En 1998, hace exactamente 15 años, la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, CASALCO, estaba formada por 236 socios (192 constructores y 44 proveedores). Actualmente, año 2013, hay 141 socios (92 constructores y 49 proveedores). ¿Ha habido fuga de socios? ¿Se fueron 100 socios? La respuesta es ¡NO! De los 192 constructores en 1998 escasamente quedan 12. ¿Qué sucedió? Simplemente QUEBRARON. Así como lo leen. QUEBRARON, pues la industria de la construcción es altamente quebradora de empresas.
¿Por qué quebraron estas empresas? Pongamos primero atención al hecho que toda empresa para funcionar y subsistir, necesita un flujo de fondos permanente, con ingresos mayores que los egresos. Lo que no siempre sucede.
Aquí es necesario hacer una distinción y dividir las empresas en dos sectores: viviendistas y contratistas.
Tomemos el sector vivienda. El primer paso para construir es obtener permisos. Aquí debemos considerar el efecto de las instituciones que intervienen: OPAMSS, Ministerio de Medio Ambiente, ANDA, Alcaldías, etc.
Cada una se toma su tiempo para revisar y aprobar, pudiendo tardar varios meses, un año y a veces más tiempo. Mientras tanto, la empresa ha tenido un flujo de fondos negativo, y cuando finalmente tiene todos los permisos, su situación crediticia y financiera puede haberse deteriorado, llegando a una situación sumamente crítica.
A continuación, consideremos el efecto producido por el sector financiero. Los bancos también se toman su tiempo para aprobar créditos y han creado nuevas condicionantes. Actualmente financian la construcción de viviendas a condición de que la empresa ya sea propietaria del terreno. Luego, del costo de construcción, prestan un 70%, lo que significa que del costo total, terreno y construcción, realmente financian de 45% a 50%, debiendo la empresa aportar el resto de fondos si quiere desarrollar su proyecto. Finalmente cuando construye y vende, ya se gastó por anticipado sus utilidades. Por estos motivos casi no hay oferta de viviendas.
Debo mencionar que cuando existía la Financiera Nacional de la Vivienda, se financiaba el 75% del valor de venta, pudiendo llegar al 90% cuando se otorgaba segunda hipoteca, lo cual sí incentivaba la construcción de viviendas.
En el caso de contratos de gobierno, la situación sigue una ruta paralela. Participa la empresa en una licitación; las regulaciones de la LACAP, y las regulaciones de la carpeta preparada para tal efecto, imponen cargas financieras, directas o indirectas. Normalmente se pide al constructor que posea su propio equipo de construcción, que representa una fuerte inversión. Si no posee el equipo, puede alquilar, pero le restan puntos a su calificación. De varias empresas que participan, sólo a una se le adjudica el contrato y las demás se quedan sin trabajo y con su equipo ocioso. Este equipo necesita local donde guardarse, se deteriora, se deprecia, requiere mantenimiento, vigilancia, etc. Al mismo tiempo, las alcaldías cobran impuestos a la empresa por los activos que tiene, no por utilidades, lo que significa que la empresa está pagando impuestos por sus instalaciones y por su equipo, aunque no estén produciendo. Finalmente se le adjudica al de más bajo precio y luego se le llama para negociar el precio. Entre todas estas situaciones, terminan quebrando a la empresa.
Los funcionarios de nuestras instituciones, gubernamentales y financieras, todavía no se han percatado que de ellos depende grandemente el desarrollo o el fracaso, económico y social, de nuestro país, así como el éxito o quiebra de nuestras empresas, que son las que precisamente construyen la infraestructura necesaria para ese desarrollo. Y luego se preguntan por qué, en muchas licitaciones, no hay participantes.
Me siento tentado a recomendar a los estudiantes no estudiar Ingeniería Civil, pues en el país casi no hay trabajo para civiles. Si ya lo son, no entrar en el rubro construcción pues se arriesgan a perder. Y si ya tienen empresa constructora, dejar que sean empresas extranjeras las que vengan a quebrar.
*Colaborador de El Diario de Hoy.
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