Mientras que España ha hecho llegar la solicitud formal al Estado de El Salvador para la extradición de cuatro militares implicados en el caso Jesuitas, el abogado de éstos, Lisandro Quintanilla, solicitó ayer una audiencia especial para pedir la libertad bajo medidas de sus clientes.
Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia confirmó que efectivamente la solicitud de extradición ya había llegado a esa instancia y ayer mismo comenzó a ser vista por la Corte Plena para determinar si procede o no la extradición de los militares requerida por España.
“Ya llegó la solicitud a la Corte y efectivamente ayer comenzamos a discutir al respecto”, se limitó a decir el magistrado que prefirió no ser identificado.
Por su parte, el abogado de cuatro de los militares detenidos llegó ayer tarde al Juzgado Primero de Paz de San Salvador, designado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que dirima el caso de extradición, y presentó un escrito para que se realice una audiencia especial para que a los cuatro detenidos se les sustituya la detención en que se encuentran por otras medidas como no salir del país y presentarse cada cierto tiempo al juzgado.
De acuerdo con Quintanilla, a partir de ayer que presentó el escrito, el titular del juzgado tiene tres días hábiles para notificar cuándo citará a las partes para realizar la audiencia solicitada.
El abogado dijo que dos de sus clientes han tenido problemas de salud. Ángel Pérez Vásquez ha tenido problemas de salud grave con la dentadura, en tanto que Tomás Zarpate Castillo ha tenido complicaciones en el tratamiento de diabetes que padece desde hace varios años.
Según Quintanilla, la Corte Suprema tiene 60 días para resolver si avala o no la extradición de los detenidos.
Los cuatro militares fueron detenidos el pasado 5 de febrero, durante un operativo nocturno, por lo que hasta ayer llevaban 40 días en detención. Transcurridos los 60 días sin haber una resolución judicial, tendrían que ser puestos en libertad.
El abogado dijo que había solicitado con anterioridad la libertad con medida de los militares a la Corte en Pleno; sin embargo, esta solicitud no fue aprobada.
Previo a ella, Quintanilla también había presentado ante la Sala de lo Constitucional dos recursos de hábeas corpus. El primero a finales de enero, antes que la Policía los detuviera y el segundo a mediados de febrero.
España volvió a solicitar la extradición de los militares a quienes acusa de los delitos de lesa humanidad, por su presunta participación en el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas, un jesuita salvadoreño y sus dos empleadas, en noviembre de 1989.
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, pidió en agosto de 2011 la detención de los 17 militares presuntamente implicados en el caso, pero entonces CSJ no precedió a la localización y las capturas. A inicios de este año volvió a hacer la petición.
La defensa dijo que la extradición a España no puede proceder, debido a que el caso ya fue juzgado en El Salvador y no puede existir doble persecución del delito.
Quintanilla también señaló que con la extradición se estaría infringiendo el tratado de extradición que el país ha suscrito con España y también la Ley de Amnistía, emitida luego de la firma de los Acuerdos de Paz.