Hasta el pasado 19 de febrero, Hugo Armando Arévalo Merino y José Roberto Barillas Arévalo eran algo más que compañeros de trabajo en la Dirección General de Centros Penales (DGCP).
Entre ambos también comparten una relación de parentesco: éste último es sobrino del primero quién es el gerente de Planificación de esa entidad que desde hace años dice estar luchando por erradicar la corrupción entre sus empleados.
Tiempo después de que Arévalo Merino comenzó a trabajar en Centros Penales logró que uno de sus sobrinos también fuera colocado en esa misma institución estatal.
Barillas Arévalo comenzó a trabajar en el centro penal de San Vicente pero poco tiempo después fue transferido al Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona, donde era el encargado de administrar las tiendas institucionales, esto es, las tiendas que funcionan dentro de los centros penitenciarios.
Sin embargo, desde el pasado 19 de febrero, Barillas Arévalo, de 28 años, ha pasado a ser uno más entre la población carcelaria.
Este hombre, originario de San Vicente, es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR), de introducir armas de fuego y otros objetos prohibidos a un convicto de homicidio y supuesto cabecilla de una agrupación criminal que funciona al interior de Mariona.
De acuerdo con el proceso judicial que se instruye en el Juzgado Especializado de Instrucción B, contra Crimen Organizado, de San Salvador, además de Barillas Arévalo, al proceso judicial están ligados cinco empleados penitenciarios más, tres familiares de reclusos y más de 30 internos del penal de Mariona.
Según el proceso judicial, el exadministrador de tiendas institucionales de Penales es conocido también con el apodo de Urban.
En bartolinas policiales de Zacamil
El 23 de febrero anterior, Barillas Arévalo fue enviado a prisión preventiva junto a José Manuel Aguilera Hernández, José Oscar Palacios Rivera y César Geovany Cruz García. Todos ellos están en las bartolinas policiales de la delegación de Mejicanos.
¿De qué se le acusa al familiar del funcionario?
Barillas Arévalo, según el expediente judicial al que El Diario de Hoy tuvo acceso, es acusado de agrupaciones ilícitas y tráfico de objetos ilícitos para beneficiar a un grupo de internos que se autodenomina Mara Desvergue o Los Trasladados.
Entre los reclusos de Mariona que conforma esa agrupación criminal está Nelson Rider Medrano, quien cumple condenas por los homicidios de Reyna Patricia, una niña de 10 años, y de René Rafael Mejía Alférez, ambos cometidos en marzo de 1999, en la comunidad La Granjita, en una colonia localizada inmediata a la 75 avenida Norte, en San Salvador.
En total, Medrano fue sentenciado a 62 años de prisión por ambos homicidios, de los cuales solo deberá cumplir 30, según la legislación con la que fue condenado.
La niña Reyna Patricia fue alcanzada, accidentalmente, por una de las balas disparadas contra Mejía Alférez quien era hermano de un funcionario de la época.
De acuerdo con archivos periodísticos, al hombre le ajustaron las cuentas. Medrano y otros condenados por ambos homicidios, fueron vinculados a una agrupación de vendedores de drogas que en aquel momento se denominó “Cártel Miranda”, debido a que la mayoría de vinculados vivía y hacía las transas en una colonia de ese nombre.
Una pistola y 100 municiones
Al empleado penitenciario lo están acusando con la declaración de un testigo protegido a quien en el proceso judicial le han asignado la clave “Artillero”, al parecer, una persona que también trabaja en el penal de Mariona.
En el expediente judicial consta que a mediados de junio de 2015, Barillas Arévalo o Urban llegó a media mañana al área de talleres del penal de Mariona a sacar unas firmas de quienes trabajaban en ese sector.
Cuando Urban llegó, Rider ya lo estaba esperando en la entrada de los talleres, lo cual llamó la atención de “Artillero” y decidió pesquisar sin que ambos hombres se percataran de que él los observaba.
“Aquí te traigo el encargo”, asegura Artillero que le dijo Urban a Rider. Simultáneamente le entregó una arma de fuego, una pistola.
