El calendario avanza y las piezas del ajedrez continúan ubicándose en el tablero político. Se han completado las fórmulas de los partidos mayoritarios y surgió un tercer candidato con el apoyo de una coalición que incluye al PCN, al PDC y a GANA. Está claro que de manera similar a los procesos anteriores no habrá control alguno sobre las finanzas partidarias. Tampoco tendremos garantizada una justicia electoral imparcial como consecuencia de la integración y falta de modernización del Tribunal Supremo Electoral. No existe participación ciudadana en los organismos electorales temporales (Juntas Receptoras de Votos) ni tampoco se ha fortalecido la figura del fiscal electoral. Los diputados continúan debatiendo el financiamiento de las elecciones y mientras no exista un acuerdo, el TSE tendrá la excusa perfecta para retrasar tanto la implementación de la última etapa del voto residencial como las campañas de educación cívica orientadas a promover el voto desde el exterior.
Es muy probable que la contienda en 2014 se caracterice por resultados bastante estrechos. La posibilidad de una segunda vuelta está sobre la mesa. Ante la eventualidad que el escrutinio arroje márgenes de victoria cerrados entre quienes ocupen el primero y el segundo lugar, la preocupación de los partidos, los electores y la sociedad civil debería concentrarse en la aprobación de reglas que fomenten una competencia transparente, justa y equitativa. Ese objetivo se alcanzaría con leyes de avanzada, tomando como base las ya vigentes en la mayoría de países latinoamericanos. No se trata de regular tortuosamente la actividad partidaria. El objetivo es que la credibilidad de los partidos políticos, la del proceso electoral y la de quien ocupa el papel de árbitro de la contienda, no se deteriore y con ella también se hunda la confianza de los ciudadanos en un mecanismo que desde el Acuerdo de Paz ha permitido la elección de alcaldes, legisladores y presidentes sin cuestionamiento alguno.
En la medida que la democracia se fortalece aumenta el riesgo de votantes insatisfechos con la falta de transparencia del proceso. En 2006, cuando el candidato arenero perdió por menos de cincuenta votos ante la aspirante del FMLN, Violeta Menjívar, el TSE desplegó un plan de emergencia que lo obligó a contar los votos a través de una transmisión en vivo en la televisión nacional. De no haberse realizado esa acción, aún lamentaríamos el espectáculo público que la militancia de los partidos habrían protagonizado destruyendo la propiedad privada y amenazando la vida de sus adversarios políticos.
En aquella ocasión se trató de una contienda por la alcaldía de San Salvador. ¿Cuál será la reacción de quien pierda en una presidencial por unos cuantos puntos? ¿Tendrá la capacidad el TSE de procesar con celeridad y principalmente con imparcialidad las denuncias que impugnen los resultados en caso de no estar de acuerdo el partido perdedor? ¿Aceptaría el vencedor el veredicto que cambie los resultados si el tribunal que juzgue el caso está integrado por representantes del partido contrincante? Ante un derroche millonario de dinero que financie la campaña política y garantice la lealtad de muchos votantes a través del clientelismo político ¿se podrá calificar esa elección de equitativa y transparente? ¿Podrá fiscalizar la autoridad electoral el patrocinio ilegal de los partidos por parte del crimen organizado?
La buena noticia es que nuestro sistema democrático continúa en pleno desarrollo. La mala es que no estamos acompañando esa evolución con las reglas adecuadas y por tanto las consecuencias podrían ser fatales. Concuerdo con quienes se sienten satisfechos por el avance en materia de reforma política. Debo disentir con la idea que las leyes podrán mejorarse en el futuro. Los avances de nuestro sistema político requieren que de forma simultánea, se adopte un ordenamiento jurídico moderno que responda a las exigencias de transparencia y a una carrera electoral sometida a condiciones que aseguren la igualdad de oportunidades para los competidores.
Es comprensible que los partidos teman adaptarse a nuevas normas de funcionamiento, sobre todo cuando la reforma del sistema electoral y la que afecta a los mismos institutos políticos ha sido aprobada en un corto plazo y algunos de sus componentes fueron incorporados en cumplimiento de sentencias judiciales. Sin embargo, la amenaza mayor, la verdadera y más grande incertidumbre, es la posibilidad de una crisis al estilo de la mexicana en 2006, cuando el PAN ganó al PRD por un margen de 0.56%, pues en nuestro caso no es seguro que los partidos, ante una impugnación de los resultados y con una institucionalidad cuestionada, acepten el fallo de un TSE integrado por ellos mismos.
* Columnista de El Diario de Hoy.