El Ministerio de Salud apeló el fallo de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)que ordenaba que debía pagar $1 millón 882,484.34 a una de las empresas que participó en la construcción del Hospital Nacional de la Mujer.
La ministra de Salud, Violeta Menjívar, confirmó que interpusieron un recurso de casación ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ, aunque no pudo precisar la fecha en la que fue presentada la apelación.
La funcionaria, además, dijo que prefería no dar más detalles sobre el proceso ya que aún estaba abierto en el órgano judicial.
“Así es que no quisiera dar más detalles porque todo lo que está en el tubo judicial ya no es bueno ventilarlo en los medios. No quisiéramos hablar más del tema”, expresó.
Pero Menjívar añadió que en el proceso “hay cosas favorables para el Ministerio” y que incluso la Corte de Cuentas ha dado una última resolución favorable al Minsal.
Recientemente, El Diario de Hoy publicó que el fallo de la Cámara Primera de lo Civil Sección Centro de San Salvador fue respaldado por la Sala de lo Civil de la CSJ.
En dicho fallo, la entidad estipuló que el Estado de El Salvador estaba en la obligación de pagar más de $1.8 millones a la constructora Ingeniería Integrada de Proyectos S.A. de C.V. (INPRO) por la obra que ejecutó durante la construcción del nuevo Maternidad.
De acuerdo con documentos a los que este periódico tuvo acceso, fue la empresa constructora la que demandó al Estado.
A través del expediente 6-ESTADO-2013/4 se conoció que el 4 de febrero de 2015, la Cámara Primera de lo Civil declaró que, además de los $1.8 millones, el Minsal debía pagar el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicios a INPRO.
Por demanda del Minsal, la Fiscalía General de la República apeló dicho fallo.
No obstante, el 24 de junio de 2015, la Sala de lo Civil de la CSJ declaró sin lugar el recurso de apelación de la Fiscalía y reiteró el fallo emitido por la Cámara Primero de lo Civil. Lo anterior está expuesto en el expediente 1-APC-2015.
Por fallas en el diseño
La empresa demandó al Estado después de que el Minsal se rehusara a pagarle el monto que correspondía a la construcción de 1, 810.68 metros cúbicos de paredes estructurales construidas.
INPRO indicó que la construcción de estas paredes no estaba contemplada en el diseño original que Salud les entregó.
La primera denuncia de la empresa contra el Ministerio de Salud fue interpuesta ante la Corte de Cuentas, en noviembre de 2013.
La constructora estableció que en las bases de licitación, el plan de oferta contemplaba que la obra a realizarse de paredes estructurales sería de 336.24 metros cúbicos que se pagarían por precios unitarios, cuando la obra estuviera realizada.
Pero durante la ejecución de la obra, la empresa tuvo que construir 2,146.88 metros cúbicos de paredes estructurales.
INPRO señaló que la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) determina que en las bases de licitación se debe establecer con exactitud la cantidad de volúmenes de obra que serán necesarios para una construcción.
El hecho de que en las bases de licitación se estableciera una cantidad menor de volúmenes de obra constituyó un engaño al contratista, además no se definió con claridad el objeto contractual, consideró la empresa demandante.
La misma Corte de Cuentas habría recomendado a Salud pagar $2 millones a INPRO por la obra realizada y no cancelada, según el informe final del examen especial de la Dirección de Auditoría cinco de dicha entidad.
“Ese proceso no ha terminado. Ese proceso está en casación eso falta”, expresó Menjívar.
Consultoría por daños de tuberías
Respecto a si las empresas constructoras que estuvieron a cargo de la instalación de las tuberías y el sistema de bombeo se han hecho responsables de los daños ocurridos en los últimos meses, Menjívar dijo que contratarán a una consultora para que defina cuál es la raíz del problema.
“Los expertos van a definir si es una cuestión de bombas o tuberías, y de esa manera es como se van a deducir las responsabilidad de la empresa que trabajó en bombas y la empresa que trabajó en tuberías”, declaró la funcionaria.
Menjívar añadió que en los contratos se establecía que las empresas debían cumplir con las garantías por las obras realizadas.