Este viernes 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua, una conmemoración que sorprendió a nuestro querido El Salvador en una situación lamentable de incremento sostenido de la vulnerabilidad y la contaminación de nuestros recursos hídricos.
Superar esta calamidad requiere que nos pongamos de acuerdo en este tema, darle solución a los verdaderos desafíos como es la escasez física de agua debido a la disminución de la capacidad de infiltración del suelo; pero también, abordar la falta de sensibilidad y concientización del cuido de los recursos hídricos. Y para enfrentar esta realidad, se creó la Mesa de Agua, un espacio abierto de diálogo y concertación que involucra una amplia y diversa gama de instituciones, gremios, organizaciones sociales, sector privado, academia, profesionales y gobierno, interesados en definir y promover políticas públicas que contribuyan a una solución integrada del manejo de estos recursos.
En marzo de 2012 se promovió un proyecto de Ley General de Aguas. El cual se presentó a iniciativa de Casa Presidencial, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). El punto crítico de éste radica en que se crea el Consejo Nacional del Agua como ente rector, pero conformado por representantes de 10 entidades públicas, coordinadas por el MARN. Es obvio que ninguna estrategia a definir logrará resultados óptimos sin aportes de la sociedad civil.
Y es obligado destacar, que el MARN asumiría 23 nuevas competencias para normar, fiscalizar y controlar el sector hídrico, reto que contrasta con la efectividad mostrada por este ministerio, incapaz de cumplir y administrar sus actuales funciones y responsabilidades. En este proyecto de ley se le otorgar al MARN una "autoridad" por encima de sus pares, como MAG, MINEC y SIGET.
Otro aspecto a considerar es que las autorizaciones que considera este proyecto de ley provocarían una inseguridad jurídica a consecuencia de trato discriminatorio. Estipula permisos para privados con término de hasta 10 años, y otorga al sector público períodos de hasta 20 años. Un plazo de 10 años resulta corto para un verdadero desarrollo a escala nacional. Como ejemplo tenemos el desarrollo de hidroeléctricas, que por su magnitud y sus altos montos de inversión requieren plazos sensiblemente mayores.
También es de considerar que ANDA por su propia naturaleza institucional es proveedor de servicios de agua, y por ende una entidad regulada y no reguladora. Sin embargo, en el proyecto del GOES incluye al ANDA como parte del ente rector (Art.12), convirtiéndola en juez y parte. Y ANDA además queda exenta del pago de cánones, y con ello los proveedores privados de agua (prestadores municipales, asociaciones comunales, ADESCOS) enfrentarían una competencia desleal.
Otra desventaja radica en que el proyecto establece un canon por vertidos de aguas residuales a medios receptores que son parte del dominio público hídrico, el cual va a ser cobrado por el MARN. Sin embargo, ANDA que tiene un amplio sistema de alcantarillado que contamina los ríos en varios puntos, aún así queda exenta de pagar este canon.
Finalmente, el proyecto de ley establece que los fondos del pago de multas se destinarán al MARN. Pero se debe asegurar que estos recursos sean utilizados exclusivamente en el fortalecimiento de la institucionalidad y en programas y proyectos que contribuyan a solucionar los problemas asociados con el agua. Y no a gasto de funcionamiento del ministerio.
¿Cuál debe ser nuestro real propósito? No creo que sea crear vía CAPRES una ley confiscatoria. El propósito más bien debe ser, buscar soluciones de país ya que el agua es indispensable para la vida y está directamente relacionada con el desarrollo social y económico. Todos debemos involucrarnos en su conservación.
* Colaborador de El Diario de Hoy.
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