Luego de entre la cintura, el empleado penitenciario sacó una bolsa con 100 cartuchos para la misma arma.
En el expediente judicial, el testigo “Artillero” no aclara cómo hizo para estar seguro de que la bolsa que Urban entregó a Rider contenía exactamente 100 municiones o cartuchos para la pistola.
Luego de que Urban entregó la pistola y las municiones, Rider llamó a otro recluso identificado en el proceso judicial como José Armando Turcios, le dijo que cerrara el toldo para que nadie viera y que guardara la pistola y las municiones en la caleta (compartimento secreto) que estaba debajo de su cama.
Según “Artillero”, Rider le dijo a Turcios que en esa misma caleta estaban unas papas, refiriéndose a granadas artesanales.
De acuerdo con el testimonio del testigo protegido, no era primera vez que Urban contrabandeaba para Rider, objetos prohibidos, según la Ley Penitenciaria.
En otras ocasiones, “Artillero” dijo que le había metido paquetes con chip para teléfonos celulares, así como prendas de vestir de marca.
Silencio del tío y de la esposa
En el expediente judicial consta que Barillas Arévalo ha nombrado como su abogada a quien es su esposa.
Según parientes de ambos, ella también es empleada de la Dirección General de Centros Penales, pero fuentes policiales aclaran que ambos se conocieron cuando el ahora procesado entró a trabajar a Penales. La abogada ingresó antes a esa institución, explican las fuentes.
El Diario de Hoy intentó comunicarse en varias ocasiones con la abogada al número que aparece en el expediente judicial para recibir notificaciones; sin embargo, siempre desvió las llamadas al buzón de voz.
Otro tanto se hizo con el gerente de Planificación, es decir, con Merino Arévalo, tío del procesado.
A la persona que atendió la llamada de El Diario de Hoy en la Oficina de Planificación se le explicó el motivo de las llamadas. La recepcionista pidió un número de teléfono donde el gerente se pudiera comunicar. Hasta el cierre de esta nota no lo había hecho.
Familia defiende inocencia
El Diario de Hoy se desplazó hasta San Vicente para corroborar documentalmente el parentesco de Barillas Arévalo con el jefe de la Oficina de Planificación de la Dirección de Centros Penales.
En esa misma ocasión, un familiar del detenido aseguró que es una calumnia la que le han hecho a Barillas Arévalo, debido a supuestas envidias en su lugar de trabajo, es decir, en la cárcel de Mariona.
La fuente confirmó también el parentesco entre Arévalo Merino y Barillas Arévalo y también negó que su pariente hubiese cometido los hechos de que se le acusan.
“Puedo meter mis manos al fuego por él. Sé que no es capaz de hacer algo así”, indicó el pariente. Agregó que el capturado siempre ha trabajado duro incluso para ayudar a gente extraña.
Como ejemplo citó que hace algún tiempo, Barillas Arévalo participó en un concurso de baile en un canal de televisión con el propósito de ayudar a una niña de un municipio de San Vicente que tenía un padecimiento de salud.
Barillas Arévalo es un joven muy conocido en San Vicente, según afirmó el familiar, debido a que tiene un grupo de coreografía y baile que es muy conocido a nivel departamental.
“Lo que tiene lo ha logrado con mucho esfuerzo y no es justo que por envidias le hagan daño”, afirmó, a la vez que denunció que no es en la única institución gubernamental donde hay dos o más parientes como parte de los empleados.
Constantemente, la Dirección de Centros Penales ha reiterado que mantiene una lucha constante contra la corrupción; sin embargo, el caso de Barillas Arévalo y los otros custodios recién capturados, no es único.
Esa institución suele presenta como triunfo las constantes capturas de custodios por introducir teléfonos, drogas , dinero o armas a los centros penales.
Recientemente, en el centro penal de Ciudad Barrios, las autoridades decomisaron cientos de teléfonos, armas de fuego y hasta una plantación de marihuana, lo que evidencia que continúa la corrupción en algunos empleados al facilitar el ingreso de ilícitos a diferentes centros penales del país.