La integración del Instituto de Acceso a la Información Pública, con la juramentación de sus comisionados, no es la conclusión, sino el comienzo de una lucha mayor por la transparencia en El Salvador.
Muchos quizá dirán: "Bueno, el presidente ya juramentó a los comisionados, ya está el Instituto y todos echémonos a dormir tranquilamente".
No. De aquí en adelante el Instituto y sus miembros tendrán que hacer funcionar la entidad y ganarse la credibilidad de todos, en la misma medida que nosotros tendremos que exigirles que cumplan con sus funciones, cuales son garantizar que la información pública sea revelada o sancionar a quienes lo impidan.
Es fácil imaginar cómo han quedado riéndose los funcionarios y oficiales de información de varias instituciones, incluso de la misma casa de gobierno, que han negado documentos y datos cruciales en abierta burla a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
Pero el Instituto probará su eficacia y ganará credibilidad en la medida que no permita que estos desmanes sigan perpetrándose. En él está puesta la confianza de que así será más que en una oficina de Transparencia que no pasa del mero nombre y de ser aparato de propaganda ideológica contra quienes cuestionan al gobierno.
Ya un funcionario y dirigente del partido oficial ha salido diciendo que la LAIP "no es la Biblia", como tratando de restarle fuerza moral y soslayando que se trata de otra ley que todos ellos juraron cumplir y hacer cumplir.
Tan brusco cambio de opinión, cuando hasta hace algunos años pugnaban por mayor cristalinidad para cuestionar las gestiones areneras y ahora que son gobierno les incomoda.
¿Por qué les preocupa tanto que esta ley funcione al fin? ¿Por qué han tratado de boicotearla desde el principio al punto de intentar castrarla? ¿Qué les incomoda o qué podría dejar al descubierto a futuro? Estas siguen siendo interrogantes que la gente se hace al ver tal resistencia.
Quienes actúan de esa manera se asemejan al expresidente de la Corte de Cuentas, que ante la demanda de información de los periodistas, admitió que la ley de la contraloría decía que la información será pública, pero él se escudaba diciendo que la norma no decía cuándo.
De esa manera, manejó la información a su antojo durante muchos años.
Sencillamente esos son ardides que se deben desterrar y tomar medidas para que nadie se sienta con la protección para burlar la ley.
También es importante que los mismos comisionados actúen con independencia, sin pensar que quedan en deuda con quien los nombró –cualquiera que sea el gobierno–, o que tienen obligaciones ideológicas o gremiales con el sector privado o con los sindicatos que los propusieron.
No se vale que porque provengan de sindicatos no sea de su agrado revelar información que puede afectar al partido oficial, de la misma manera que si pertenecen a la empresa privada o al mismo gremio de periodistas.
No les han dado un premio, sino una responsabilidad; no están para servirse, sino para servir; no están para ocultar la verdad, sino para revelarla y defenderla.
Pero, sobre todo, no están para fomentar la burla y las carcajadas de los que operan bajo las sombras y se han sentido protegidos todo este tiempo, sino para ayudar a descubrirlos. Esa será su mejor credencial.