El Salvador en su conjunto es una nación, que regida por la Constitución de la República reconoce la naturaleza del individuo, su valor y el rol que tiene dentro de la sociedad, y por tanto propugna por el respeto a los derechos fundamentales, como son la vida, la libertad, la igualdad, la propiedad privada.
El Estado entonces, sólo tiene justificación desde su capacidad para tutelar y garantizarle al individuo el estricto cumplimiento de los derechos fundamentales, a fin de lograr a plenitud la justicia y la armonía social.
El Estado no debe crear derechos ni intereses a favor de los grupos de poder y mucho menos para los funcionarios en turno, sólo tiene que representarlos de manera digna y tutelarlos con justicia en beneficio de los ciudadanos.
Los funcionarios públicos son simples delegados de los ciudadanos para ejercer por un periodo definido el poder político, pero con la responsabilidad de representar los intereses de los ciudadanos y por tanto se convierten en un mandatario del pueblo que les eligió.
En este sentido Mandatario no es el que manda, es todo lo contrario, es el mandadero de sus electores, el que es mandado y jamás el que manda.
Comprender al Estado y a los gobernantes de turno, desde esta perspectiva, sin duda nos plantea un reto y la inmediata reflexión para romper el paradigma de tener que seguir soportando a un Gobierno que responde a sus intereses partidarios y personales, que pasa por encima de la ley y los principios éticos.
Por ello debemos felicitar a la sociedad civil por haber alzado su voz, por haberse aglutinado en la defensa de la transparencia, por haber exigido y obligado al Gobierno a rectificar y por haber evitado que consumaran el aborto de ley que fraguaron en la oscuridad y el silencio de la madrugada.
Hoy El Salvador ha ganado y los ciudadanos tendrán el legítimo derecho de tener acceso a la información sobre lo que sus gobernantes hacen con los recursos del Estado, que en realidad son los impuestos de todos los ciudadanos.
Demandamos que se cumpla la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y que se nombren a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información. Lamentamos que tendrá que hacerse en un marco de presión ciudadana y no por el espíritu del estricto cumplimento de la ley.
Queridos hermanos salvadoreños, los últimos hechos que hemos tenido que vivir, nos dejaron muy claramente establecido que sin una auditoria ciudadana jamás podremos aspirar a la transparencia, por ello los invito a que juntos debemos tener la capacidad de romper cadenas, romper paradigmas, renunciar al retroceso y tomar la decisión de generar un verdadero avance del desarrollo de nuestro país, al consolidar en un marco de transparencia un auténtico círculo del progreso, que genere en los ciudadanos confianza, estímulo para promover la inversión y así crear fuentes de empleo en un marco de seguridad jurídica y física que nos permita consolidar el bienestar de los ciudadanos y poder entonces derrotar a nuestro único y verdadero enemigo que es la pobreza.
Todo esto, debe inducirnos a tomar la decisión de iniciar la construcción de un verdadero Gobierno de responsabilidad ciudadana, que rompa con la corrupción, promueva la transparencia y dé paso a tutelar los verdaderos intereses ciudadanos.
Un Gobierno de responsabilidad ciudadana, que tenga la capacidad de constituirse por hombres y mujeres con trayectoria de vida, vocación de servicio, compromiso con la Patria y sobre todo con los más desprotegidos, para construir un programa de Gobierno que nazca de los ciudadanos y que responda por tanto a sus legítimos intereses.
*Presidente Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa.