La masacre que un grupo de pandilleros cometió hace 12 días contra 11 trabajadores en San Juan Opico, La Libertad, llevó a diferentes sectores de la sociedad a demandarle al Gobierno la implementación de acciones efectivas para combatir la criminalidad.
El día de ese múltiple homicidio, el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, pidió la ejecución de “medidas excepcionales” para reducir los altos índices de violencia y que "el Estado dé respuesta a la población”.
Además, un grupo de analistas políticos coincidió en una entrevista que, ante la escalada de violencia, el Gobierno debía decretar un estado de emergencia y desplegar más policías y soldados en las calles; para ello debía llamar a los reservistas del Ejército.
Ayer, el presidente de la República, junto a funcionarios del gabinete de seguridad, dio a conocer tres “medidas extraordinarias” con las que pretenden combatir el problema.
Estas acciones son: el despliegue de más policías y militares en las calles; la diminución del hacinamiento en las cárceles y la declaratoria de emergencias focalizadas en zonas de mayor incidencia delictiva (ver nota aparte).
Tras conocer las propuestas del Ejecutivo, el fiscal general expresó que ya es necesario “ir de las palabras a las acciones” y señaló que el Estado debe recuperar el control de los territorios que han sido tomados por los grupos delincuenciales.
“Necesitamos presencia para que la ciudadanía sienta que el Estado está imperando... Si el Estado no tiene recursos hay que pedirlos; no es posible que nuestra población siga muriendo en las calles”, dijo Meléndez.
Irónicamente, el funcionario dio las declaraciones en el centro de Mejicanos, donde las autoridades procesaban la escena donde fue atacada a balazos una coaster de la Ruta 6.
En el ataque (el segundo que sufre la Ruta en los últimos tres días) murió el motorista mientras que dos pasajeros resultaron heridos, entre ellos una adolescente.
Simultáneamente, las autoridades hacían el reconocimiento de cuatro hombres que fueron ultimados en el cantón San Hilario, en Jiquilisco, Usulután.
El fiscal general dio su visto bueno a la estrategia de desplegar más policías y militares en las calles para garantizar la seguridad ciudadana. Opinó que además se debe tomar el control de las cárceles del país.
Según las autoridades, desde los presidios los cabecillas de las pandillas les ordenan a sus cómplices que están en libertad que cometan diferentes delitos, principalmente homicidios y extorsiones.
“Hay demasiada injerencia de la delincuencia en ellos (los centros penales). No hay explicación de cómo ingresan cientos de teléfonos y otros objetos. Hay que tomarse acciones concretas, por algo hay que empezar”, expresó Meléndez.
Fiscalía pedirá que se reformen leyes
El titular del Ministerio Público expresó que, además de las órdenes de capturas que la institución gira contra los delincuentes, esta semana pedirá que se hagan reformar a algunas leyes que pueden ayudar a combatir la criminalidad.
Una de ellas será la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, porque, a su juicio, esta fue creada con una naturaleza extranjera y no se apega a las necesidades salvadoreñas.
También cree que se debe modificar la Ley de Control y Regulación de Armas, porque están ingresando “miles de armas al país y no se sabe a dónde van a parar”; añadió que además buscarán cambios en el Código Penal.
Sobre este tema, el criminólogo Carlos Carcach opinó que no se trata de modificarlas, sino de aplicar las que ya están en vigencia y en especial la orden emanada por la Sala de lo Constitucional que declaró a los pandilleros como “terroristas” (nota en siguiente página).
El especialista dijo que una de las medidas más eficaces que el Gobierno debería implementar es la “represión” para neutralizar el accionar de las pandillas, basado en el trabajo de inteligencia policial.
En cuanto a las medidas anunciadas por Sánchez Cerén, Carcach sostuvo que le faltó “contundencia” y criticó el descontrol que tienen las autoridades en las cárceles.
Por su parte, algunos diputados de la Asamblea Legislativa dijeron que no les quedaba en claro qué quiso decir el mandatario sobre los “estados de emergencia”.
Los parlamentarios consultados manifestaron que sobre la propuestas del Ejecutivo de descongestionar los presidios ya hay una iniciativa que está siendo estudiada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del parlamento, pero no ha avanzado en su aprobación.
Mientras que la estrategia de ampliar el uso de la Fuerza Armada para combatir a los delicuentes es una facultad que la Constitución ya le confiere al Órgano Ejecutivo.