La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podría llamar a un especialista para que evalúe si el incremento a la rentabilidad de las pensiones establecida por la Asamblea Legislativa, cumple o no con la resolución emitida en 2014.
El magistrado Rodolfo González, quien fue entrevistado por el Canal 33, dijo que ya tienen un reporte donde se les informa sobre la aprobación del decreto donde el gobierno pagará una tasa de 3.5 % por el dinero que se toma prestado del fondo de ahorro para pensiones de los trabajadores.
Agregó que tras analizarlo en la sesión del pasado miércoles, y por tratarse de un tema técnico, valoraron la posibilidad de pedir a un perito o especialista que diera una opinión técnica sobre los criterios para determinar la rentabilidad de las pensiones.
“Es un tema tan técnico desde la perspectiva económica que podríamos antes de decir de tenerla por cumplida o no la sentencia que escuchar algún especialista que nos ilustre sobre los criterios para determinar cuándo un fondo de pensiones es rentable. Por ahora, a la pura comparación, con lo que se paga por el mismo Gobierno a otros inversionistas, la tasa es más baja. Pero bueno, eso lo estamos estudiando”, manifestó.
González explicó que se buscaría al especialista de alguna gremial o asociación de economistas para que realice dicho peritaje, ya que si bien al inicio era notorio la desigualdad del pago de la tasa, que era del 1.1 %, con la cifra avalada por la Asamblea y que permitirá incrementar dicho porcentaje anualmente en 0.20 % por dos años, no debe hacerse la evaluación “por corazonada”.
El magistrado puso de ejemplos que el Gobierno le paga a inversionistas extranjeros el 8 %, y las inversiones internas, como las que hizo el Fovial para la construcción de los pasos a desnivel paga el 6.5 %. Entonces, comparados a estos casos, el 3.5 % sigue siendo bajo, pero que el criterio que le va a servir a la Sala para finalmente determinar si los diputados cumplieron o no es ver si hay un equilibrio entre la rentabilidad de las pensiones y la capacidad de pago del Gobierno.
Otros casos en estudio
En otro tema, González aseveró que la semana recién pasada estuvieron analizando las demandas de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y la de los bonos por $900 millones.
En el caso de la Ley de Amnistía, dice que analizarán en vacaciones una versión donde se han incorporado criterios del Tribunal Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la responsabilidad de las partes en conflicto interno.
En el caso del aval legislativo a bonos por $900 millones, afirmó que siguen analizando las distintas alternativas y que analizan si es válida la intervención de diputados suplentes en la aprobación de este tipo de decretos.
Por otra parte, el funcionario confirmó que en el caso de la petición de extradición de los cuatro militares por el caso jesuitas, son cuatro los magistrados que se han excusado de participar en la discusión.
Además de Sidney Blanco y Florentín Meléndez, se suman las magistradas María Luz Regalado y Elsy Dueñas.