Aunque se creía que el deporte favorito de los salvadoreños es el fútbol, el comportamiento ciudadano, en todos los niveles, indica que es desobedecer las leyes. Atravesarse la calle fuera de la zona de seguridad, tirar la basura, estacionar en aceras o frente a garajes, abrir burdeles o chupaderos cerca de instituciones educativas, son ejemplos leves.
Porque hay asuntos más graves, a ciencia y paciencia de las autoridades, como manejar ebrios o endrogados, sin licencia, pasar semáforos en rojo, paradas no autorizadas, humo negro vomitado por enormes chimeneas y una interminable letanía.
Pero también se practica en las grandes ligas, funcionarios en los más altos cargos, que juraron cumplir la Constitución y trabajar por los ciudadanos. El Ministro de Seguridad justifica las extorsiones y las rentas como necesarias para el sostenimiento de las familias de los pandilleros.
El viceministro de Transporte jamás exige a los buseros los requisitos obligatorios para los particulares: vías y luces en buen estado y control de emisión de gases, negándose a sacar de circulación las antiquísimas chatarras, que lucen llantas de su misma edad, y han causado cientos de muertos y heridos.
La Asamblea Legislativa ignora las leyes a su mejor conveniencia, atreviéndose a cuestionar las decisiones de la Sala de lo Constitucional, llegando al ri-dículo de recurrir a la desprestigiada Corte Centroamericana de Justicia, mencionada esta semana por el juez Garzón, de generales conocidas, y de visita en el país para opinar sobre la Ley de Amnistía, cuyas declaraciones revelan su escaso conocimiento de las atribuciones de la mencionada Corte.
El Presidente Funes ignora serios mandatos de la ley, como retrasar el nombramiento de funcionarios de gran trascendencia para la gobernabilidad, sin justificación alguna, alegando que la ley no le impone un plazo.
Pero el récord corresponde a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que aunque la ley establece como inicio de la campaña política para los comicios presidenciales, los tres meses anteriores a la elección, siguen permitiendo que los partidos hagan lo que les ha dado la gana.
El año pasado, para la elección de alcaldes y diputados, la ciudadanía exigió el cumplimiento de los plazos establecidos por la ley para la campaña política, y con abundancia de cinismo, justificaron su conveniente apatía, alegando que mientras no se pida el voto, no es campaña.
Y como el abuso y la desobediencia, siempre abren la puerta para un delito mayor, este año el sufrido pueblo tiene que aguantar 18 meses de descarada campaña política de los tres aspirantes a la primera magistratura. Enormes vallas publicitarias, apertura de casa de campaña, ridículamente bautizadas con el título de casas de consulta ciudadana, recorridos por toda la República prometiendo hasta lo imposible, millonarios spots publicitarios, cuñas radiales, reuniones con diferentes grupos, etc.
Y ante la protesta ciudadana, aburridos de la indignante excusa de no estar pidiendo el voto, se escudan en que la ley no establece sanciones, ni penas, que permitan considerar la campaña política adelantada, como una desobediencia a la ley, por lo que ésta debe reformarse para lograr una auténtica y acertada interpretación.
Da la impresión que muchos funcionarios no tienen la capacidad de entender que la ley no es un reglamento, que abunde en casuística y pormenorice detalles innecesarios, sino que está redactada en forma clara, concisa y concreta, dejando su aplicación al criterio del funcionario. Y en nuestro caso, es evidente que abundan los funcionarios que carecen totalmente de criterio, por su falta total de formación académica y experiencia profesional, y ocupan el cargo por clientelismo político.
*Columnista de El Diario de Hoy.