La Cámara Primera de lo Civil abrió un proceso en contra del expresidente Antonio Saca por presunto enriquecimiento ilícito de cinco millones de dólares que no ha logrado justificar en sus ingresos cuando fungió como mandatario, entre 2004 y 2009.
La apertura de la causa fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con base en el informe de la Sección de Probidad, que establece 13 supuestas irregularidades en la declaración patrimonial presentada por Saca, luego de finalizar su gestión.
Al mismo tiempo que abren el proceso en contra de Saca, los magistrados de ese tribunal superior, Henry Macall y Rigoberto Estrada, le dieron 20 días hábiles a la Fiscalía General para que se presente como acusadora del Estado en el juicio.
Por lo mismo, el Ministerio Público deberá presentar las pruebas que demuestran que Saca se habría enriquecido de forma ilícita mientras fungió como Presidente de la República.
Piden informes de congelamiento de bienes y cuentas de Saca
Al mismo tiempo, el tribunal superior pidió a la sociedad Central de Depósito de Valores (CEDEVAL) que le informe si el expresidente Saca, su esposa Ana Ligia Mixco de Saca, y sus dos hijos José Alejandro y Christian Eduardo Saca Mixco, tienen inscritos a su favor valores desmaterializados en el registro electrónico de valores.
Dichos valores que correspondan a las acciones nominativas que puedan tener en las sociedades Promotora de Comunicaciones, Grupo de Samix, Radiodifusión de El Salvador, Stereo Noventa y Cuatro Punto Uno, o en otras sociedades. Además solicita que les informen de que si las mismas se están transando actualmente en el mercado bursátil a través de la Bolsa de Valores.
La Cámara indica que en caso de que la “respuestas sea afirmativa, también se tendrían que embargar”. Con esa medida se podrá evitar de terceras personas puedan resultar afectadas con el proceso que se está abriendo, según el referido tribunal.
Además, la Cámara le pidió al Director del Registro de la Porpierdad, Raíz e Hipotecas, dependencia del Centro Nacional de Registros (CNR) que informe si procedieron a congelar el inmueble identificado como finca Lindavista, Plan del Guayabo, situado en el cantón El Carmen de San Salvador.
La Corte en pleno, señala que la referida residencia fue adquirida en mayo de 2009, 25 días después de que Saca dejara su cargo como presidente, y es donde se reporta que actualmente viven el exmandatario y su familia.
Así también, los dos magistrados de la Cámara de lo Civil han solicitado a dos instituciones bancarias que les hagan saber si ya inmovilizaron cuatro cuentas corrientes bancarias a favor del expresidente Saca y una cuenta corriente a favor de su esposa Ana Ligia Mixco de Saca, tal como lo había ordenado la Corte Suprema de Justicia.
La primera de las cuentas reportaba al fin de su período presidencial alrededor de $452,000; la segunda, $163,000 aproximadamente hasta el 14 de mayo de 2009; la tercera, por unos $688,000, también hasta el final de su gestión; la cuarta con alrededor de $1,400, hasta el 31 de diciembre de 2014, y la quinta por cerca de $1,019,000, hasta la misma fecha, según investigaciones de Probidad de la CSJ.
La Cámara ha enviado un oficio a las cuatro sociedades anteriores (Promotora de Comunicaciones, Grupo Samix, Radiodifusión de El Salvador y Stereo Noventa y Cuatro Punto Uno) que le informen de cualquier traspaso de acciones en los libros de registros de accionistas que se encuentran a favor del expresidente Saca, su esposa y sus dos hijos.
Todos los informes que a solicitado la Cámara Primero de lo Civil a las anteriores instituciones deberán de ser enviados en un plazo máximo de 10 días hábiles, a partir de la fecha en la que fueron notificados, es decir, a partir del jueves pasado en la
En caso de que las instituciones públicas y privadas no den cumplimiento a lo solicitado por los magistrados por el referido tribunal, se exponen a ser sancionadas.
En otra resolución, la Cámara le denegó la petición al expresidente Saca de enviar el expediente en su contra a la Corte, por haber interpuesto un recurso de revocatoria a la resolución emitida por la CSJ en la que ordena abrirle un juicio al exmandatario.
En todo caso, señalan los magistrados que el máximo tribunal de justicia es quien debe decidir solicitar el expediente que le fue remitido a la referida Cámara, para resolver la petición de revocatoria presentada por Saca.
Envío a juicio
Este proceso comenzó el 11 de febrero pasado, cuando la Sección de Probidad de la CSJ le ordenó al expresidente Saca que justificara $6.5 millones en sus ingresos mientras fungió como mandatario, luego de una primera auditoría realizada por esa entidad.
Para que Saca entregara las pruebas con las que podía desvanecer los señalamientos, Probidad le dio tres días hábiles, tal como lo manda la Ley de Enriquecimiento Ilícito de los Funcionarios y Empleados Públicos (LEIFEP).
No fue hasta el 23 de febrero pasado que 13 de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia acordaron enviar a juicio al expresidente Saca por supuesto enriquecimiento ilícito de $5 millones.
En esa ocasión, los magistrados Ricardo Iglesias (suplente de Óscar López Jerez) y el propietario Ovidio Bonilla se abstuvieron de dar sus votos.
Los magistrados de la CSJ decidieron enviarlo a juicio porque encontraron en el informe de la Sección de Probidad de la CSJ que había 13 irregularidades financieras en la declaración patrimonial del expresidente.
Una de las anomalías detectadas era un incremento de hasta $9,258,680 en el rubro de “otros activos e inversiones”, pero luego justificó parte de esos fondos.
En la auditoría realizada por Probidad a sus bienes reflejó que Saca no había reportado casi un millón de dólares en cuatro cuentas, monto que según la auditoría era parte de los más de 5 millones de dólares que el expresidente al final no pudo justificar, de acuerdo con la CSJ.
Jaime Ulises Marinero, jefe de Comunicaciones del Centro Judicial “Isidro Menéndez”, explicó que este no es un caso penal, sino civil.
De hecho de ser condenado en esta instancia, esto no significa prision, sino que lleva la devolución de los bienes o del dinero al Estado, dijo.
Empero la Fiscalía sí tiene facultad para iniciar una causa penal al mismo tiempo.