La crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el Triángulo Norte de Centroamérica (conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador), más la penetración sistemática del crimen organizado en todos los países del istmo es una señal de alerta para unificar criterios y crear de inmediato una nueva plataforma para hacer frente a los desafíos que ponen en aprietos a los aparatos de Estado de la región.
La recomendación llegó de cinco expresidentes de Centroamérica convocados a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) para un foro sobre “Progresos y desafíos para Centroamérica después de 30 años de iniciar los procesos de paz en la región”.
El expresidente salvadoreño Armando Calderón Sol, junto a Vinicio Cerezo, de Guatemala; Nicolás Ardito Barleta, de Panamá; Laura Chinchilla, de Costa Rica; y Álvaro Colom, también de Guatemala, expusieron las implicaciones que habría para la región en el futuro cercano de no unificar un plan de acción común más allá del apoyado por Estados Unidos con la Iniciativa de Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.
Calderón Sol es de la idea que el plan se queda limitado al no incluir a los otros tres países del istmo: Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que si bien no presentan los mismos índices de criminalidad y migraciones irregulares que los países del lado norte, sí están en la mira del narcotráfico, que ha hecho de Centroamérica un corredor natural para acarrear la droga hacia Estados Unidos.
“De algún modo fue más fácil resolver los conflictos armados de la década de 1980 porque estaban enmarcados en la Guerra Fría, pero hoy la situación es mucho más compleja con bandas delincuenciales y el crimen organizado que ha superado algunas capacidades de los mismos Estados”, dijo Calderón Sol.
Los exmandatarios se presentaron al foro a iniciativa de la Fundación Esquipulas para conmemorar los 30 años de empezado el proceso de solución de las guerras internas que sufrieron El Salvador, Guatemala y Nicaragua, con los planes Esquipulas I y Esquipulas II.
El expresidente guatemalteco Vinicio Cerezo (1986- 1991) planteó ante analistas y diplomáticos en la sede de la OEA en Washington que se debe animar la creación de un plan nuevo como un Esquipulas III, que vaya al fondo de los problemas que quedaron inconclusos de resolverse con la finalización de las guerras.
Para Laura Chinchilla, quien presidió Costa Rica entre 2010 y 2014, los problemas pueden encaminar a la región a una severa crisis política sino hay una genuina lucha contra la corrupción que, a su criterio, ha creado un caldo de desconfianza en las poblaciones centroamericanas sobre los liderazgos políticos y que, a su vez, influye para que los sistemas sean más permeables por el crimen organizado.
La expresidenta, que hoy se desempeña en Washington como catedrática en la Universidad Georgetown, ve positivo que hay algunos avances en materia de reforzamiento de los aparatos de justicia que están demostrando capacidad técnica para combatir la corrupción y encausar a funcionarios corruptos, pero opina que todavía hay que liberar de presiones de grupos de poder a los entes fiscales.
Planes en el olvido
Por su parte, el expresidente guatemalteco Álvaro Colom (2008-2012) considera que otra dificultad que está enfrentando la región centroamericana es la falta de continuidad de planes conjuntos y que eso obstaculiza los avances.
“Hemos hecho esfuerzos, pero el problema es que con la cambiadera de presidentes todo queda engavetado o ya no se le da prioridad. Recuerdo que firmamos una iniciativa muy buena sobre Seguridad Centroamericana los cinco países, nos tardamos dos años en desarrollar esa propuesta y ahí quedó”, criticó Colom.
El expresidente de Panamá, Nicolás Ardito Barletta, que presidió el país porteño durante en 1985, pero tiene alta experiencia en el Banco Mundial, apunta que para generar prosperidad y desarrollo los gobiernos no pueden dejar de lado el diálogo constructivo con el sector privado porque eso genera confianza y reglas claras para acelerar las inversiones y el empleo.
Chinchilla, además, cree oportuno avanzar en el combatir del crimen organizado, la corrupción, reforzar la institucionalidad; pero también la formalización del sector informal, generar más equidad con la transformación de estructuras tributarias.