Las medidas anunciadas ayer por el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, para combatir la delincuencia no son nuevas.
El mandatario, junto con su gabinete de Seguridad, propusieron el despliegue de más soldados de la Fuerza Armada para que apoyen a la Policía en las tareas de seguridad pública y tomen control de zonas que son asediadas por grupos delincuenciales.
Según el ministro de Defensa, David Munguía Payés, la institución está haciendo un trabajo de localización de las reservas del Ejército para ser convocadas en caso de que se requiera. Agregó que se han suspendido algunos cursos de adiestramiento para que más de 500 soldados puedan acompañar a la Policía.
Desde mayo de 2015, el Ejecutivo envió a las calles tres batallones de Fuerzas Especiales con el propósito de contener a las pandillas.
Sin embargo, la presencia de los militares en las calles no ha logrado detener el accionar de los delincuentes en varias zonas conflictivas del país.
Otra propuesta del Gobierno es descongestionar los centros penales. Para ello se tendría que liberar a reos que sufren enfermedades terminales; a las personas que están próximas a terminar sus condenas, a gente de la tercera edad o aquella que está recluida por delitos que no son graves.
Las autoridades sostuvieron que al disponer de espacio en las cárceles también se podrá combatir el hacinamiento que hay en las bartolinas de los puestos policiales.
Actualmente, hay unas cinco mil personas recluidas en las celdas policiales, muchas de ellas ya deberían de estar en un presidio.
Esta saturación impide que los agentes puedan sumarse a las tareas de seguridad pública, pues no salen a patrullar porque deben custodiar a los reclusos.
Desde hace varios años, las autoridades han buscado que la Asamblea Legislativa apruebe un decreto transitorio que permita reducir el hacinamiento pero no se ha logrado.
Sin entrar en detalles, Sánchez Cerén dijo que otra acción que se busca implementar es decretar estados de emergencia focalizados en los sectores donde hay mayor índice de violencia.
Según el mandatario, estas propuestas podrían ser presentadas esta semana a la Asamblea Legislativa para que las someta a estudio.
“Son decisiones que deben estar dentro de un marco legal que nos da la ley y que nos dan las instituciones”, señaló el presidente.
Sánchez Cerén dejó entrever que buscan cuidarse de no tomar decisiones que luego pueden ser revocadas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Sobre la manera en que serán financiadas estas acciones, el mandatario manifestó que aún se está estudiando cuánto dinero se necesitará para ponerlas en marcha.
Sin embargo, señaló que habrá que hacer un ajuste presupuestario; también se podría echar mano del dinero que se está recogiendo con la contribución especial para la seguridad y de los “ahorros del Gobierno”.
El presidente expresó que también esperan que los diputados del partido ARENA respalden otras iniciativas que tienen que ver con la emisión de $1,200 millones de bonos.
“Estamos totalmente seguros de que tenemos el respaldo de la población y de todos los sectores de la sociedad salvadoreña... No nos hemos cruzados de brazos, estamos trabajando y ya tenemos los primeros productos”, dijo el presidente.