Esta historia comienza en 1996 y quizás antes. Los diputados de entonces, algunos todavía en la Asamblea Legislativa, aprobaron en octubre de ese año la Ley General de Electricidad (LGE), que ha sido el marco legal de las actuaciones de las juntas directivas de CEL y posteriormente de GESAL (actualmente LaGEO). Pasaron muchos años antes que la CSJ declarara inconstitucional la concesión que SIGET otorgara a GESAL del recurso geotérmico en el año 2000.
Tuvimos que esperar más de 15 años para el circo mediático que han montado en Casa Presidencial. Desde el período del presidente Saca ya el Ejecutivo se había opuesto a cumplir con el Acuerdo de Accionistas que obligaba a LaGEO a emitir acciones con base en las "inversiones a riesgo" que hubiera financiado ENEL y a CEL a renunciar a su derecho preferente por la suscripción de las nuevas acciones.
El presidente Funes, en cambio, decide no sólo negarse a cumplir esas obligaciones del Estado, sino que además decide atacar en especial a la junta directiva de LaGEO, a pesar de estar más comprometida en el proceso la de CEL e incluso diputados que aprobaron el decreto en 1996. ¿Sabe Ud. cuáles de estos diputados todavía están en la Asamblea y fueron los que levantaron la mano hace más de 16 años? Ahora muchos se rasgan las vestiduras.
La LGE ordenaba a CEL promover un mercado más competitivo en la generación y distribución de la energía eléctrica. Ciertamente la mencionada ley presumía que a través de la participación privada el sector energético se dinamizaría. Gracias a esta ley vinieron al país nuevos inversionistas que compraron las compañías distribuidoras y comercializadoras de energía. También gracias a esta ley se diseñó un modelo de inversión en la explotación de la energía geotérmica, que no comprometió más recursos del Estado.
Si estamos o no de acuerdo con esta ley y sus implicaciones, es diferente a cuestionar el comportamiento legal de las juntas directivas de instituciones del Estado y de sus subsidiarias en el cumplimiento de dicha ley. Ya la CSJ determinó que la ley se extralimitó al permitir que una instancia como SIGET diera concesiones sobre los recursos geotérmicos. Sin embargo, no se ha cuestionado precisamente las actuaciones de LaGEO en la búsqueda de un socio privado internacional que ayudara a desarrollar el sector.
El modelo CEL-LaGEO-ENEL no es técnicamente privatizador, porque las nuevas acciones a emitir corresponden a las inversiones hechas y pagadas por un ente privado. Lo que ciertamente permite el modelo es la explotación de los recursos energéticos con beneficio parcial a ENEL como socio privado del Estado.
Sin embargo, lo que me he preguntado en estos días es la naturaleza de las razones por las que el Ejecutivo decidió aumentar el volumen de esta compleja situación. No me gustaría pensar que el objetivo haya sido tratar de amedrentar a un medio de comunicación que con el paso de los años se ha ido convirtiendo en crítico del Gobierno actual. El Ejecutivo tiene todo el derecho de cuestionar el modelo y hacer uso de los recursos legales a su alcance para revertir aquellas acciones, pero genera dudas la decisión de montar una campaña mediática. Abogados de muchos países han revisado el caso y dos arbitrajes internacionales han dado la razón a ENEL.
Si ahora queremos revertir una mala decisión de los diputados del año 1996, caro lo tendremos que pagar. Pero mientras se disipa el polvo que han levantado, no se nos olvide revisar que ha hecho la INE (nueva subsidiaria de CEL) con las decenas de millones recibidas en concepto de dividendos de LaGEO sin el debido control del Estado. ¡Caro lo tendremos que pagar!
*Columnista de El Diario de Hoy.