La madrugada del sábado pasado, las cuentas de periodistas nacionales, especializados en temas relacionados a la criminalidad y seguridad pública, inundaron las redes sociales reportando el homicidio de un pandillero al interior de las bartolinas policiales de Los Planes de Renderos. La información enviada por los comunicadores se nutrió a medida entró y avanzó la mañana. La progresiva gravedad del contenido de sus mensajes pronto propició la presencia de las máximas autoridades del aparato de seguridad estatal en el lugar del incidente.
Según reportes iniciales, un grupo armado irrumpió en la sede policial y asesinó a un pandillero recluido en el lugar, quien presuntamente habría recibido beneficios legales a cambio de servir como testigo. La versión oficial brindada tarde en la mañana, confirmó que la persona asesinada era pandillero, pero descartó que haya estado colaborando en alguna investigación. No obstante, fuentes oficiales confidenciales mantienen que la víctima estaba cooperando con investigadores. Hasta el momento, más de una decena de policías destacados en el puesto policial han sido detenidos y las indagaciones continúan.
Funcionarios policiales revelaron que dos personas fueron las que ingresaron a las instalaciones y asestaron alrededor de una veintena de tiros en la víctima, disparados desde una subametralladora. Las graves implicaciones de un incidente de estas proporciones han motivado una inusual respuesta masiva por parte del aparato de seguridad estatal.
Nunca antes se ha registrado un ataque similar al interior de un inmueble policial. La perpetración de este hecho refleja el avanzado deterioro en que se encuentra la seguridad pública y qué tan profundamente la han infiltrado las estructuras criminales. Las instituciones que conforman el gabinete seguridad, bajo las condiciones actuales, como he concluido en este mismo espacio en el pasado, continuará en decadencia y los grupos delictuales seguirán fortaleciéndose y corrompiéndolo. La seguridad pública salvadoreña está ante una grave amenaza.
Dentro de ese sombrío panorama, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) puede jugar un papel determinante, ya que tiene el potencial de ser la única Institución que permanezca inmune a los nocivos designios del Ejecutivo y las catastróficas consecuencias de su negociación con las pandillas. La independencia y el fortalecimiento de la FGR es algo que los salvadoreños debemos de procurar y exigir, debido a que puede ser la única carta que nos quede para poder contener la herencia que dejará el pacto pandillero.
El fiscal dirige la investigación de los hechos delictivos, los investigadores policiales únicamente le colaboran. La FGR, por lo tanto, tiene el potencial de marcar el ritmo del trabajo investigativo y definir su dirección estratégica. El trabajo conjunto con las autoridades del gabinete de seguridad es importante, pero no se debe de perder de vista que el balance de poder en la relación de trabajo está inclinado hacia el fiscal.
Las condiciones son favorables para que Luis Martínez, Fiscal General de la República, aproveche la oportunidad histórica de reclamar el liderazgo conferido constitucionalmente a la FGR en el combate de la delincuencia, despreciado por su antecesor. Aunque en el pasado se ha mostrado demasiado cercano y sumiso a las autoridades de seguridad pública y el Ejecutivo, durante las indagaciones para resolver el incidente de Los Planes de Renderos, Martínez ha mostrado señales esperanzadoras que pudiesen indicar que está buscando ejercer el poder y la facultad de dirección establecidas en las leyes de la República, marcando una distancia saludable de la Policía y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Si esta lectura es acertada, la FGR será el pilar alrededor del que se reconstruirá la seguridad pública de El Salvador. Por otro lado, si no es así, el futuro de Martínez será similar al de su antecesor y el aparato de seguridad seguirá en decadencia.
*Máster en Criminología y Ciencias Policíacas.
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