Relator OEA: “Se pueden fiscalizar promesas de políticos pidiendo información”

Experto Edison Lanza destaca que reserva de datos públicos son excepción, no la regla

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El relator de OEA

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14 March 2016

El acceso a la información pública no solo es un derecho humano, también es una vía de la que puede echar mano la ciudadanía para fiscalizar si los políticos han cumplido con sus promesas de campaña. Así lo explicó el abogado uruguayo Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

Agregó que esta es una herramienta crítica para el control del Estado, para la participación ciudadana en asuntos, a través del ejercicio de los derechos políticos.

“De pronto la comunidad o el pueblo o la colonia que está más alejada de los centros de decisión, o donde la gente no conoce sus derechos que tiene acceso a la información pública, no sabe que a través de esto puede, por ejemplo, monitorear las promesas que se le hacen en un período electoral”, aseveró.

Agregó que otro tipo de derechos se vuelven “ilusorios” si la población no tiene información disponible.

El experto uruguayo, que disertó ayer en un seminario regional sobre “Política de transparencia y acceso a la información pública”, recalcó que el principio general debe ser la transparencia y la máxima divulgación de la información en poder del Estado.

Manifestó que deben ser los funcionarios los que deben probar que la información es tan delicada y cuál interés afecta para vedar su acceso.

Recalcó que las excepciones deben ser mínimas, restringidas y claras para que no anulen el derecho a la información, además que no deben ser de cualquier tema.

Para el caso, dijo que la información calificada como de seguridad nacional o datos personales suelen ser restringidas en su totalidad, cuando hay ciertos datos que sí pueden ser del conocimiento de la gente sin que eso signifique un daño a estos derechos.

“No todo lo que es declarado como seguridad nacional puede ser reservado. Si se pide información sobre armas que adquiere el Gobierno puede que no se den detalles, pero el monto de lo invertido sí es público”, añadió.

Lanza destacó la importancia de crear una cultura de transparencia, donde la población vea el uso de esta herramienta como algo natural y la cual, cuando se ve amenazada, sea defendida por la misma población.