Los planes y estrategias de seguridad que han impulsado los últimos dos gobiernos del FMLN para combatir a las pandillas no han tenido los efectos esperados, pues los índices de criminalidad se han elevado a niveles sin precedentes.
Los 7 planes que fracasaron en reducir la violencia en el país son:
1. Plan batalla por la paz
Este plan fue la primera estrategia que las autoridades de la Policía impulsaron para tratar de combatir los altos índices de homicidios que comenzaban a elevarse en el 2009. La mayoría de las acciones coincidían con las medidas contempladas en el plan Sarissa que inició en el 2008 durante la gestión del exdirector de la Policía Rodrigo Avila y el cual permitió reducir de forma drástica el comportamiento delictivo de las pandillas y los índices de los homicidios hasta un promedio de siete por día. Después de varios meses de haberlo impulsado por el primer gobierno del partido de izquierda Fmln, no fue capaz de frenar la tendencia al alza de los homicidios. Al final este plan tuvo que ser desechado por las autoridades de Seguridad por no haber dado los resultados esperados.
2. Aumentan número de soldados a 19 municipios
Desde el 6 de noviembre del 2009, el gobierno de Mauricio Funes sacó a más de 2,500 soldados a las calles para ser desplegados en los 19 municipios que en ese momento estaban siendo los más afectados por la violencia y la delincuencia, en su mayoría causada por las pandillas. Este nuevo dispositivo llegó a reforzar a los 1,600 militares que ya estaban apoyando a los policías, en labores como de vigilancia, aunque sin efectuar registros ni arrestos infraganti. Los militares tenían como misión la de garantizar la seguridad y tranquilidad de los residentes en las zonas con alta incidencia de pandillas y de homicidios en esos 19 municipios. En los primeros meses, la presencia de los militares permitió que los delitos disminuyeran de forma considerable, pero luego los militares fueron desplegados a otras misiones.
3. Plan de protección al transporte público
El programa que se inició en el 2012, tenía como proposito reducir los robos a los pasajeros y los ataques a los trabajadores del transporte público. Una de las metas del plan era crear una unidad especializada para combatir e investigar los hechos delictivos en el transporte, pero se desconoce si en algún momento se puso a trabajar ese grupo especializado. Gremiales de transportistas aseguraron el año pasado que no menos de 15 millones de dólares anuales son las pérdidas en robos que han sufrido los usuarios y conductores del transporte público. Lo anterior, sin contar con los asesinatos que se han regisrado en las unidades. Las cifras de las gremiales detallan que no menos de diez asaltos a pasajeros en promedio diario. Los transportistas han asegurado que el plan Bus no les garantiza seguridad.
4. Modelo de policía comunitaria
El 11 de agosto del 2014, el presidente Salvador Sánchez Cerén y el gabinete de Seguridad Pública desplegaron el modelo de Policía Comunitaria, como la apuesta principal de este gobierno para reducir los altos índices de violencia criminal, en especial la que provocan las pandillas. A un año de haberse impulsado este modelo preventivo en más de 1,500 sectores en todo el país, la Policía Comunitaria no ha sido capaz de reducir el crimen en los sectores bajo su responsabilidad y, sobre todo, en aquellas zonas con presencia de las pandillas. En los sitios que se encuentran bajo el modelo de Policía Comunitaria se registraron más de 7,680 hechos delictivos, según datos de la Policía. Esta estrategia era la principal apuesta del gobierno, pero hasta el momento ha sido incapaz de frenar la violencia.
5. Plan Casa Segura
A mediados del 2013, la Policía a través de la Subdirección Antipandillas emprendió un nuevo plan de seguridad, esta vez para detectar las casas o propiedades que hubiesen sido usurpadas por las pandillas donde se reunían para planificar sus actos delincuenciales. Los policías iban de casa en casa pidièndoles los documentos que comprobaran que la vivienda era propiedad de la familia que residía o si era alquilada. También, esta medida le permitía a los policías verificar, a través de la prueba de huellas, los antecedentes penales de los pandilleros. Pese a que este plan se impulsó en más de 26 colonias, no pudo contener la crecienta migración local de familias amenazadas por las pandillas.
6. Unidad élite contra las pandillas
Esta unidad especializada en el combate contra las pandillas comenzó a operar en abril del 2012, un mes después de que las pandillas acordaran pactar una tregua de no agresión entre sus integrantes, pero con la venia del gobierno de Mauricio Funes, que ha insistido de que solamente fueron los facilitadores del proceso de pacificación. Este grupo estaba integrado por 360 agentes que se suponía iban a combatir a esos grupos ilegales. Sin embargo, en los primeros meses de funcionamiento, los policías fueron desplegados a reforzar otros planes operativos que no tenían ninguna relación con las pandillas, tales como el plan de seguridad de la recolección de café. Esta Unidad fue eliminada recientemente por la Policía.
7. Batallones del Ejército contra las pandillas
A mediados del año pasado, el Ejército con el aval del ministro de Defensa David Munguía Payés, creó tres batallones especiales que tenían como misión principal el combatir a las pandillas en las zonas rurales. La decisión de crear este tipo de grupos llamados Fuerzas Especiales de Reacción (FER) fue a raíz de que las autoridades policiales habían detectado la migración de pandilleros al área rural para recibir adiestramiento militar. El despliegue de las llamadas FER se hizo en un principio en los alrededores del volcán Chichontepec y del cerro de Guazapa. De hecho, hubo algunos enfrentamientos con grupos de pandilleros que dejaron al menos dos militares muertos. Fue tanta la publicidad con la que promovieron a estos grupos que hasta la fecha se desconoce si continúan activos y ni tampoco debilitaron a las pandillas.