa muchísimo en Honduras, México, Guatemala, Brasil, Paraguay, y después situaciones de amenazas y agresiones en Perú, Argentina, de distinto tipo no de asesinatos.
Creo que hay un desafío en el uso del derecho penal en algunos países como en Venezuela, en Ecuador, digamos, donde se siguen aplicando penas privativas de libertad a quienes ejercen la libertad de expresión.
La regulación de la protesta social es un tema también cada vez más importante porque los pueblos, los grupos y los sectores de varios países están reclamando y están llevando su descontento a la calle y es una forma de manifestar y ejercer la libertad de expresión, y a veces los Estados hacen un uso excesivo de la fuerza para reprimirlas.
Algunos temas más puntuales pero graves en países como Ecuador, referente al uso de disposiciones legales que imponen información o que tratan de interferir en los contenidos, aplicando sanciones realmente desproporcionadas que puedan poner riesgo, por la existencia misma de los medios independientes.